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Una banca pública “sólida” para oficiar como un “catalizador de los proyectos que a largo plazo hacen viable y sostenible el crecimiento económico”. Al mismo tiempo, que sea parte de una “institucionalidad que contemple los objetivos de desarrollo del país, en donde se prioricen los proyectos de inversión socialmente deseables” y, además, que ayude a corregir “fallas” en la movilización de recursos”, evitando priorizar criterios “exclusivamente de rentabilidad”. Sobre la base de esas definiciones, la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) propone la creación de un “holding del sector financiero público”.
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El planteo está contenido en un documento que fue entregado a los candidatos presidenciales semanas antes de las elecciones nacionales y se debatió la semana pasada en una mesa integrada por los economistas Graciela Sanroman y Álvaro Brunini, junto con el contador especialista en impuestos Gustavo Viñales.
El gremio de empleados bancarios cree necesario “promover la sinergia y complementación”, para lo cual se debe “integrar las instituciones financieras públicas, incluyendo tanto bancos como empresas especializadas de su propiedad”. Esto, según la AEBU, para “optimizar recursos y ofrecer mejores servicios: la coordinación entre todos los bancos y empresas permitirá expandir sus capacidades, potenciar la disponibilidad de recursos, ofrecer servicios de mayor calidad a los usuarios y aumentar la eficiencia”. La “creación de una banca universal facilitará un mayor crecimiento, la recuperación de espacios de mercado perdidos y desarrollar una estrategia de mercado más agresiva, permitiendo competir con el sector privado y generar mayores ganancias para el financiamiento de políticas públicas”.
Para acompañar este proceso, según la iniciativa, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “debería, en su misión de supervisión presupuestal, impulsar la efectiva sinergia entre las instituciones y trasladar su orientación actual —que ha priorizado la presión por la reducción de costos— hacia mecanismos de evaluación y cumplimiento de objetivos en el marco del respeto de la autonomía de las instituciones”.
La posibilidad de cerrar el Banco Hipotecario y que fuera absorbido por el República (BROU), también estatal, estuvo sobre la mesa en el actual período de gobierno cuando se discutió el proyecto para dar solución a los deudores de créditos inmobiliarios contraídos en unidades reajustables, pero se desestimó.
El presidente del BROU, Salvador Ferrer, fue uno de los defensores de esa iniciativa de fusión. “El Banco República y el Banco Hipotecario juntos pueden traccionar mucho más que por separado. En el mundo ya no existen bancos puramente hipotecarios, sino que hay modelos comerciales universales, completos, como ofrecen nuestros competidores. No meto en esto al Banco de Seguros porque es una empresa de seguros con nombre de banco. Estoy convencido de que una fusión permitiría llegar a más familias en mejores condiciones de tasa y plazo, con una mayor capacidad comercial que la que puede ofrecer hoy el Hipotecario; hemos tratado de acordar sinergias, pero no es lo mismo que ser una sola institución”, dijo ese jerarca en una entrevista en enero con Búsqueda.
Banco de desarrollo
Paralelamente, el documento señala como “fundamental colocar en la discusión nacional la necesidad de avanzar en la creación de una banca de fomento y desarrollo a partir de una política de Estado, mediante la coparticipación de manera competitiva entre los actores del sistema”.
En ese sentido, la AEBU plantea la reformulación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como institución que pueda operar como “banco de segundo piso”, asumiendo el rol de “liderar y generar un pool de fondos financieros para el desarrollo, proveniente de bancos estatales y privados, actores institucionales, fondos de inversión y emisores de valores”.
En un marco de “fortalecimiento, la CND podrá asumir la administración de los fondos ejecutables y de financiamiento de la inversión de las intendencias, la coordinación de fondos disponibles en los ministerios, vehiculizar fondos para el financiamiento de la actividad productiva, unificando así una multiplicidad de programas públicos dirigidos a canalizar financiamiento —en general proveniente de préstamos internacionales— a efectos de lograr la máxima eficiencia en la orientación y gestión de dichos recursos y permitir su acceso a más empresas y proyectos”.
El documento recuerda que hoy no existe en Uruguay una “banca de desarrollo en el sentido tradicional, aunque hay dos instituciones que desempeñan roles complementarios: la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) y la CND, esta última en actividades de infraestructura.
