El Poder Ejecutivo plantea discutir un sistema de “copagos” para financiar junto con el Estado los cuidados

En línea con el acuerdo y en vísperas de una nueva ronda de los Consejos de Salarios, este mes la Secretaría de Cuidados comenzó a impartir una serie de capacitaciones para los negociadores —de ningún sector en particular— sobre la utilidad en la aplicación de herramientas de “corresponsabilidad en los cuidados” con base en experiencias previas que resultaron “muy bien valoradas”, dijo a Búsqueda Valentina Perrotta, directora de Cuidados del Mides.

“Es un trabajo que vamos a tener que fortalecer para la siguiente (ronda de Consejos de Salarios, que comienza en julio). Somos conscientes de que hay un impacto que vamos a poder tener ahora y otro que seguramente sea más potente en la próxima, donde podamos tener un trabajo más sostenido fortaleciendo a los sindicatos en esto de qué demandar, cómo demandar y qué posibilidades hay previstas en el Sistema de Cuidados para que eso esté como una demanda”, comentó la jerarca.

El camino andado

En 2017, durante el anterior gobierno del Frente Amplio, comenzó la implementación de los Centros Siempre bajo la tutela del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). En este momento funcionan unos 16 centros infantiles en todo el país “cogestionados” entre sindicatos y empresas que aportan la infraestructura y sostienen los gastos de funcionamiento, mientras que el Estado se encarga de la financiación de los recursos humanos.

La experiencia contaría con ciertas ventajas respecto a, por ejemplo, los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF). En primer lugar, asume el cuidado de niños de hasta tres años en horarios más extensos a lo usual y recibe a niños de cuatro a 12 años en horarios contrarios al escolar para “completar” la jornada laboral de las familias. También “están insertos en las comunidades”, por lo que prestan soluciones más allá de los hijos de los trabajadores de la empresa gestora, señaló Perrotta.

Según la directora de Cuidados, en la administración de la coalición republicana se acumularon ocho casos donde se lograron acuerdos entre sindicatos y empresas para la instalación de un centro Siempre, pero no lograron materializarse porque el INAU no dispuso del presupuesto necesario para los gastos de recursos humanos. En la actualidad, el instituto estudia “qué posibilidades tiene en el quinquenio” de retomar las instalaciones, aseguró.

En lo que respecta a los gastos que significan para empresas y sindicatos, aclaró que “depende” de si estos cuentan con la infraestructura edilicia. Si ese fuera el caso, el único gasto sería el de adecuación para la instalación de un centro de atención a la infancia.

La corresponsabilidad en los cuidados también abarcaría la atención a las personas mayores de edad. Allí la referencia a seguir son los Centros de Día, también cogestionados con la sociedad civil, que “podrían ser una buena respuesta para algún sector de actividad donde la mediana edad sea más elevada y tengan a su cargo padres o madres en edad avanzada con dependencia”, explicó. De ampliarse la herramienta en la negociación colectiva, tendría el mismo formato que los Centros Siempre, donde las empresas y los sindicatos proveen infraestructura edilicia y gastos de funcionamiento. El organismo estatal que provea recursos humanos “está a diseñarse”, acotó.

Con fecha límite al 1° de julio, hay tres comisiones interinstitucionales de la Junta Nacional de Cuidados trabajando en la definición de los lineamientos del Tercer Plan Nacional de Cuidados. Además del Mides y el MTSS, esa junta está compuesta por autoridades del Ministerio de Salud, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Administración Nacional de Educación Pública y del Banco de Previsión Social.

Según Perrotta, “hay un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Trabajo para presupuestar estas acciones” en la Ley de Presupuesto que se enviará al Parlamento antes de setiembre y que debe regir desde 2026.

Cuidados en el “diálogo social”

En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha trabajado en las actividades preparatorias para la iniciación de un “diálogo social” con el objetivo de rever la matriz de la “protección social”. Una vez instalado, el mes próximo, uno de los temas a discutir será el de “cuál es el instrumento de financiamiento de un sistema de cuidados para el Uruguay que permita la sostenibilidad”, partiendo de la base de que “Rentas Generales no puede asumir todos los costos” que esto implicaría, aseguró Perrotta.

A partir del consenso entre el sector empresarial y de las organizaciones sociales, la meta es lograr un proyecto de ley para abril del 2026, fecha límite proyectada para la búsqueda de acuerdos en el marco de ese ámbito de diálogo. “Un instrumento puede ser un fondo a partir de aportes de empleadores, trabajadores y que pueda sumar aportes de Rentas Generales”, deslizó.

Alegó que el debate de un texto legal “puede implicar discutir copagos”, pues “que el Estado tenga la obligación de garantizar ese derecho de manera universal no quiere decir que en todos los casos sea un un servicio gratuito para todas las personas”. Por tanto, otro ingrediente del diálogo tendrá que ver con “la posibilidad de que ciertas personas que tienen ciertos niveles de ingresos pueden aportar según sus niveles de ingresos” al financiamiento de determinados servicios.

Un ejemplo es el caso del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). “Tiene que ir de la mano con una muy buena comunicación respecto a, como fue en el Fonasa, en qué momento a mi colectivo por mi nivel socioeconómico le va a tocar poder hacer uso de estos servicios. Obviamente que va a ir en forma progresiva, priorizando quienes estén en peores situaciones socioeconómicas, pero no eternamente. Esa sería nuestra propuesta como Secretaría de Cuidados”, afirmó Perrotta.

Como el “diálogo social” aún no se ha instalado, aclaró que todavía no se conoce la inclinación empresarial por aportar a una solución en la misma línea. En el entendido de que con el concepto de “empresa” se alude a emprendimientos de diversas características, tendrá “que haber mecanismos de cómo asegurar que esas diferencias entre una pequeña y una gran” firma sean tomadas en cuenta, consideró.

“Hay toda una discusión a nivel de América Latina sobre la fiscalización y los cuidados. En el Presupuesto Nacional está para discutir eso de manera más integral, no solamente pensando en el gasto, sino también en los ingresos que tienen los Estados y los componentes de tributación como un instrumento donde todavía hay que revisar y mejorar en términos redistributivos, para incorporar así la cuestión de los cuidados”, puntualizó.