El exministro y exdirector de la OPP cuestionó varios aspectos de la iniciativa que estudia el Parlamento
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáPara Isaac Alfie, exministro de Economía y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el proyecto de Ley de Presupuesto que presentó el actual Poder Ejecutivo hay “dos planteos cuyos efectos negativos pueden resultar de una dimensión tal que toda la programación realizada carezca del mínimo sentido”: los cambios relativos al levantamiento del secreto bancario y la implantación del impuesto” corporativo global “de la manera que se hace”.
Como argumento, el economista colorado señala: “Chile y Perú son los países que reciben más inversión extranjera —en relación con su Producto Interno Bruto (PIB)— de América del Sur. Chile hasta es miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ninguno deja a sus empresas sin secreto bancario para aspectos fiscales ni tampoco internalizó el impuesto mínimo global. No les pasa nada” por no hacerlo, dice aludiendo al argumento del equipo económico actual de que Uruguay no puede mantenerse al margen de estos cambios en la fiscalidad global.
En una columna publicada el martes 23 en El País, Alfie lamentó por otro lado que, según él, el proyecto no incluya “reformas estructurales, las que impulsan el aumento de la productividad y el ingreso”, y en cambio cree “nuevas personas públicas de derecho privado y un sinfín de comisiones”. Y agrega: “Medidas como las reseñadas son las que ‘no se ven, pero se sienten’ y después nos preguntamos, ¿por qué crecemos tan poco?”.
Respecto a los aspectos presupuestales de la propuesta legislativa, el economista cuestiona varios aspectos. “En todos los casos, el ya pobre resultado fiscal será peor. ¿Nos lo financiarán con el nivel de deuda que tenemos?”, preguntó.
Alfie entiende que, según los cálculos presentados por el Ejecutivo, el país acumulará una deuda de US$ 16.000 millones en cinco años. “Cualquiera de las hipótesis planteadas nos conduce a que algo, y no menor, habrá que hacer, ¿o se dejará que el mercado haga por sí mismo el ajuste de las variables reales?”.
“Se discute bizantinamente sobre el optimismo de los supuestos, los que ciertamente no son prudentes como deberían, y como cualquier persona o empresa realiza los suyos”, plantea.
Al respecto, al exdirector de la OPP en el gobierno de Luis Lacalle Pou le llama la atención en particular la proyección de crecimiento del empleo, que, “más que optimista, parece irreal”.
Sostiene que la previsión presupuestal, en función de los créditos otorgados, augura un aumento del gasto efectivo en funcionamiento, por fuera de los salarios, del orden de 0,5% del PIB, al cual se adiciona el aumento de la carga de intereses y de las transferencias a la previsión social, además de un 1% del Producto en las erogaciones totales del gobierno central (BPS) y los organismos del artículo 220 de la Constitución, “a las ya extremadamente altas, 35% actual”.
Respecto de las inversiones, el crédito proyectado es inferior al vigente, de 2024, actualizado con trasposiciones, por lo que cabría esperar una caída de la inversión pública, señala Alfie.
Luego, la carga de intereses, que en la proyección presupuestal se prevé que aumente en 0,2% del PIB, se basa —según el economista colorado— en una tasa de interés efectiva que se mantiene. Ese, afirma, “no parece ser un escenario factible, porque el stock actual tiene una composición de bonos emitidos” a tasas superbajas “por las condiciones del mercado a partir de 2009, no repetibles en las nuevas emisiones”.
Para Alfie, aun si se logra el resultado fiscal global proyectado, que incluye un “poco probable superávit de las empresas públicas de 0,3% del PBI anual”, no es el adecuado y, de antemano, es posible anticipar que “vendrán más aumentos de gastos en las próximas” rendiciones de cuentas.