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Que exista República AFAP ayuda a bajar las comisiones del mercado de ahorro jubilatorio, según estudio
Estudios presentados en un evento académico analizaron la actividad de las administradoras previsionales, los efectos del combate a la informalidad y las mejores chances de los beneficiarios de Asignaciones Familiares de hacer estudios terciarios
República es la AFAP más grande del mercado
FOTO
Javier Calvelo-adhocFOTOS
El rol de las adminisitradoras de fondos previsionales (AFAP) ha estado en cuestión desde su gestación, con la reforma de 1996, y después otras veces, la última fue en el plebiscito efectuado en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre que terminó rechazado; la propuesta incluía, entre otras cosas, prohibirles cobrar por prestar su servicio como empresas de gestión profesional de inversiones. Tres investigadores uruguayos encontraron que República, la AFAP de propiedad estatal, “ayuda a disciplinar el mercado” a través de la competencia para conseguir nuevos afiliados. De no haber existido, las otras AFAP habrían cobrado comisiones 16% más altas entre 2014 y 2017.
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Junto con varios otros, ese estudio fue presentado hace pocos días en el marco del congreso de la Asociación Latinoamericana de Economía (Lacea) y el Capítulo Latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Econométrica (Lames), que tuvo como sede a la Universidad de la República (Udelar). En ese evento participaron alrededor de 500 economistas académicos, entre locales y del exterior, además de técnicos de organismos como la Reserva Federal. Entre los expositores estuvo uno de los recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía, James Robinson.
Según Pablo Blanchard, Sebastián Fleitas y Rodrigo González, el debate político acerca de las elevadas comisiones que cobran las administradoras de fondos jubilatorios está presente en muchos países que tienen un régimen de este tipo. A partir de su investigación para el mercado uruguayo de las AFAP, encontraron que la presencia de una empresa de propiedad pública reduce las comisiones que cobran las administradoras a los trabajadores por la gestión de sus ahorros.
Con datos del Banco de Previsión Social, el Banco Central y los balances de las cuatro AFAP, los investigadores realizaron una serie de ejercicios de simulaciones que implicaron, entre otras cosas, sustituir a República por una empresa privada similar a las tres ya existentes y un escenario donde las empresas no acumulan ganancias, limitándose a cubrir sus costos operativos.
En la primera simulación, hallaron que sustituir una administradora pública por una privada hubiese provocado un aumento de las comisiones (16%) cobradas por las restantes AFAP privadas en el lapso analizado (2014-2017), ya que “la presencia de una empresa pública ayuda a disciplinar el mercado” a través de la competencia por conseguir nuevos afiliados.
Del segundo escenario estudiado surge que las comisiones de las administradoras privadas habrían sido 61% más bajas en ese período. Sin embargo, los autores reconocen algunas limitaciones para este análisis, como que “ignora las posibles economías de escala que resultarían de la existencia de una institución centralizada” en vez de cuatro. Eso es considerando los beneficios que derivan de la reducción de los gastos en la fuerza de ventas y por “cómo cambiarían los rendimientos de las carteras a través de cambios en las políticas de inversión de las distintas empresas”.
Los autores también estudiaron el mercado en 2020, cuando se implementó un tope a las comisiones con base en la comisión de República AFAP, lo cual llevó a una reducción de lo que cobran sus competidoras.
A pesar de la reducción, las comisiones del escenario donde las empresas no habrían acumulado ganancias hubiesen sido 39% más bajas a las efectivas. Sin embargo, de no haberse implementado ese tope “las empresas privadas habrían cobrado comisiones por casi el doble (92%)” ese año.
De esta forma, concluyeron que a partir de la fijación de topes a las comisiones y con República AFAP operando con menores comisiones “se generaron resultados de mercado cercanos al punto de referencia óptimo” de “no acumulación de ganancias”.
Los investigadores Manuel Macera y Andrés Neumeyer, de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, estudiaron la relación entre el menor crecimiento del tamaño de la población y la mayor esperanza de vida con la situación financiera de la seguridad social. Encontraron en la reducción de la informalidad una posible solución a este problema en los países de América Latina.
Como las presiones sobre el presupuesto en el sistema de salud y de pensiones son más agudas en los países de la región producto del tamaño del sector informal, las reformas que favorecen la inclusión de los trabajadores informales en la economía formal “pueden ser una política efectiva para superar el costo fiscal de los cambios demográficos. Además, es más probable que estas reformas obtengan apoyo político en comparación con otras alternativas”, como el aumento de la edad jubilatoria o los impuestos a los jóvenes, explican los autores.
A partir de una serie de simulaciones para México, el estudio calculó que una reducción de cinco puntos de la informalidad “aumenta la base del impuesto sobre la renta y la proporción de trabajadores de alta calidad en la economía”. Según los autores, “el tamaño de la economía informal otorga a este tipo de políticas una alta probabilidad de éxito; incluso reducciones pequeñas” en el empleo no registrado en la seguridad social generan “suficiente espacio fiscal para enfrentar los desafíos impuestos por los recientes cambios demográficos”.
Transferencias
Noemí Katzkowicz y Verónica Amarante estudiaron el impacto de las transferencias monetarias condicionadas que se emplearon en Uruguay en 2008 sobre los resultados educativos de largo plazo —educación terciaria— de niños y adolescentes.
A partir de datos del sistema de seguridad social y del sistema educativo terciario público (Udelar y UTU), se observaron los resultados de ese programa sobre unos 333.000 estudiantes. Quienes tenían entre seis y 11 años de edad al momento en que su familia empezó a cobrar Asignaciones Familiares y lo hicieron por un período mayor a los 72 meses vieron su probabilidad de asistir a educación terciaria incrementada en 15 puntos. Mientras que los que cobraron la prestación por entre 36 y 72 meses mejoraron su probabilidad de cursar estudios terciarios en cuatro puntos porcentuales.
En el caso de las familias que recibieron asignaciones por períodos menores, los jóvenes tuvieron una probabilidad menor a la de quienes no fueron elegidos para recibir esa prestación.
Los resultados sugieren que “las intervenciones a edades tempranas pueden tener efectos a mediano y largo plazo en la acumulación de capital humano”, resumen las autoras. Agregan que el tiempo de exposición al programa de asignaciones es fundamental para explicar los resultados encontrados; son “las personas que reciben el beneficio por más de 72 meses quienes obtienen mayores resultados en comparación con los individuos no elegibles”. Por otra parte, no se encontraron resultados sobre la probabilidad de completar un título en una institución de educación terciaria.
Para Katzkowicz y Amarante, “las transferencias monetarias condicionadas pueden contribuir potencialmente a romper los ciclos de pobreza intergeneracional al mejorar los resultados educativos”.
