La COP16, la mayor cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, comenzó hace poco más de una semana en Cali, Colombia, bajo el lema “Paz con la Naturaleza”. Representantes de los 196 países firmantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica pusieron en marcha diferentes negociaciones globales, vinculadas, sobre todo, a la creación de mecanismos para financiar y monitorear el cumplimiento de las metas de conservación natural fijadas por cada gobierno de cara a 2030.
En la reunión del segmento de alto nivel de la cumbre celebrada el martes 29, el ministro señaló que Uruguay alcanzó “un cumplimiento moderado” de las metas trazadas en la estrategia 2016-2020, “con avances significativos en el 75% de ellas”. Y, en ese sentido, indicó que la nueva estrategia de biodiversidad promoverá “prácticas para reducir la intensidad de emisiones y fomentar la sostenibilidad en el uso de pastizales naturales, integrando la protección de la biodiversidad en los sistemas productivos”.
Además, anunció la aprobación de la regulación para la “creación y reconocimiento de reservas privadas”, que permitirá a los propietarios “destinar sus tierras voluntariamente a la conservación, con reconocimiento estatal en territorios de valor relevante”. “Este modelo permite ampliar las áreas de conservación”, destacó.
Antes de finalizar, el ministro señaló que las medidas asumidas por el país en pos de la conservación de la biodiversidad “permitirán alinear mejor las políticas nacionales con los compromisos globales y demostrar avances reales”. Sin embargo, opinó que, para que países como Uruguay puedan avanzar con mayor ambición y cumplir sus objetivos, “es urgente impulsar acuerdos que faciliten el acceso a tecnologías y capacidades técnicas”.
El director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia, dijo a Búsqueda que uno de los principales temas en los que la delegación uruguaya se enfocará durante la cumbre será en cómo implementar mecanismos financieros adecuados para el cumplimiento de las metas. Para eso, explicó que Uruguay “mantiene el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas”, establecidas en función de las capacidades de los distintos gobiernos.
“Lo que se busca es reclamar que las solicitudes de los compromisos tienen que ir acompañadas de compromisos de apoyo financiero, y también cómo se van a implementar operativamente los fondos”, aclaró.
Otra de las discusiones centrales, mencionó, es la de cómo implementar un mecanismo de distribución de beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Según dijo, esto ha generado una negociación muy compleja enmarcada en el Protocolo de Nagoya, que establece la creación de un mecanismo de distribución de beneficios devenidos de la información almacenada en forma digital sobre secuencias de recursos genéticos. Se trata, básicamente, de determinar una herramienta por la cual “quienes obtienen ingresos por productos derivados de la información genética puedan hacer una contribución a los países que la proveen, y, por tanto, hacer una contribución global a la biodiversidad”, explicó.
“Buscamos que las decisiones en torno a este tema no sean gravosas para el potencial desarrollo de la biotecnología o de tecnologías basadas en conocimientos sobre recursos genéticos. Es decir, que las pequeñas empresas puedan desarrollarse a partir de eso y que haya un reparto equilibrado de la distribución de beneficios”, explicó Evia.
Respecto a las expectativas que tienen del encuentro, señaló que aspiran a “plasmar” algunas de sus preocupaciones en las negociaciones. Primero, que los métodos de monitoreo de efectividad de aplicación de la convención “sean sencillos y adecuados” y estén dentro de las capacidades nacionales. También que la “provisión de recursos que se comprometan ahora y en el período entre las cumbres sean suficientes para implementar las políticas”, comentó.
Por último, resaltó el lugar destacado que ha tenido Uruguay en diferentes reuniones del encuentro en referencia a su rol como país productor de alimentos, y, en ese sentido, opinó que el gobierno debe tratar de alinear las políticas de biodiversidad con la producción. Además, ese proceso debe ser “convergente” entre las tres convenciones de las Naciones Unidas, para que no se establezcan medidas contradictorias.
Acuerdo de Escazú
El mismo martes 29, Bouvier participó de un evento lateral de la COP, organizado por el gobierno de Chile y la Cepal, vinculado al Acuerdo de Escazú, tratado que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además de que Uruguay es el país que preside Escazú desde su entrada en vigor, es también uno de los cinco países que está en proceso de desarrollo de su Plan Nacional de Implementación del acuerdo, luego de que finalizara la consulta pública el pasado 30 de abril.
En agosto, finalizó la elaboración de la hoja de ruta de Uruguay, con el apoyo de la Cepal y a través de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama), documento que prevé presentarse antes que termine la actual administración.
Durante su discurso en ese evento, el ministro aseguró que Uruguay “está comprometido con la vigencia plena de los derechos de acceso en asuntos ambientales” y que la cooperación y la implementación nacional “son esenciales para hacer realidad” los derechos reconocidos en el acuerdo regional. Y, aunque el tratado establece disposiciones vinculantes para las partes, indicó que “muchas de ellas no son autoejecutables”, porque requieren normas nacionales, reglamentarias o interpretativas que armonicen la legislación nacional con los estándares regionales.
“Estas normas permiten cumplir con las obligaciones del Acuerdo de manera gradual y progresiva. Así, ofrecemos flexibilidad y alcanzamos la plena efectividad de esos derechos con el tiempo”, mencionó en referencia a las premisas que orientaron la creación de la hoja de ruta, que llevó más de un año y medio de trabajo conjunto con organismos públicos, sector privado y sociedad civil.
Como resultado, la Cotama propuso al gobierno un plan de implementación que prioriza 17 acciones para mejorar el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental, al tiempo que protege a los defensores del ambiente con un horizonte hacia 2030, explicó Bouvier. Y, para lograrlo, el documento establece medidas de fortalecimiento de capacidades, actualización o creación de legislación, mejora de prácticas administrativas, capacitación, mecanismos de articulación entre organismos y propuestas de cooperación entre los Estados Parte del Acuerdo.
Por su parte, Evia explicó que esto “no introduce cambios sustantivos” respecto a la política que Uruguay mantiene en materia de participación, pero ratifica el compromiso del país respecto a elaborar las estrategias en forma participativa.
Trabajo conjunto
La directora de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del MGAP, Virginia Guardia, forma parte de la delegación uruguaya que asistió a la COP y dijo a Búsqueda que algunos de los temas en los que más trabajaron fueron la biología sintética, secuencias digitales y circulación segura de materiales genéticamente modificados.
La experta destacó especialmente la “fuerte articulación” generada con el Ministerio de Ambiente y la Cancillería, un punto sobre el que han hecho “importantes esfuerzos”.
“Si bien está claro que el Ministerio de Ambiente es el punto focal en nuestro país, los aspectos que se discuten y sus implicancias afectan también al sector agropecuario. Es por eso que varios directores del MGAP estamos con esta inquietud y promovemos el trabajar muy de cerca con Ambiente para que, cada vez que Uruguay asume un compromiso, sea una posición país”, dijo Guardia.
Pese a ese trabajo cercano, la directora explicó que algunas de las metas presentadas por Uruguay les “generan inquietudes” en cuanto a los efectos que tendrían dentro del sector productivo y la forma en cómo se podrían implementar, consecuencia de contar con “información incompleta”. Por ese motivo, lo importante será “trabajar juntos en la estrategia de biodiversidad”, algo que llevará tiempo. “Que los equipos técnicos tengan más confianza, que se den los argumentos con apertura. También que se compartan más información técnica, de registros y estadísticas”, comentó.
Para Guardia, la estrategia debe responder a “una mirada integral desde el Ejecutivo de forma conjunta”, que contemple la implicancia ambiental, pero también la económica productiva y la social para el país.