Laboralista Teijeiro: tendencias “reglamentaristas” pueden hacer que Uruguay vaya “quedando fuera del mundo”

Ese enfoque lleva a Teijeiro —quien fue inspector General del Trabajo durante el gobierno anterior— a ser crítico de algunas medidas y propuestas normativas impulsadas en el actual período.

Para Teijeiro, trasladar el principio de causa justificada a todos los despidos modificaría ese esquema y abriría nuevos espacios de discusión judicial sobre las razones de cada desvinculación. Aseguró que el régimen vigente en Uruguay ya brinda un marco de previsibilidad a las empresas al contemplar una indemnización por despido. Frente a eso, planteó que “el país debería ir a una mayor flexibilidad” tanto en los tiempos de trabajo como en jornadas que permitan una mayor adaptación a las necesidades de las empresas y los trabajadores. “Todo eso habría que mirarlo” como una forma de “hacer más atractiva la actividad laboral”.

La misma lógica la trasladó a la discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo. Dijo, a título personal, que “Uruguay no está en un momento en el cual su productividad sea acorde a una reducción horaria, ni con reducción salarial ni sin reducción salarial”.

Sin embargo, si se avanza en esa dirección —la postura de las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo—, defendió que el cambio surja de acuerdos entre trabajadores y empleadores y no de una imposición legal. “La forma sana es como se la dio la construcción” a través del convenio colectivo recientemente aprobado, sostuvo, y valoró que las partes hayan acordado progresivamente pasar de 44 a 40 horas semanales sin que el Estado intervenga como un tercero que determine cómo debe organizarse el trabajo.

Consejos de Salarios y Marx

En línea con la postura de algunas cámaras empresariales, Teijeiro considera que la negociación colectiva “debería ser bipartita”. “El Estado no entiende de relaciones económicas, de la realidad de las empresas. El Estado no tendría nada que hacer ahí más que escuchar a las partes y hacer de mediador”, manifestó.

“Hay que ser conscientes de que, en esa puja entre las dos partes de la relación laboral, el que tiene que tener el último balón siempre es el verdaderamente independiente, y el verdaderamente independiente en este país es el juez (...), es el único que no cambia con el gobierno, es el único que no tiene una afiliación ni sindical ni gremial empresarial”, aseguró.

“Todavía hay algunos que siguen leyendo (a Karl) Marx y pensando que las relaciones laborales se pueden seguir rigiendo por el tema de la lucha de clases y el marxismo clásico”, opinó. “Eso cambió, pero cambió para los dos lados. Cambió para los empresarios y cambió para los marxistas, que se tienen que dar cuenta que ese librito quedó vetusto”, afirmó.

El abogado también se refirió al conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que dio lugar a diversas medidas de afectación de la actividad portuaria. Planteó que eso tiene una repercusión económica desproporcionada por el lugar estratégico en el que se produce, ya que, si bien los trabajadores involucrados con la terminal son pocos en relación con la masa laboral del país, la paralización afecta a exportadores, importadores y transportistas.

En ese escenario, consideró necesario discutir cuál debe ser el rol del Estado cuando un conflicto laboral trasciende a las partes directamente involucradas y perjudica a terceros. “Hay que proteger al que está pagando los platos rotos y no tiene nada que ver con la relación laboral”, sostuvo. “No me parece que haya derecho a tener a un país de rehén”, afirmó.