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Plebiscito por la “deuda justa” motivó polémica entre economista blanca y de Cabildo Abierto
Si se aprueba la papeleta, “no se va a implementar la letra exacta”, aseguró el cabildante Kenneth Coates
El asesor de Cabildo Abierto Kenneth Coates en el evento en la FCEA
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Aunque en la actual campaña electoral están planteados dos plebiscitos que se votarán el próximo 27 de octubre, hay otro que está siendo promovido que también motivó un cruce político en los últimos días.
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Con unas 320.000 firmas recolectadas —según informó el viernes 20 el diputado Álvaro Perrone en Subrayado de Canal 10— para impulsar esa consulta popular que introduce en la Constitución un mecanismo de reestructuración de deudas personales y cambios en la tasa de usura, el asesor económico cabildante Kenneth Coates participó en un debate académico sobre la temática del endeudamiento.
“En caso de que se apruebe (el plebiscito), no se va a implementar la letra exacta, sino que va a dar paso a una situación de intercambio con los demás partidos buscando que haya un consenso sobre un mecanismo que pueda llevarnos a la situación que queremos”, aseguró ese economista.
Agregó que, llegada esa circunstancia, lo que se buscará es una ley aprobada por todos los partidos políticos que modifique la legislación actual, especialmente la Ley 18.212 de 2007, la cual “es un impedimento y es la causa de los males y de las grandes diferencias entre las tasas de interés y la tasa de inflación”. A través de esa nueva ley, apunta a encontrar otra forma de “anclar la tasa de interés a otra variable que no sea una tasa media, que son los propios prestamistas que la determinan”.
Coates hizo ese comentario en respuesta a una interrogante surgida desde el público, en el marco de un debate organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración acerca del endeudamiento de los hogares, del cual participaron referentes de los principales partidos políticos. “¿Regular topeando las tasas no afecta las posibilidades de crédito de los sectores de menores ingresos? Y, en caso de que el plebiscito se apruebe, ¿esperan realmente que las medidas que definan como transitorias sean efectivamente puestas en práctica?”, le preguntaron.
La presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo y representante por el Partido Nacional en ese evento, Carmen Sánchez, pidió la palabra para cuestionar el comentario de Coates, “porque si no, esto termina siendo algo gravísimo”. Señaló que hay varios “mecanismos para llamar a consulta popular sobre un tema y saber qué es lo que opina (la población) y generar discusiones”, en lugar de apelar a un “plebiscito que reforme la Constitución”.
Sánchez agregó que si llega a prosperar el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto, “debe aplicarse tal cual está escrito en la papeleta en la cual se vota. Eso no da opción a negociar después cuáles son los términos o condiciones en los cuales quiero regular el mercado. Si lo que queremos es generar un espacio de diálogo entre cuáles son o no las mejores condiciones, los mecanismos son otros, habilitar una reforma en la Constitución implica que lo que se vota se debe cumplir”.
La campaña por la “deuda justa” que lideran los cabildantes procura establecer como tope un interés de 30% en Unidades Indexadas (UI) a la inflación tanto para préstamos, como multas y recargos, además de establecer un mecanismo de reestructura de deudas de las personas físicas contraídas antes del 18 de julio del año pasado por montos originales menores a las 200.000 UI (equivalentes a US$ 29.000). Según ese plan, los deudores podrían cancelar su deuda pagando el monto original convertido a UI más un interés del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y otros gastos, descontado de los pagos ya efectuados por el deudor.
Cabildo Abierto prevé entregar las firmas recolectadas a comienzos de octubre, con la expectativa de que su papeleta sea votada junto con las elecciones departamentales de mayo de 2025.
Mientras esa campaña sigue adelante, los bancos y las financieras, apoyados por el Banco Central, tienen en práctica hasta el próximo 15 de noviembre un programa que condonó deudas chicas ($ 5.000) y habilitó la reestructuración para los montos de hasta $ 100.000 en condiciones excepcionales, y ver rehabilitada su calificación crediticia.
