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Sin consensos internos, la “caja de profesionales” se reunirá con el Ejecutivo para discutir nueva reforma
La mitad de la comisión de expertos convocada para discutir cambios que den sustentabilidad financiera a largo plazo al instituto será reemplazada en pleno proceso, cuando asuman las autoridades que se elegirán en diciembre
Fachada de la Caja de Profesionales Universitarios.
Representantes del Poder Ejecutivo y del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se reunirán mañana, viernes 28, para la primera sesión de una comisión de expertos prevista en la Ley 20.410, aprobada en julio, que operó como un “salvataje” para la entidad paraestatal. El grupo tendrá 120 días para estudiar una reforma estructural buscando darle viabilidad financiera a largo plazo.
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Simultáneamente, la CJPPU realizará en diciembre la elección de un nuevo directorio para los próximos cuatro años. Una vez que asuma, entre enero y febrero del 2026 —según estiman las autoridades de la institución— deberá reemplazar a los tres actuales directores que participan en la comisión de expertos.
El presidente de la CJPPU, Daniel Alza, dijo a Búsqueda que habrá un debido período de transición en el que se ponga al tanto a las nuevas autoridades de los avances alcanzados. Agregó que no cree que aparezcan nuevas ideas “muy contradictorias”, pero que, si se da el caso, probablemente “se incorporarán”.
Sin consensos
El 1° de octubre, el Directorio de la CJPPU convocó a sus afiliados a presentar planteos “que entiendan del caso aportar”, para que sean estudiados y, eventualmente, elevados a la comisión. Pero, informó Alza, no recibieron “ninguna propuesta” por esa vía.
Consultado por la existencia de propuestas acordadas entre los integrantes del directorio para dialogar con las autoridades del Ejecutivo, señaló que no hay iniciativas concretas que hayan generado consensos. Si bien hay aspectos de “filosofía”, como la necesidad de ampliar la base de aportantes a la caja, nunca hubo acuerdo sobre cómo lograrlo.
Comentó también que en la reunión del viernes compartirán con el gobierno una “hoja de ruta” para organizar el trabajo de la comisión y, posteriormente, trazar un plan común. Sin embargo, el director por los afiliados activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, dijo a Búsqueda que ese documento “nunca quedó firme”, y que tampoco estaba al tanto de su próxima presentación al Ejecutivo.
Hay algo en lo que todas las autoridades de la caja están de acuerdo y es que “se necesitan más reformas para poder hacerla (a la caja) sustentable”, afirmó Alza.
Ese director de la caja, al frente de la gremial de afiliados El Orden Profesional, criticó en varias oportunidades el poder de doble voto que tendrá Di Doménico en la comisión en su calidad de presidente. Alza indicó que ese aspecto y su implicancia en la autonomía de la caja “no es algo que se haya discutido” en el seno del directorio. “Lo reglamentó el Poder Ejecutivo, y tiene potestad para hacerlo (...). Es un sistema de tomar resoluciones nada más, que en toda organización tiene que haber”, opinó.
Tecnicismos
El martes 11, el presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la ley aprobada en julio. Entre otros aspectos, se establecieron aumentos progresivos en la tasa de aportación para los profesionales activos sobre su facturación ficta, que irán desde 20,5% en 2026 hasta 22,5% en 2028.
Alza aclaró el alcance de otros artículos reglamentados. El décimo, que autoriza a la CJPPU a “compensar” la inyección económica del Estado, permite simplificar transacciones. A modo de ejemplo, el presidente de la institución mencionó el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que la caja recauda en nombre del Estado para dirigir al Banco de Previsión Social. “En vez de yo tener que cobrar y mandarte, si vos ya me vas a mandar, te compenso esa plata. No me la mandes, quédatela ahí y compensamos”, ilustró.
El artículo 11, que establece cómo se debe calcular el “redondeo” de los timbres profesionales, es un tema “puramente técnico” que permite “predecir con mejor precisión los ingresos futuros de la caja”, por ejemplo, para calcular y establecer los ajustes anuales. “Es como decir, ¿qué idioma hablamos? Es el criterio unificado para el reajuste de los timbres”, señaló.
El artículo 12, que incentiva la permanencia en actividad de los afiliados luego de los 65 años de edad y 30 años de servicios computados, aclara que la persona dejará de efectuar sus aportes jubilatorios y no tendrán derecho a los subsidios previstos por la ley anterior del 2004. Esos son los subsidios por incapacidad parcial e incapacidad permanente, así como los subsidios excepcionales para acceder a implementos médicos, detalló Alza.
