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Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entregaron el martes 29 el listado de los 133 cargos cesantes en el marco de la reestructura aplicada por la nueva gestión. Lejos de acallar los cuestionamientos de la oposición, sobre todo del Partido Nacional, dar la información no hizo sino azuzarla.
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Según ese listado, al que accedió Búsqueda, de esos 133 cargos de la Unidad 68, el edificio central de ASSE, 111 pertenecen al llamado “rubro cero” (cargos presupuestados en ASSE), 21 a la Comisión de Apoyo y uno a la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental (Conasam, anteriormente Patronato). En la plantilla anonimizada, sin datos filiatorios, se indica que la gran mayoría de los cargos cesantes son del tipo no asistencial. Sin embargo, 24 bajas sí figuran como asistenciales.
Luego de su comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados, el martes 22, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, había dicho en rueda de prensa que estas 133 bajas, registradas en junio de este año respecto a marzo, cuando todavía estaban las anteriores autoridades, no provocaban “ningún impacto asistencial de ningún tipo” y que “muchos de ellos” eran “cargos de confianza”.
Eso es uno de los puntos que el diputado nacionalista José Luis Satdjian —integrante de esa comisión y uno de los que había pedido la comparecencia del directorio del prestador— más cuestiona. “Nuevamente hay contradicción en las autoridades de ASSE: por un lado, declaran que no hay impacto en la asistencia y en el listado queda de manifiesto que hay bajas en gente que cumplía tareas asistenciales. Esto definitivamente va a generar una afectación”, señaló a Búsqueda.
Consultado al respecto, Danza dijo que esas bajas asistenciales del casco central de ASSE, donde sus funciones eran “básicamente marginales”, fueron traslados “a cumplir funciones en otros lugares” donde “están los pacientes”. También reiteró que “en su mayoría” las bajas trataban de cargos de confianza política del gobierno anterior.
Más radical en este punto fue el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien, en un principio, cuando trascendieron las primeras cifras de aumentos de sueldos y cargos, no había ocultado su molestia. Las 133 bajas eran “cargos políticos que debieron irse con el gobierno de turno”, los cuales, a su criterio, “están bien cesados”. “No cesaron a ningún trabajador que no fuera político”, concluyó.
Esto último no le consta a Satdjian, quien en el período de gobierno anterior fue subsecretario de Salud. “Lo que sí se ve es que eventualmente hay cargos asistenciales cuyo impacto es difícil de cuantificar, ya que (el listado) no detalla las funciones que cumplían”, expresó. A su criterio, la planilla recibida “está incompleta, es parcial y no es la que se había solicitado en la comisión”. También reclaman saber “el motivo de esas bajas”, porque en el rubro cero, presupuestados, estas pueden ser solo “por fallecimiento, renuncia, destitución o jubilación”. Sobre eventuales traslados, precisó que “el envío de un funcionario a otra unidad ejecutora no es una baja, se le sigue pagando”.
“Sin transparencia”
El miércoles 9, el programa La pecera (Azul FM) divulgó que ASSE aprobó aumentos de sueldo de hasta 60% para 44 funcionarios gerenciales y de asistentes al directorio, así como la creación de 52 nuevos puestos. Esto llevó a los diputados Satdjian y Amin Niffouri, también nacionalista, a anunciar la citación en forma “urgente” de las autoridades del prestador al Parlamento y pedir que se revea la decisión. Dos días después, las autoridades del prestador desmintieron esos números, afirmando que la proyectada reestructura —que implicaba 26 aumentos salariales, de los cuales 12 estaban prendidos a una mayor carga horaria— generaría un ahorro de 125.580.069 pesos al año en el casco central de la institución.
Para Satdjian —quien cuestionó tanto los primeros anuncios como los posteriores y las explicaciones de las autoridades de ASSE en el Parlamento—, el listado presentado tampoco cierra el capítulo. “No hay transparencia. Se pretende justificar aumentos a gerentes, adjuntos y secretarios bajo la premisa de una supuesta estructura de ahorros que no se ha demostrado”, indicó.
