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    Sintonía entre consultores, consejeros y jerarcas sobre posibles mejoras a la regla fiscal

    Mientras, el economista uruguayo de la Fed de Minneapolis, Javier Bianchi, propone un “marco conceptual más amplio” para estas reglas

    A instancias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya entregó algunas recomendaciones para introducir ajustes a la regla fiscal creada en 2020. Entre otras cosas, sugiere que las metas de resultado fiscal estructural se definan al inicio del gobierno para todo el período; se incorporen cláusulas de escape frente a shocks que sean “transitorias” y “claras” y estén acompañadas de mecanismos de corrección; se fortalezca el proceso de elaboración de las proyecciones, teniendo en cuenta los “escenarios de riesgo”, y se estime el nivel de deuda “prudente”.

    Al participar en las recientes Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central, los consultores del BID, integrantes del Consejo Fiscal Asesor (CFA), que forma parte de la nueva institucionalidad, y jerarcas del MEF coincidieron en torno a la conveniencia de aprovechar el momento político —la perspectiva de un cambio de gobierno en 2025— para avanzar en dirección de un perfeccionamiento de la regla.

    La regla opera con tres pilares: un resultado fiscal estructural —depurado de factores extraordinarios—, un tope de gasto y otro de endeudamiento neto. Dos órganos técnicos actúan con carácter honorario y políticamente independiente: el CFA, que asesora al MEF en materia de la regla fiscal y la sostenibilidad de la deuda, y un Comité de Expertos, cuya función principal es proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural.

    En un informe del CFA difundido en julio, los tres consejeros —Ana Fostel, Alfonso Capurro y Jorge Roldós— señalaron “necesario continuar robusteciendo y consolidando el marco fiscal vigente”. En tal sentido, agregaron que “el cambio de administración de gobierno y la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal 2025-2029 constituyen una ventana de oportunidad” para eso. Entre otros puntos, propusieron incorporar mecanismos de corrección ante desvíos de las metas de resultado fiscal estructural y dotar de mayor independencia legal y operativa al CFA.

    El documento también aludió al concepto de deuda “prudente”, asociada a la tolerancia al riesgo, como una posible “ancla cuantitativa para la sostenibilidad fiscal de mediano plazo”. Cita los casos de Chile y Colombia, que han adoptado en sus marcos fiscales un nivel prudente de deuda bruta sobre Producto Interno Bruto (PIB) de 45% y 55%, respectivamente.

    “Uruguay ha hecho un avance muy importante” con la regla creada en 2020, “que ha permitido hacer una política fiscal más predecible en los últimos cuatro años”, evaluó Hermann González, uno de los consultores. “Existe espacio para seguir fortaleciendo” ese marco institucional “sobre lo que ya está”, recalcó.

    En esa misma línea, Fostel evaluó que la regla actual “representa una mejora sustancial respecto a los estándares anteriores”, que aplicó el Frente Amplio, porque tuvo “consecuencias en la transparencia” y en la Rendición de Cuentas. Uruguay “llegó tarde a este negocio de las reglas”, pero “esto llegó para quedarse”, aventuró la economista, y se refirió a la “oportunidad de pensarlo para adelante”. Añadió: “Ahora el timing es importante, estamos a un año de la Ley de Presupuesto, este es el momento de dejar mejoras” en la nueva institucionalidad fiscal, insistió. Entre otros aspectos que mencionó como prioritarios, dijo que “llegó la hora” de tener un CFA “autónomo e independiente”, con su propio presupuesto.

    La directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, en líneas generales coincidió con Fostel: “Hemos tenido charlas muy serenas y muy acaloradas, pero tenemos un objetivo común de mejorar la cultura macrofiscal”. Para la jerarca, se trata de asuntos “muy importantes y tienen que estar como parte de la agenda” del próximo gobierno.

    González dijo que el CFA debería tener consejeros remunerados y con una gestión que dure más allá de los períodos de gobierno. El órgano también tendría que contar con presupuesto propio y con una persona a cargo de la comunicación, recomendó. Como un aspecto pendiente, mencionó la relación con el Parlamento y sugirió, “idealmente”, que vaya dos veces al año” para, entre otras cosas, advertir sobre los “riesgos” en el frente fiscal. Todo eso podría formar parte de lo que llamó una “ley consejo fiscal autónomo 2.0”.

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    Las autoridades del MEF en una reunión con los integrantes del Consejo Fiscal Asesor, en febrero pasado

    Las autoridades del MEF en una reunión con los integrantes del Consejo Fiscal Asesor, en febrero pasado

    El consultor habló, también, del “timing político” para plantear este tipo de reformas, en referencia al cambio de gobierno que ocurrirá en 2025: “Hay que aprovechar esa oportunidad”.

    Reglas y reservas

    “Las reglas fiscales no deberían focalizarse solamente en la deuda bruta, sino también en las reservas y la composición del portafolio, porque para la misma deuda neta un país con más reservas va a ser menos vulnerable”, propone el economista uruguayo Javier Bianchi, asesor monetario en el Banco de la Reserva Federal (Fed, en inglés) de Minneapolis. Su postura es que las reglas fiscales “deberían tener un marco conceptual más amplio donde no operen solo sobre el nivel de gasto o deuda, sino también sobre los activos financieros. Los mercados financieros miran mucho no solamente la deuda bruta en sí, sino la composición y cuántas reservas internacionales tiene. O sea que sería natural que las reglas fiscales también incorporaran esos factores”, señaló a Búsqueda.

    El 25 de julio Bianchi disertó sobre estos temas en las Jornadas Anuales de Economía del BCU. En su conferencia, en la que no habló de países en particular, explicó que a la hora de afrontar el pago de la deuda los gobiernos pueden emitir deuda nueva para financiar el pago de obligaciones pasadas. Sin embargo, existe el riesgo de que los inversores no compren la nueva deuda y generen así un problema de liquidez al gobierno. En ese caso, las opciones del gobierno se reducen a llevar a cabo un ajuste fiscal para pagar la deuda —lo cual influye sobre el desempeño de la economía—; afrontar el pago con sus reservas internacionales; recurrir a la emisión monetaria —potencialmente, aumentando la inflación—, o no pagar la deuda.

    En la medida que el volumen de la deuda bruta supera al stock de activos de reserva, existe el riesgo de una crisis financiera si los inversores deciden no comprar nueva deuda. Si la deuda sigue aumentando y crece la brecha con los activos, ese riesgo de que ocurra una crisis financiera se vuelve mayor, y además se vuelve cada vez más probable que el gobierno haga una cesación de pagos ante una crisis de liquidez. Por el contrario, para un determinado nivel de deuda, si el gobierno aumenta las reservas se vuelve menos probable que ocurra una crisis.

    Para prevenir esos escenarios, propone que los gobiernos emitan deuda y que con el dinero obtenido fortalezcan sus reservas internacionales en moneda extranjera. Bianchi explicó que, a pesar de que el gobierno hace crecer su stock de deuda bruta, el hecho de que tenga más reservas “le ayuda a tener spreads más bajos, lo que se traduce en menores intereses todos los años”, haciéndolo “más solvente, incluso a largo plazo”. Es por este motivo que el economista opina que las reglas fiscales deberían incorporar a los activos financieros.

    El economista agregó que esa estrategia tiene un costo. “Requiere bajar inversiones, el gasto en sí (...), pero lo importante es que ese esfuerzo fiscal sería mucho mayor si el gobierno se limitara solamente a reducir la deuda”.