A diferencia de otros países de la región, en Uruguay el crimen organizado está “bastante desorganizado”: si bien hay “pequeñas bandas que controlan pequeños territorios”, todavía tienen “poca coordinación”. Esa, al menos, es la visión del politólogo uruguayo radicado en Chile Juan Pablo Luna, que participó el lunes 4 de una conferencia sobre crimen organizado, convocada por el canal de streaming Yunta de Uruguay. Sin embargo, el experto advirtió también que “se nota una retracción gradual del Estado” y que existen “patrones de gobernanza criminal” y control territorial en algunos barrios, aunque son “incipientes”.
Luna propuso mirar el fenómeno en términos de “mercados ilegales” porque las organizaciones criminales diversificaron su actividad mucho más allá del narcotráfico, hacia la extorsión, microcréditos, apuestas, trata sexual y laboral, provisión de vivienda, despojo de propiedades, impuestos informales a comercios y cibercrimen. “Hoy la economía política del narcotráfico y del crimen organizado funciona más bien en cooperativas, negocios sofisticados que hacen que el lado criminal tenga un nivel de diversificación y sofisticación”, indicó. Según su visión, esto exige que también los aparatos estatales que persiguen el crimen organizado sigan esa lógica.
Para el académico, otro fenómeno incipiente en Uruguay es la existencia de comedores gestionados por grupos criminales, algo que ya sucede de forma más asentada en Argentina. Ese tipo de situaciones implican “una infiltración, una sustitución, una complementación, una connivencia, de la infraestructura social y política en los barrios”. Esto no necesariamente se da porque el Estado no esté llegando a los barrios con sus políticas sociales, explicó, sino porque el mundo criminal tiene herramientas más eficaces para “cubrir las necesidades de la gente”.
Fenómenos de este tipo se repiten en otros países de América Latina. Así lo comentaron los otros dos disertantes de la conferencia, el politólogo estadounidense Benjamin Lessing, que es docente de la Universidad de Chicago, y Marcelo Saín, sociólogo y exministro de Seguridad de la provincia argentina de Santa Fe. Según Saín, es un mito decir que el crimen organizado prolifera donde hay “vacíos de Estado”.
“En Argentina se estructura donde hay mucho Estado” y “no hay emprendimiento criminal organizado que no tenga algún grado de protección y regulación del Estado”, afirmó. En tanto, Lessing habló de barrios periféricos de países como Brasil, Colombia y El Salvador, donde hay “duopolios de violencia”, una “forma de gobernanza compartida entre el crimen y el Estado”.
“Con consentimiento estatal”
El exministro de Seguridad de Santa Fe dijo que existe un “doble pacto” de acuerdos implícitos: uno entre gobiernos, políticos y policías, en el que se delega el control de las poblaciones y el “manejo de la ilegalidad” a las fuerzas de seguridad a cambio de una “gobernabilidad tranquila”, y otro entre la policía y el mundo criminal, a cambio de no tener “ruido”.
“En Argentina no hay emprendimiento criminal serio, robusto, consolidado, que no tenga algún grado de consentimiento estatal”, dijo.
Saín puso como ejemplo el caso de la ciudad de Rosario, donde “la policía perdió el control de la calle hace muchos años”, cuando los grupos criminales crecieron. “Es el único mercado de drogas en Argentina atravesado por la violencia”, dijo. En Buenos Aires, en cambio, si bien tiene un mercado de estupefacientes más grande, permanece “en silencio”, “invisible” y “tranquilo” porque “el Estado lo maneja a través del sistema policial” y “se apropia de parte de la rentabilidad” para “lograr una gobernabilidad tranquila”.
Por su parte, el académico estadounidense analizó cómo distintos países respondieron al crecimiento de las economías criminales. A través de sus investigaciones en Colombia, México y Brasil, mostró cómo los intentos de guerra frontal contra el narco, como el del expresidente mexicano Felipe Calderón, generaron un aumento drástico de la violencia. En cambio, organizaciones como el PCC (Primer Comando de la Capital) —la mayor organización criminal en Brasil— lograron imponer reglas internas, como la prohibición de homicidios no autorizados por ellos, que contribuyeron a una reducción significativa de la violencia en ciudades como San Pablo.
Al Estado le faltan incentivos
El politólogo estadounidense habló de “periferias urbanas gobernadas” durante décadas por el crimen organizado con “amplios recursos” por tener acceso a rentas que deja el narcotráfico, que eliminan casi el hurto y la “violencia común”, y planteó que “si el Estado los eliminara, tendría que poner sus propios recursos” para cubrir ese “hueco fiscal”. Para Lessing, “no es que al Estado le falta capacidad, le falta incentivo” para hacerlo. “Para mí, el Estado debería gobernar bien sus periferias antes de que el crimen las tome”, dijo.
Una estimación del Latinobarómetro —una encuesta regional de opinión pública— calculó en 2020 que entre 77 y 100 millones de personas en América Latina viven bajo alguna forma de “gobernanza criminal”. En Uruguay, un 6% de los encuestados declaró que hay grupos que controlaban el delito en su barrio, lo que equivale a entre 200.000 y 300.000 personas.
El crimen organizado uruguayo “empieza a proveer y alimentar sueños de futuro” y las trayectorias “no pasan por lo que puede hacer el Estado, no pasan por la escuela”, dijo Luna. Una de las problemáticas identificadas es el reclutamiento de adolescentes cada vez más chicos por parte de los grupos criminales, y las armas se transforman en “la principal marca de estatus”.
Los presos “son inorganizables”
Luna señaló que Uruguay muestra, por un lado, una democracia modelo, con partidos arraigados y un Estado presente en el territorio, pero por el otro acumula “décadas” de infantilización de pobreza y de deserción escolar. También “de punitivismo ineficaz” reflejado en una población carcelaria sesgada “hacia mercados de baja renta y tasas de reincidencia muy altas”. El académico planteó que se evitaron ciertos procesos de mayor desarrollo del crimen organizado “por las ventajas del atraso”.
“Nuestros presos son tan pobres cognitivamente que es difícil organizarlos”, afirmó, y agregó que por la alta tasa de prisionización, “uno debería esperar más organización carcelaria de la que hay, y quienes han investigado el tema dicen que una de las limitantes es que son inorganizables”.
La realidad, describió, es de “poca organización criminal en la cárcel” y “poca proyección en la calle”, pero su “sensación” es que estas características locales empiezan a cambiar. Sostuvo que “hay un know how instalado en cárceles”, porque “el PCC tiene media centena de presos en el sistema” y hay un incipiente “reclutamiento de hijos de presos en los barrios para financiar el bienestar de presos en los penales”.
“De alguna forma, parte de la pacificación en cárceles de los últimos años tiene que ver con la entrega de la gestión carcelaria a los presos”, aseguró.
Para Saín, se debe tener en cuenta un “supuesto básico” y es que “vamos a convivir” con el crimen organizado. “No es una invasión extraterrestre, existe en todo el mundo y no hay forma de evitarlo”, dijo, pero llamó a evitar que estos grupos controlen o incidan en “sectores judiciales, policiales o políticos” e impedir que el sistema financiero tradicional acepte “gerenciar” su dinero.
“Tiene que haber una línea infranqueable: me banco la evasión tributaria, me banco la informalidad económica, no me banco el dinero del narcotráfico mezclado en un emprendimiento inmobiliario. Alguien tiene que poner la línea porque si no, estamos en un problema”, dijo el argentino.
Finalmente, consideró que uno de los problemas de la respuesta estatal al crimen organizado es que se sigue basando en un paradigma obsoleto. “Seguimos gestionando la seguridad pública con lo que nos dio resultado hace 40 años”, aseguró, con relación a policías tradicionales, sin especialización en crimen organizado, sin ciberseguridad, además de fiscales y jueces formalistas.
