La flota del Estado continuó creciendo y superó los 18.000 vehículos

De la información proporcionada no es posible afirmar si este aumento de la flota oficial se dio solo por la incorporación de más unidades o porque se sumó alguna nueva dependencia al Sisconve, un factor que, en los primeros años del sistema, había sido determinante en el incremento. En 2024, las adquisiciones adjudicadas de vehículos de todo tipo —incluidas camionetas, jeeps, automóviles, vehículos pesados, ómnibus, embarcaciones, ciclomotores y aeronaves, entre otros— rondaron el equivalente a US$ 25 millones, surge de la base de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

El Sisconve es un software que permite monitorear en tiempo real el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal y hacer un control satelital de la flota y de sus recorridos, favoreciendo la eficiencia. Su origen está en decretos de 1994 que crearon el Registro Único de Vehículos Automotores en el que se debían inscribir todas las unidades propiedad del Estado afectadas al uso de los incisos del Poder Ejecutivo, instauraron el requisito del test técnico de las unidades y autorizaron a contratar servicios computarizados de información de utilización y consumos de combustibles a instalarse con base en la red de estaciones oficiales de Ancap. Un funcionario de aquella época dijo a Búsqueda que fue una iniciativa de Luis Pereira, un ingeniero que revistaba como director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo y buscaba un sistema informático capaz de controlar su flota.

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El Sisconve se activó en 1998 y en 2011 se ordenó hacerlo extensivo a todas las reparticiones estatales, una decisión que se refleja en las estadísticas: la flota inscripta pasó de 6.884 en ese año a 9.023 en 2012 (la mitad que en 2024). Al inicio lo adoptaron organismos con una cantidad importante de vehículos y “menos problemáticos”, dijo la fuente. En algunos organismos, el revelamiento de la flota —propia o contratada— destapó algunas “curiosidades”, agregó, como que OSE “tenía muchos fleteros contratados a razón de un múltiplo de cinco en varias localidades; casualmente eran cinco los directores” de esa empresa pública.

Casos como el uso del auto oficial que realizaba algún jerarca para ir a su casa de balneario se hicieron más fáciles de detectar y reprimir.

Promesa de campaña

En la campaña electoral de 2019 ganada por él, Lacalle Pou postulaba la necesidad de aplicar un “shock de austeridad” frente a lo que se advertía como una situación fiscal “delicada” originada en los “despilfarros” atribuidos al gobierno de Tabaré Vázquez. El programa del Partido Nacional se explayaba en esa aseveración: “Los gobiernos del Frente Amplio fueron los más ricos de la historia del país. Ningún gobierno anterior dispuso de tanto dinero. Pero año tras año gastaron más de lo recaudado, y así fueron acumulando déficits que se tradujeron en deuda. Además de gastar mucho, los gobiernos del Frente Amplio gastaron mal. Inmensas cantidades de dinero se perdieron en aventuras ruinosas como las de Ancap, Pluna o la regasificadora. Pero eso es solo el lado más visible del problema” porque, al mismo tiempo, “descuidaron la gestión cotidiana del gasto, acumulando ineficiencias y pérdidas. Usaron la plata de los contribuyentes como si no diera trabajo generarla y como si no se fuera a terminar nunca. Un solo ejemplo permite entender el problema: la cantidad de vehículos oficiales pasó de menos de 4.000 en 2004 a casi 15.000 en 2017. Quiere decir que se multiplicó por cuatro. Pero esa flota está tan mal repartida que en buena parte del país faltan ambulancias. Nosotros nos comprometemos a poner fin a este manejo irresponsable de los dineros públicos”, pero “sin pasarles la cuenta a los ciudadanos”.

Frente a eso, en el documento programático los blancos proponían algunas medidas concretas: “El Estado cuenta con una flota de miles de vehículos, buena parte de los cuales tienen bajas tasas de utilización. Se podría tener una flota estatal mucho menor si fuera gestionada con una aplicación donde los usuarios puedan hacer una solicitud en tiempo real o en forma agendada. Además de todos los beneficios en términos de ahorro, este sistema contribuiría a la transparencia y a un uso más responsable de los vehículos del Estado”.

La idea —con el marketinero nombre de “Uber estatal”, según consignó El País en 2020— de que los organismos compartieran la flota mediante una aplicación tuvo como uno de sus principales propulsores a Fitzgerald Cantero, entonces director nacional de Energía. Pero no prosperó.

Enseguida de asumir la Presidencia, entrevistado por El Observador, Lacalle Pou habló sobre el tema del gasto público en vehículos. “Los pesos chicos son los que hay que cuidar porque los grandes se cuidan solos. Yo tengo ese compromiso, el respeto al contribuyente. Es inentendible que Uruguay tenga 15.000 vehículos. Vamos a tener menos flota oficial. Voy a ser riguroso en eso y los ministros lo saben. También lo van a saber los presidentes de las empresas públicas. El horno no está para bollos. No estamos en momentos de holgura”, declaró entonces, cuando tenía más de 1.800 días de gestión por delante.

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Algunos jerarcas de su gobierno se apegaron a ese mensaje y vieron en el Sisconve una oportunidad para buscar eficiencias. En julio de 2020, el ministro de Defensa, Javier García, anunció que la totalidad de la flota de esa cartera sería incorporada al sistema. “Este era un ministerio que solo el 5% de los vehículos pertenecientes a la sede de la Secretaría de Estado, donde funciona la parte administrativa, tenía el Sisconve”, informó en su momento. Defensa había gastado en 2019 unos US$ 10 millones en combustible, por lo que, si el uso del software de seguimiento “permite un ahorro del 30%”, el gasto en ese rubro se abatiría en unos US$ 3 millones anuales, celebró.

En 2024, toda la flota oficial consumió 57,6 millones de litros de combustibles, un volumen récord en la serie informada por Ancap que se inicia en el 2000. El promedio fue de 3.174 litros por vehículo, analizó Búsqueda. Según una fuente consultada, los consumos más grandes los realiza la maquinaria pesada del Estado, como camiones, tractores y locomotoras, que “son los que menos se ven”.

El combustible es solo uno de los gastos asociados a la flota oficial, que también usa lubricantes y requiere mantenimiento y reparaciones diversas.