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Inspección de Trabajo prepara fiscalización a sector de deliveries; hizo cuatro grandes operativos en 2025
En el sector del reparto en motos y bicicletas, los inspectores saldrán con un “rol formador”; buscarán constancias de empleado o trabajador independiente, que tengan hechos los cursos de Inefop y lugares de descanso adecuados
Durante el tercer trimestre del año, la Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) completó dos objetivos relativos a la labor de los repartidores en moto y bicicleta: reglamentó la Ley 20.396, que buscó regular el trabajo a través de plataformas —incluidas PedidosYa, Rappi y otras—, e incorporó en su registro los accidentes mortales de quienes realizan esas tareas.
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El mes pasado, las autoridades dieron un tercer paso y relanzaron la Mesa Interinstitucional Tripartita para Repartidores en Moto y Bicicleta, con representación de los trabajadores, las cámaras empresariales, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Banco de Seguros. Allí trabajarán en “la adhesión al Compromiso Nacional por la Vida, la difusión del curso obligatorio y la nueva Ficha Técnica de Prevención con pautas de conducción segura”.
El nuevo universo normativo en torno a los repartidores presenta “muchos desafíos” al momento de que los inspectores deben llevarlo a la práctica, dijo a Búsqueda la subinspectora de Trabajo, Andrea Bouret. Agregó que el ministerio está discutiendo un primer operativo de fiscalización en este sector de actividad, pero antes, se están manteniendo reuniones con abogados para afinar detalles, unificar criterios y “dar garantías a ambas partes”.
Otro aspecto a resolver es si el MTSS avisará de antemano a los repartidores sobre el operativo, aún sin fecha definida. Llegado el día, la totalidad de la plantilla —compuesta por unos 86 inspectores— estará en las calles, cumpliendo al mismo tiempo un “rol formador” de dar información sobre la nueva ley vinculada al sector. “Lo que buscamos no es la fiscalización, ni la multa. Queremos que esté la seguridad”, declaró la jerarca.
Si bien la información de experiencias previas aún está en proceso de análisis, los inspectores encontraron en fiscalizaciones puntuales ciertas dificultades para constatar la existencia del lugar de descanso y alimentación de los repartidores que estableció la reglamentación de la ley. “El tema es que no pueden ni parar a hablar un minuto o mostrar la documentación, porque, si no, el tiempo de entrega les va en contra”, explicó Bouret. Entre las irregularidades más comunes, nombró motos sin luces e incluso sin frenos.
Además del cumplimiento en aspectos de seguridad, los inspectores les pedirán a los repartidores que demuestren si trabajan para una empresa y están en planilla. En caso de que un delivery figure como independiente —como suele ser el caso en el trabajo por plataformas— se le pedirá una constancia. Por otro lado, fiscalizarán la realización de los cursos obligatorios del Inefop —de unas 12 horas en total— establecidos por decreto durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
Primer año
En este 2025, la Inspección de Trabajo realizó cuatro grandes operativos. El más importante —de 11 semanas— fue en las plantaciones de caña de azúcar en Artigas.
El inspector general, Luis Puig, informó en setiembre a Búsqueda que allí encontraron “condiciones deplorables”. En las viviendas donde los jornaleros viven durante las zafras, constataron la ausencia de agua potable, riesgo eléctrico y “falta total” de higiene. Además, en las plantaciones “no estaban implementados los protocolos mínimos de seguridad para trasladar trabajadores en caso de accidentes”; entre los más recurrentes, cortaduras por herramientas afiladas y mordeduras de víboras.
Por otro lado, en las obras de construcción se realizaron más de 1.000 inspecciones, que derivaron en unas 130 clausuras por malas condiciones, y se constataron varios casos de trabajos a más de dos metros de altura sin los debidos elementos de seguridad. “Noviembre y diciembre son los peores meses en cuanto a accidentes, según las estadísticas del Banco de Seguros. En eso estamos muy atentos”, advirtió la subinspectora.
Inspector general de Trabajo Luis Puig, y subinspectora Andrea Bouret. Inspección Ministerio de Trabajo.
El inspector general de Trabajo, Luis Puig, y la subinspectora de Trabajo, Andrea Bouret.
Presidencia
En el caso del transporte, tanto de carga como de pasajeros, “preocupa” principalmente a las autoridades algunos aspectos de organización, como los ritmos acelerados y las horas de descanso incumplidas. En ese sentido, los abogados del MTSS están avanzando en la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo sobre tiempo de trabajo. A priori, el operativo reveló lugares de resguardo de los choferes “en muy malas condiciones”.
Los canales de televisión siguen en proceso de investigación. Allí los documentos “llevan más tiempo de análisis”, pero en principio los inspectores aplicaron intimaciones varias por incumplimientos de higiene ocupacional, así como de prevención y salud en el trabajo, indicó Bouret.
La jerarca adelantó que, en el verano que está próximo a comenzar, se realizará otro operativo en toda la zona costera —desde Colonia hasta Rocha—, que abarcará establecimientos turísticos, hoteles y restaurantes, así como servicios de limpieza y de vigilancia.
Por su parte, Puig comentó que, “en la medida que el presupuesto lo permita”, se plantearán nuevos operativos en las plantaciones citrícolas —donde se constató “represión sindical”—; en las canteras de piedra, donde se ha denunciado “trabajo esclavo”; y en las plantaciones de arroz, donde “el tema de los agroquímicos genera una situación de riesgo para trabajadores”.
