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Analizan nueva flexibilización a la aplicación del decreto de calidad de aire para ingreso de vehículos al mercado
Contra la opinión de unidades técnicas de la cartera, dos directores respaldaron un pedido de empresas del sector; el ministro Robert Bouvier tomará la definición
En los últimos años, Uruguay avanzó en la aprobación de normas más estrictas para reducir la contaminación del aire, con el fin de alinear su normativa a los estándares internacionales. Sin embargo, decisiones respecto a la regulación de los vehículos importados han desencadenado puntos de tensión entre los objetivos ambientales y las demandas del sector empresarial, un contexto en el que el gobierno estudia hasta dónde es posible flexibilizar las reglas sin comprometer los avances alcanzados.
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Así, actualmente el Poder Ejecutivo evalúa extender hasta diciembre de 2025 el período de aceptación de certificaciones de modelos otorgados antes de la entrada en vigencia del decreto 123, aprobado en 2021, sobre regulación de calidad del aire, una normativa que establece estándares más estrictos para las emisiones de fuentes fijas y móviles, al incluir dentro de ese último grupo la importación y comercialización de vehículos en Uruguay. Esta decisión, que responde a un pedido de las empresas importadoras del país, ha generado diferencias dentro del Ministerio de Ambiente, donde sectores técnicos han advertido sobre las implicancias de contravenir las recomendaciones iniciales, dijeron a Búsqueda distintas fuentes de la cartera.
Particularmente, el artículo 42 del decreto prohíbe desde mayo de 2023 la importación de vehículos automotores que no cumplan con los estándares de emisión establecidos. Además, desde mayo de 2024, también queda prohibida la comercialización de vehículos cero kilómetro que no cumplan las mismas condiciones, con el fin de que la norma ayude a garantizar una transición hacia tecnologías más limpias y permita cumplir con los compromisos ambientales asumidos por Uruguay.
El plazo dispuesto para la comercialización ya fue modificado como resultado de una flexibilización introducida en un decreto complementario en 2022, que puso como fecha límite el 13 de mayo de 2025. Esa norma también permitió que los modelos de vehículos con certificaciones otorgadas antes de la vigencia del decreto de 2021 pudieran ser importados y comercializados por un plazo máximo de dos años.
Las empresas importadoras, sobre todo de ómnibus y camiones de carga, solicitaron ahora una prórroga para la aceptación de certificaciones previas a la vigencia del decreto. En respuesta a estos planteos, el Ejecutivo analiza extender el plazo que permite la importación de modelos previamente certificados, una solución que, si bien no modifica los plazos de prohibición, sí amplía la vigencia de esas certificaciones hasta fines de 2025.
Varias fuentes técnicas del ministerio entienden que hacer lugar al pedido contradice el objetivo central del decreto original, que era garantizar que los vehículos que ingresen al país cumplan con los estándares de emisión acordes a la normativa vigente.
“Las empresas primero solicitaron que se prorrogaran los plazos de importación, pero eso no se podía hacer porque ese plazo ya se había extinguido. Lo único que se puede hacer es prorrogar el plazo de aceptación de los certificados para los modelos y marcas que ya estuvieran certificados a la fecha de vigencia del decreto, lo que permitiría que ingresen al país ciertos vehículos que no emitirían según la norma actual”, comentó una fuente.
Las diferencias internas en el Ministerio de Ambiente se hicieron evidentes durante la tramitación del pedido. La solicitud recibió informes negativos por parte de las unidades técnicas y jurídicas de la cartera, principalmente de parte de los técnicos de calidad de aire, quienes argumentaron que los plazos establecidos “ya habían sido suficientes”, que ya se había anticipado a las empresas dándoles la oportunidad de aggiornarse y que “no había una justificación real para ello”.
Varios consultados coincidieron en que ya se dieron herramientas de flexibilidad y ahora es momento de cumplir. Según dijeron, algunos técnicos advirtieron en la interna del ministerio sobre los posibles impactos ambientales de la medida, al explicar que la principal consecuencia “es que se va a estar autorizando el ingreso de vehículos que no cumplen la norma de emisión actual, sino con normas más antiguas” que ya se intentaron dejar atrás.
A pesar de estas opiniones, la solicitud obtuvo el respaldo de la Dirección General del Ministerio de Ambiente y del titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Eduardo Andrés, quien manifestó su opinión favorable a través de un informe al considerar viable la extensión del plazo de aceptación de certificaciones anteriores. Esto se debe, según se argumentó, a que la medida permitiría resolver problemas desde demoras en la importación hasta encargos ya realizados.
El pedido de las empresas, a su vez, contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que a través de otro informe técnico calificó la situación como “un problema comercial acotado” que permitiría el ingreso de solo unas pocas decenas de unidades.
Los detractores de la medida advierten que prolongar la aceptación de modelos antiguos podría sentar un precedente de excepción que dificulte el cumplimiento de futuras regulaciones. “Las normas establecen plazos para garantizar previsibilidad. Si esos plazos se extienden demasiado, se corre el riesgo de debilitar el cumplimiento de los objetivos ambientales del país”, comentó otra fuente.
Pese a eso, la resolución está en condiciones de ser aprobada desde principios de febrero, aunque aún requiere la firma de Presidencia y la coordinación con los ministerios involucrados. En ese sentido, desde el Ministerio de Ambiente informaron a Búsqueda que, si bien ya se les dio vista a las empresas, “todavía no hay ningún decreto firmado, ya que el ministro, Robert Bouvier, aun se encuentra analizando actualmente el pedido”.
“El ministro está relevando las distintas opiniones, tanto a favor como en contra, no hay nada definido y hay opiniones divididas. Podría ser que se apruebe con algunas modificaciones; no es lo mismo los importadores que ya compraron los vehículos y que tienen demoras en la entrega, que aquellos que aún no compraron y que al extenderse los plazos puedan salir a comprar vehículos que no cumplen con la norma”, explicaron desde la cartera. La idea de la norma, justamente, es impedir que alguien intente tomar ventaja al traer vehículos más baratos que incumplen la regulación.
