El Parlamento blindó al Casmu del riesgo de concordato; estudiará acceso a garantías y cambios en gobernanza

Sobre todo hizo ruido el último artículo, el que señalaba que las mutualistas en esta situación debían “someter a la no objeción previa” del MEF y el MSP la designación de directivos y cargos gerenciales, algo que fue interpretado —más allá de que para esto debía jugar la “evaluación” de la idoneidad y la experiencia, así como la inexistencia de inhabilitaciones o conflictos de interés— como un “veto” del gobierno a quiénes pueden ocupar esos cargos, electivos o no.

También provocó fastidio el hecho de que el proyecto fuera remitido el jueves 23, al filo del plazo del vencimiento de la intervención. Esa segunda prórroga —la primera tuvo lugar el año pasado— ya había sido anunciada a Búsqueda como la posibilidad más factible por el propio presidente de Casmu, Domingo Beltramelli, en su edición del 9 de julio. El MSP no había querido en ese momento adelantar el camino que iba a seguir y al Parlamento no había llegado ninguna propuesta.

Aprobación

El proyecto que blindó al Casmu se votó en el Senado por 30 votos en 30 el lunes 27 y por 92 en 92 en Diputados el martes 28. El segundo de los dos artículos del texto finalmente aprobado señala que la ley comenzaba a regir ni bien tuviera la aprobación en ambas cámaras, por lo que entró de inmediato en vigencia. El primero faculta al gobierno “a extender el plazo de la prórroga prevista” en la Ley 20.404 de abril de 2025 “de carácter excepcional” para el Casmu “por hasta dos años adicionales”. La ley citada, a su vez, permitía la prórroga por un año de la intervención a la mutualista por parte del Poder Ejecutivo, que se había iniciado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou el 29 de julio de 2024.

La convicción generalizada era que, si no se prorrogaba la intervención, al otro día, solo cabía esperar el jueves 30 una catarata de acreedores ante la Justicia que pedirían el concordato del Casmu, una institución en la que trabajan 6.000 funcionarios. El diputado frenteamplista Federico Preve dijo a Búsqueda que con la no aprobación hubiera sobrevenido “un riesgo enorme” de que Casmu terminara como Casa de Galicia, cuyo cierre fue decretado por la Justicia en diciembre de 2021. En ese momento, Casa de Galicia tenía 45.000 afiliados, poco más de la cuarta parte de los que hoy tiene Casmu. “No hay mutualista que los pueda absorver, hubiera sido un golpe letal para el sistema de salud”, señaló por su lado la representante colorada Elianne Castro.

El oficialismo y la oposición, a pedido de esta última, se comprometieron a aprobar ese acceso al Fondo de Garantías en un plazo de 15 días luego de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento información sobre la situación financiera del Casmu, algo que se espera que ocurra a la brevedad. “Ojalá sea en 10 o 15 días”, dijo el senador frenteamplista Daniel Borbonet. Esta información incluye un plan de reestructura de la mutualista, informes de los interventores correspondientes a 2025 y 2026, metas y reportes trimestrales a la Comisión de Salud Pública del Senado y a la de Diputados (esto fue especialmente señalado), estados contables de los últimos dos años, nómina de “acreedores parabancarios” (prestamistas) que incluya “montos y titulares” de los últimos tres años, listado de proveedores que hayan facturado más de 500.000 UI (algo más de US$ 82.000) en los últimos tres años, más las auditorías de los últimos cinco años.

También se estudiarán los otros puntos que fueron desglosados. “Esto nos da dos semanas para discutir condiciones sobre la extensión de la garantía, un plan de reestructura y mecanismos de gobernanza que no se discutieron hoy”, dijo el martes Preve en rueda de prensa luego de la unanimidad en sala. Sobre los US$ 122 millones, puntualizó que el 80% son garantías “ya existentes a seis fideicomisos o préstamos anteriores” y “la ampliación es del 20%”.

Negociación

“Fue intenso pero muy productivo, porque se lograron consensos”, afirmó Borbonet, luego de la instancia en la Cámara Alta, destacando el consenso “de las tres bancadas”. Sobre las solicitudes pedidas por la oposición, valoró que el oficialismo “estuvo de acuerdo”.

Más allá de esa valoración, las cinco horas y media de debate no estuvieron exentas de rispideces. El senador blanco Sergio Botana cuestionó la ausencia en la delegación del Casmu de dirigentes de la minoría. Su par colorado Pedro Bordaberry presentó 15 preguntas a las autoridades, y cuestionó además que se hayan presentado “bajo el rótulo de grave y urgente” la prórroga de la intervención, el acceso a la garantía y el derecho de veto del Poder Ejecutivo sobre quiénes pueden dirigir las mutualistas, cuando “solo una es urgente porque vence esta semana”. Casaretto cuestionó que “cuatro días atrás” le contestaran un pedido de informes sobre el Casmu de febrero que fueron “declarados confidenciales”, que fue recibido con “un acta labrada por escribana” con una información “que salió hace tres meses en todos los medios de comunicación”. Además, hubo cuestionamientos a los interventores y a una indemnización paga al exconsejero por la minoría Álvaro Niggemeyer.

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, dio un paso más en el tono cuestionador: el Casmu “se parece más a una asociación para delinquir que a una prestadora de servicios médicos”.

La intervención de las autoridades del Casmu —quienes señalaron que entre la disminución de la estructura gerencial, la renegociación de tasas de interés con “prestamistas paraestatales” y el ahorro en gastos de servicios se está cerca de los $ 40 millones mensuales de ahorro desde que asumieron, en octubre de 2025— ayudó a la llegada a un consenso, sobre todo con la reiterada afirmación de su presidente, Beltramelli, de que no habría “problema” en proporcionar la información solicitada.

En un comunicado fechado el miércoles 29, Casmu agradeció “la confianza que el sistema político en su conjunto y por unanimidad” depositó en la actual conducción de la mutualista, subrayando que la intervención no les produce “incomodidad alguna”. En paralelo, subrayó que lo que se solicitó no fue “un salvataje ni una inyección de dinero” del Estado, sino “acceder al Fondo de Garantía”.

“Como en toda negociación, hubo que ceder posiciones, encontrar un punto de encuentro”, dijo Bordaberry a Búsqueda. Inicialmente, el senador colorado —quien también tuvo un rol activo en la prórroga por un año de la intervención a la mutualista votada en 2025— había propuesto prorrogar la intervención pero solo por 90 días y darle solo un 10% del acceso al fondo solicitado mientras se analizaba el resto. En el otro extremo, su par Borbonet dijo en la comisión que “ojalá” hubiera acuerdo para que fuera “por cuatro años”. Casaretto fue escueto a la hora de resumir el toma y daca: “Queríamos un año (de intervención), pero hay un compromiso firmado de que habrá un informe trimestral del Casmu que vendrá al Parlamento; cedimos los dos años a cambio de informes cada tres meses”.

El líder de Vamos Uruguay destacó que la intervención seguirá “sin desplazamiento de autoridades” y que la prórroga representa “un paraguas” para que no se pida la liquidación de la mutualista. Solucionado lo urgente, queda esperar la discusión sobre la liberación de la garantía estatal.

La senadora frenteamplista Patricia Kramer, si bien valoró que se lograra un consenso para votar la prórroga, consideró que se “perdió una oportunidad de discutir cosas más profundas, que permitan llegar a una real solución”, apuntando a lo relacionado a la gobernanza de los prestadores en situaciones económicas delicadas, como el Casmu. En su opinión, “el Estado necesita tener una mayor capacidad de control” sobre “lo que se gasta” en las mutualistas.