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Lavado de activos: consultor defiende sus cuestionamientos a Superintendencia del Banco Central
Una “alta jerarquía” le dijo que el “tiempo que la Superintendencia le dedica a la supervisión” antilavado era “ínfimo” y que no “consideraba una prioridad participar en la evaluación”, sostiene Alejandro Montesdeoca
Experto en combate al lavado de activos Alejandro Montesdeoca
La visión del Banco Central (BCU) es que el consultor contratado por el anterior gobierno para evaluar el sistema antilavado nacional “no revisó documentos o información de trabajo” de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) de manera suficiente como para poder concluir que el combate al blanqueo “ahora funciona peor”, tras haberse sacado esa tarea de la órbita de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Para el BCU, el cambio “redundó en una mejora de la supervisión”.
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Frente a la percepción del BCU, ese especialista, Alejandro Montesdeoca, puntualizó a Búsqueda que las conclusiones de su consultoría “se extrajeron del análisis de la información estadística proporcionada por la SSF, de las entrevistas realizadas con los propios funcionarios de la Superintendencia y de la UIAF, así como de las reuniones llevadas a cabo con los representantes de los sujetos obligados por ella supervisados: bancos y otras instituciones financieras. También cabe recordar que se estableció un grupo de expertos especializados en estos temas. Desde luego que no se tuvo acceso a la ‘información de trabajo’ de la entidad, que se encuentra protegida por el secreto bancario. Todo ello en el marco de los estándares y buenas prácticas en la materia”.
El consultor hizo, además, otras acotaciones. Dijo que, en la “primera reunión formal que se mantuvo en el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Riesgos (ENR), una alta jerarquía de la SSF manifestó expresamente que el “tiempo que la Superintendencia le dedica a la supervisión del lavado de activos es ‘ínfimo’” y que no “consideraba una prioridad participar en la evaluación”, ya que era “un tema de la UIAF”.
Agregó que “se pudo constatar que la SSF sistemáticamente omitía remitir información sobre sus procesos de supervisión” a la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), en el marco del proceso de seguimiento de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) por considerar que no era “un problema de la Superintendencia sino de la Senaclaft”.
Según Montesdeoca, la información estadística remitida para la estrategia, las “acciones remediales aplicadas por la SSF en la materia, carecían de significación”.
Sostuvo que de las entrevistas y reuniones de trabajo realizadas con los distintos actores del sistema surgió la “opinión generalizada de que la calidad de la supervisión había decaído desde que esta había sido extraída de la UIAF”.
Además, “no existía, al momento de realizar la ENR, evidencia de que se implementara un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de las entidades financieras”, a la vez que a los funcionarios de la SSF entrevistados le manifestaron que “no reciben capacitación especializada en supervisión basada en el riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
El consultor remarcó que, de los 17 miembros de Gafilat, “Uruguay es el único país que no tiene una unidad especializada en riesgo de lavado de activos para la supervisión financiera”.
Aclaró que las conclusiones de la ENR y las acciones de la estrategia se refieren al período examinado —hasta 2023— y que desconoce si en el último año ha mejorado el desempeño de la SSF en esos temas.
