Las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, lo que representa 3,2 veces más tiempo que el dedicado por los hombres, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo multilateral promueve la adopción de medidas urgentes en la distribución de estas tareas con el fin de de evitar una futura crisis y la profundización de las desigualdades de género.
En agosto de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo con el fin de generar conciencia “sobre la importancia de los cuidados y el apoyo y su contribución clave a la consecución de la igualdad de género y la sostenibilidad” de las sociedades y las economías. También sobre “la necesidad de invertir en una economía del cuidado resiliente e inclusiva”.
Una columna elaborada por ONU Mujeres Uruguay, a la que accedió Búsqueda, da cuenta de ciertos avances que se visualizan en el último tiempo y también de algunos obstáculos.
Entre los primeros, el texto recuerda que en marzo de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró audiencias en el marco de la solicitud de opinión consultiva referida al “contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”, presentada por el gobierno argentino y apoyada por 129 organizaciones e instituciones académicas. La solicitud busca que la corte “determine con precisión los alcances del cuidado como derecho humano”, así como las obligaciones que podrían exigirse a los Estados. Paralelamente, hace casi dos años se acordó en la región el Compromiso de Buenos Aires, que, según explica el documento, “propone un camino para avanzar hacia la sociedad del cuidado”.
Sobre Uruguay, ONU Mujeres señala que el país es “pionero en el camino del reconocimiento del cuidado como un derecho humano y de la necesidad de redistribución y reducción del trabajo no remunerado”. Esto se debe a la creación en 2015 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que ampara a la población infantil de hasta 12 años, la población con discapacidad y las personas mayores de 65 años que carecen de autonomía para atender sus necesidades básicas.
Según señalan, a nueve años de su aprobación se han implementado dos planes de cuidados. En el primero (2016-2020) se propuso la ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado infantil, con énfasis en el tramo de cero a tres años, y la creación de nuevos servicios para la población en situación de dependencia. Entre esos servicios estuvieron la instalación de los centros Siempre; el diseño y la implementación del programa de Asistentes Personales para la población con dependencia severa, los Centros de Día y el servicio de teleasistencia para la población con dependencia leve o moderada. También se desarrolló la formación y la certificación de competencias en atención de la dependencia para quienes trabajan en estos servicios y se avanzó en la adecuación de la regulación de servicios.
“Ello implicó una inversión incremental en 2020 de $ 3.085 millones, lo que representó el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI)”, indicaron.
El segundo plan (2021-2025), en tanto, continuó con el desarrollo de las oportunidades de mejora del SNIC. En particular se revisó la implementación de algunos programas como el de Asistentes Personales al instrumentar la modalidad colectiva a través de cooperativas; se creó la figura del facilitador de autonomías para atender a niños con dependencia moderada y severa, y se otorgaron más becas de inclusión socioeducativa, que permiten contratar un servicio privado a quienes participan de los programas y no cuentan con oferta pública cercana para el cuidado de los niños de cero a tres años.
En este punto aparecen las dificultades. La columna sostiene que en este período “la restricción presupuestal” llevó a que “el sistema no contara con recursos para seguirse desarrollando o ampliando coberturas”. El mayor desafío para la siguiente administración, adelantan, “será encontrar formas de financiar y hacer sostenible su funcionamiento”.
“La ley de creación del sistema señala que se debe considerar ‘la solidaridad en el financiamiento’ para asegurar la sustentabilidad en la asignación de los recursos”, mencionan en la columna. En ese sentido, ONU Mujeres plantea que “más allá del financiamiento con recursos públicos y copagos (que es la modalidad actual) se incorpore un ‘fondo solidario de cuidados’, que en el caso de Uruguay podría financiarse con aportes generales (como el Fondo de Reconversión Laboral), donde todas las personas aportan al fondo independientemente de su uso, o como un seguro (como el Fonasa) para tener derecho a su uso cuando la persona lo necesite”.
Consultada por Búsqueda, la economista Soledad Salvador, investigadora del área Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo y consultora de ONU Mujeres, afirmó que invertir en cuidados es invertir en pobreza, en infancia y en la feminización de la pobreza. Respecto al “fondo solidario”, señaló que “las dos opciones mencionadas podrían implementarse simultáneamente”.
“Podría existir un fondo muy pequeño que todos paguemos, porque todos vamos a necesitar algún servicio del sistema de cuidados y siempre de alguna forma nos va a beneficiar. La forma de implementación, en tanto, podría tener distintas realidades”, explicó.
Según Salvador, hoy los sistemas de copago en el caso de los asistentes personales “no han tenido los resultados que se esperaban” debido a que el precio de la hora de los profesionales dentro del SNIC es más costosa que lo que se puede acceder en el resto del mercado. Además, solo ofrece 80 horas mensuales de acompañamiento, “lo que no resuelve los cuidados de una persona con dependencia severa”.
“El efecto del copago es limitado, entonces podríamos tener igual un copago pero que no sea del 100% y que permita asegurar previamente un financiamiento de forma que cuando llegue la necesidad solo haya que abonar una cifra muy accesible, que no genere una distorsión en la contratación o no del servicio”, explicó. Salvador dijo además que la reforma de la seguridad social introdujo dos artículos vinculados a la creación de una comisión especial que analice la sostenibilidad actual del SNIC, razón por la que la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad comenzó a desarrollar una consultoría con el BID para estudiar las distintas opciones de financiamiento.
En cuanto a los desafíos de cara a la próxima administración, la experta señaló que hoy la secretaría “hace lo que puede con los recursos que tiene”. Sin embargo, opinó que actualmente “no hay un convencimiento de quien está en la definición del presupuesto” acerca de la relevancia de destinar un mayor presupuesto a los cuidados, que “está planchado desde 2020”.
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Economista Soledad Salvador, consultora de ONU Mujeres
Mauricio Zina / AdhocFOTOS
“El problema ya no es la necesidad de concientizar sobre la importancia de contar con una política de cuidado; eso ya se logró. Lo que falta es que haya recursos, porque, si no, lo que pasa es que se va menguando el sistema”, señaló Salvador.
En la actualidad, los servicios del trabajo no remunerado representan el 23,8% de los aportes al PBI del país, mientras que la inversión anual referida a los cuidados es solo un 0,3% del PIB, agregó en la misma línea.
Distribución del trabajo de cuidados en Uruguay
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado elaborada en 2022 mostraba que los hombres habían aumentado dos horas de dedicación semanal a tareas del hogar respecto a mediciones anteriores, pero solo en aquellos de nivel socioeducativo alto y de más de 55 años. En el caso de Uruguay, además, donde la tasa de desempleo es principalmente femenina, la falta de trabajo se concentra sobre todo en aquellas que tienen un nivel educativo menor.
“Ahí se refleja el impacto de tener un sistema de cuidados que permita mejorar las transiciones a la adultez de las poblaciones que reciben hoy menos formación o que desertan del sistema educativo medio o laboral porque se dedican a cuidar. Un sistema que garantice los cuidados permitiría que esas mujeres jóvenes puedan formarse e insertarse en el mercado laboral. Si no, seguimos haciendo programas para mujeres pobres de estratos bajos que se quedan cuidando inscritas en un circuito de pobreza”, criticó Salvador.
Esto se debe, agregó, a que en el caso de menor nivel educativo o estrato más bajo, la división sexual del trabajo “es más marcada”, ya que el hombre gana más en el mercado laboral, por lo que “hay un tema de la corresponsabilidad en los cuidados” limitado también por las propias condiciones del mercado.
Por otro lado, la experta comentó que existe hoy un aspecto demográfico vinculado al envejecimiento de la población y a la reducción de la natalidad que, si no se toma en cuenta, produce un cambio en la cobertura que “aleja cada vez más” el objetivo de cubrir a los adultos mayores con dependencia.