Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Verde con Búsqueda.
Gabriel Verde.jpg.jpg
Gabriela Verde, próxima subsecretaria del MEC
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Cómo viene procesando la transición en el MEC?
—Hubo una reunión oficial con el ministro (Pablo da Silveira); después tuve una con mi equipo y Ana Ribeiro (subsecretaria del MEC) y hubo otras instancias entre las secretarías generales. A nosotros nos interesa mucho la parte organizacional del ministerio, para mejorar su infraestructura y estructura orgánica. Estamos abocados a pensar en un sistema organizacional que haga más fáciles y viables las políticas y que llegue más y mejor a cada lugar del país. Y esto debe tener una arquitectura administrativa que lo permita, y requiere de asignación presupuestal, cambios legales del MEC, y también mucho diálogo con las y los trabajadores por las condiciones laborales. Con el futuro director de Educación, Gabriel Quirici, estamos trabajando los temas presupuestales, la organización del Congreso Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Educación Pública, además del documento de compromiso de gobierno para cuando asuman las autoridades de la ANEP.
Para armar las propuestas debemos tener información y diálogo con todos los sindicatos del MEC y los gremios de la enseñanza. El mensaje del futuro Poder Ejecutivo es que tenemos que dialogar.
—Búsqueda informó sobre un juicio del MEC en etapa de ejecución con los funcionarios registrales por más de US$ 12 millones y otra deuda con Antel, entre otros reclamos pendientes, que suman unos US$ 20 millones. ¿Cuál es la información actual?
—La deuda con los registrales es de entre US$ 14 millones y US$ 15 millones. Y el total a pagar en 2025 (por distintos conceptos) supera la línea de los US$ 20 millones. Ese es uno de los temas que nos llama la atención y nos preocupa. Uno tiene que conocer qué compromisos hay y sobre algunos detalles de esos compromisos nos está faltando más información.
—¿Qué lectura hace de las designaciones del futuro gobierno en el MEC y ANEP?
—Se cumplen equilibrios esperables de representación académica, política, generacional y de género. Con José Carlos (Mahía) nos estamos conociendo. Pero es un vínculo muy frontal y de trabajo ensamblado. Con Pablo (Caggiani) trabajamos juntos no solo en el equipo de Primaria sino que fuimos compañeros en la escuela 128, del Barrio Conciliación, y ya nos conocíamos desde el sindicato de maestros y a nivel de ATD (Asamblea Técnico Docente). Eso ahorra mucho tiempo y recursos para pensar las políticas públicas en coordinación con otras políticas del Estado.
—Parece haber una división de roles: Mahía tiene un perfil más político, de negociador parlamentario, y usted de referente territorial, docente y sindical.
—Sí, la horizontalidad ayudó muchísimo cuando trabajé en Primaria. Cuando eso desaparece, quienes están en territorio trabajando, en las escuelas o en los liceos, pierden un referente y un vínculo con el gobierno. Por eso la horizontalidad es clave y hay que refundar lo vincular. En este gobierno se resintió lo vincular. Quien se dedica a la política y ocupa cargos de gobierno suele estar muy lejos de la vida de las personas. Y eso hace que tome decisiones que no son pensadas para las personas. De allí la necesidad de esa horizontalidad. Porque hay que explicar procesos, que la gente entienda lo que está pasando y sienta que su voz también es válida. Hacer política desde ahí es muy importante. Porque si no, la gente se aleja mucho de las decisiones, y eso no está bien.
—¿Usted cree que el gobierno de la educación actual fue más “vertical” y “distante”?
—Sí. Y responsabilizó de todos los problemas a la población. Eso de ‘la libertad responsable’ hace que yo, como gobierno, me desentienda: ‘Si vos haces esto, no es mi problema’, y entonces no le puedo dar solución. En cambio, si nos involucramos todos los ciudadanos y las ciudadanas, y tenemos nuestra voz en ámbitos de participación, la responsabilidad va a ser compartida. Porque si no esa libertad responsable queda en las acciones de cada uno y nada más. Y se corta ese nexo que es la política, que es educativo y es cultural.
—El Frente Amplio marcó como prioridades combatir el ausentismo estudiantil, extender el tiempo pedagógico, reforzar los apoyos, y “universalizar” la primera infancia desde los tres años. ¿Qué más se plantea?
—Reforzar la participación de los docentes. También en esto de revisar los planes, los programas, la currícula… Y reducir la sobrecarga administrativa que pesa sobre los maestros y profesores. Porque eso es lo que se transformó, esa manera de vincularse con lo educativo hace que pierda el peso pedagógico. Entonces te transformás en personal destinado a llenar planillas, lo que de pedagógico tiene muy poco. No quiere decir que los maestros hayan cambiado, porque de todas maneras hemos podido resistir y hacer lo que sabemos para que los niños aprendan. Pero el peso de lo administrativo ha conducido a situaciones realmente problemáticas. Así como el pasaje de grado automático sin tener en cuenta las asistencias ni los mínimos necesarios para alcanzar determinados aprendizajes, sin otros apoyos. Todo eso hace fracasar al niño, a la familia, a la escuela, a la propuesta.
—¿Qué aspectos de la transformación en curso se plantea cambiar en lo inmediato?
—Toda la parte legal de la transformación no la podemos cambiar, porque ahora empieza un nuevo curso con los planes y las horas elegidas. Marzo empieza con la foto de diciembre. Pero sí cambiar el relacionamiento, el vínculo y empezar a hacer evaluaciones profundas. Ahí hay mucho hecho desde las ATD, desde los sindicatos. Hay muchísimas propuestas. Después hay orientaciones que se van a dar desde la ANEP y desde las direcciones generales para bajar sobrecargas burocráticas. Y desde el primer día de marzo se buscará reforzar el tema de la asistencia escolar, con acompañamiento a las familias, a los niños y niñas, para que puedan ir todos los días a la escuela. Y está también, a nivel de gobierno, a través de la asignación familiar, el apoyo económico para el inicio de las clases.
Gabriela Verde entrevista interior.jpg
Gabriela Verde, durante la entrevista, el vienes 7 de febrero
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—Con la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno actual aprobó una serie de medidas que cambiaron desde la gobernanza de la educación a las competencias del MEC y la educación superior privada. ¿Qué cambiarán de esto en concreto?
—Nosotros vamos a respetar lo que dice la Constitución con respecto a la autonomía de la ANEP, de la Udelar y de la Utec. Ese ya es el mensaje: la defensa de la autonomía que en este período estuvo amenazada. Esa autonomía, que le da la Constitución a los entes de la educación, se respeta. Inmediatamente vamos a convocar al Sistema Nacional de Educación Pública, capaz con otro nombre, que también desapareció con este gobierno. Y en el cambio de la gobernanza tienen que participar las y los trabajadores. El elemento que hay que incorporar es que estén los consejos dentro de la ANEP: no direcciones generales que centralizan mucho las decisiones en el Consejo Directivo Central (Codicen). Para revertir eso se necesita una ley que tendrá que ser acordada en un diálogo nacional.
—¿Y qué rol le ve cumpliendo al nuevo ministerio?
—De coordinación entre los distintos organismos, y también en la toma de decisión de las propuestas desde el Ejecutivo. Nos toca organizar el Congreso Nacional de Educación, que no se convocó en este período, trabajar la nueva ley para subsanar estas cuestiones de la gobernanza, además de un rol protagónico en la Ley de Presupuesto.
—¿Cree que hoy están dadas las condiciones para crear la universidad de la educación?
—Sí, claro. Es la vedete de las propuestas. Ya estamos trabajando para que eso suceda. Y creo que el Uruguay está maduro como para resolverlo. Los componentes de esa universidad de la educación serán parte de las distintas instancias de diálogo.
—¿Qué pasará con las pruebas de acreditación de títulos para docentes de grado universitario que instrumentó este gobierno?
—Sobre el final de febrero habrá una nueva cohorte de la acreditación del grado de título universitario para docentes. Si bien consideramos que el gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones hasta el último día, hay cuestiones a las que no adherimos y este método de acreditación de títulos no es la forma… La premisa es que no vamos a faltarle el respeto a nadie, porque todo el mundo se anotó de buena fe.
—El asunto es después con qué criterio el nuevo gobierno tomará en cuenta esta acreditación.
—Esto hay que dialogarlo y también lo tenemos que trabajar mucho entre todos: la academia, los sindicatos, las autoridades de la enseñanza. Está claro que no estamos de acuerdo con esta forma administrativa de otorgar un grado universitario. Ya lo dijo José Carlos (Mahía), que así no va.
—¿Cuánto dinero demandará cumplir con todas estas propuestas?
—La meta es finalizar el quinquenio con el 6% para la educación, más 1% para ciencia. Estamos todos alineados para que se consiga. Y si bien ese número es como “un sello país” para la educación, también hay que preguntarnos desde la política y la ciudadanía, cuál es el presupuesto que Uruguay precisa para una educación con justicia social y mayor democracia.
—¿Ese número alcanza?
—Yo ahora no lo puedo decir en esta nota. Creo que el Congreso de Educación es una buena oportunidad para responder a esa pregunta.
—Desde el oficialismo argumentan que el gobierno es elegido para gobernar y no para convocar congresos y asambleas permanentes. ¿Qué responde a eso?
—¡A mí me encantan las asambleas! Y en todas las asambleas se toman decisiones. La diferencia es si las decisiones se toman entre unos pocos para unos pocos o las tomamos muchos para muchos. Esa es la diferencia. Y ese es el paradigma diferente del gobierno que tenemos. Las asambleas nunca son malas, al contrario: siempre es mejor tomar decisiones entre el colectivo que en soledad.
Gabriela Verde planta.jpg
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Cómo imagina la relación del MEC y de la ANEP con los sindicatos de la educación?
—Desde mi lado, si tengo la chance, cotidiano. Hoy no puedo decidir por lo sindical, pero sí desde este lugar: la puerta está abierta, sin timbre.
—Para algunas autoridades de gobierno algunos gremios docentes son un “palo en la rueda” para mejorar la educación.
—Hay que sacarle el mito ese de que el sindicato es “el palo en la rueda”. Todo lo contrario. A nivel del Uruguay, lo sindical ha abonado y ha aportado a la democracia. Es una falta de respeto a la historia y la actividad sindical decir que es un palo en la rueda. Hay ríos de aportes de docentes sindicalizados, tanto a la pedagogía como para hacer más y mejor democracia. La idea es más participación, más democracia. Hay que tomar el trabajo gremial con mucho respeto.
—¿Qué lectura hace de que los dos últimos titulares del Codicen (Robert Silva y Virginia Cáceres) hayan renunciado para proyectarse a cargos electorales?
—Que Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) tenía razón.
