En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El Ministerio del Interior prevé sumar la labor de los guardias privados en algunas de las estrategias policiales que serán presentadas el año que viene en el Plan Nacional de Seguridad Pública, la política madre del gobierno para combatir la criminalidad, impulsada desde el inicio del período y concebida para proyectarse en futuras administraciones.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Fuentes oficiales informaron a Búsqueda que se realizó un monitoreo sobre los recursos humanos del sector, datos que se difundirán en los próximos días y en los cuales el ministerio se basará para amoldar el trabajo policial con el de guardias privados. “Queremos crear un sistema de convivencia y de producción de prevención, articulando los esfuerzos de distintas agencias del Estado, articulando la contribución que el sector privado de la seguridad tiene para hacer”, indicó Emiliano Rojido, sociólogo y asesor del ministro Carlos Negro en políticas de seguridad pública.
“Tenemos 22.000 guardias privados de seguridad, y hasta el día de hoy el despliegue de la fuerza pública en el territorio se hace a espaldas de ese dato. Por supuesto que no les vamos a dar a los guardias privados de seguridad funciones de policía, pero no podemos omitir ese recurso, esos ojos mirando y debemos tratar de articular a partir de esos recursos nuestros operativos”, añadió.
Información-Emiliano Rojido-Conferencia-Ministerio del Interior
Emiliano Rojido durante una presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública realizada en agosto.
Ministerio del Interior
Rojido fue parte de una amplia delegación de Interior que concurrió a inicios de la semana a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, en la Cámara de Representantes, para presentar los lineamientos del ministerio en el proyecto de Ley de Presupuesto elevado al Parlamento. El académico, magíster y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Río de Janeiro, realizó en el período pasado una serie de investigaciones sobre seguridad pública encargadas por el Ministerio del Interior. En marzo fue nombrado por la nueva gestión del Frente Amplio como asesor y se convirtió en uno de los principales responsables del Plan Nacional de Seguridad Pública. Se trata de un documento liderado por Interior y Presidencia de la República que será publicado en 2026 como sostén de la estrategia de seguridad hacia los próximos 10 años.
Para las etapas de diagnóstico y elaboración, el gobierno mantiene reuniones con distintos organismos del Estado, partidos políticos, sindicatos y empresas privadas, entre otros. “Creemos que la historia reciente ha sido injusta con la Policía, haciéndola responsable única de los problemas de seguridad, y creemos que muchas agencias del Estado y numerosos sectores, así como diversas fuerzas vivas de la sociedad, tienen una contribución que hacer para revertir los problemas de seguridad que enfrentamos”, apuntó Rojido en el Parlamento.
La seguridad privada y la Policía
La actividad de seguridad privada en Uruguay está controlada por la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) del Ministerio del Interior y regida especialmente a través del decreto N° 35 de 2022. El principio rector de esa norma establece que el personal de seguridad privada deberá apoyar a la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones y prestarle su colaboración cuando sea requerida. En la práctica, ese vínculo es escaso, salvo en casos puntuales.
Las empresas de seguridad están autorizadas únicamente a brindar servicios de vigilancia y protección de bienes, así como de determinadas personas y grupos, además de manejo, custodia y transporte de valores. Dentro del sector existen distintas categorías de personal: con o sin arma, con perro, con caballo, con dron, para locales bailables y afines, de centros de videovigilancia y de guardaespaldas o escoltas personales. En el caso de los guardias que portan armas de fuego, su uso está limitado al interior de los edificios o propiedades donde cumplen funciones. El decreto prohíbe expresamente el porte en la vía pública, salvo en situaciones específicas, como patrullaje dinámico para entidades bancarias, tareas de guardaespaldas o transporte de valores, donde el arma debe llevarse en su correspondiente canana o sobaquera, en un lugar visible.
Fuera de esos servicios, más cercanos a tareas policiales típicas, las compañías privadas también pueden instalar y mantener sistemas de seguridad y videovigilancia, además de fabricar, importar, distribuir y vender elementos vinculados al sector.
Los guardias privados no pueden portar armas en la vía pública, salvo en casos específicos.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El relacionamiento con la Policía se da a través de la Digefe y usualmente mediante recomendaciones y actualizaciones de normativa. En junio del año pasado, tras evaluar los delitos del primer semestre del año, la Digefe instruyó a los responsables de seguridad de bancos, instituciones financieras y redes de cobranza a reforzar medidas. Entre ellas, exigir que la puerta de acceso a los boxes cuente con cartelería informativa sobre su sistema de seguridad —como puerta reforzada, esclusa o cerradura electrónica conectada a la alarma—, y disponer que la persona encargada de abrir o cerrar el local lleve un pulsador de pánico móvil o inalámbrico, dado que esa tarea debilita la estructura de seguridad estática y requiere precauciones adicionales.
En 2023, la misma Dirección General de Fiscalización de Empresas organizó un taller para guardias privados con el objetivo de informarles sobre el marco regulatorio general, la aplicación del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada y el uso de la fuerza y el manejo de armas. “Lo que tenemos que tener siempre presente es que se trata de un trabajo en coordinación de la seguridad pública con la seguridad privada, para mejorar el servicio. No nos olvidemos de que la seguridad privada al día de hoy tiene alrededor de 21.000 guardias de seguridad física desplegados en todo el país. Es una fuerza muy importante a la cual hay que dotarla de nuevas capacitaciones, nuevas formaciones, una actualización permanente y un entrenamiento continuo y más en la faz procedimental, que es un aspecto muy importante para minimizar los riesgos en la función”, dijo entonces el director general de Fiscalización de Empresas, Henry De León, actual director nacional de Educación Policial.
Aunque en la región no existen ejemplos concretos de coordinación formal entre las fuerzas públicas de seguridad y las empresas privadas que sirvan de modelo directo para el Ministerio del Interior, sí los hay en otros países. El Reino Unido ha sido pionero con una iniciativa creada en 2004 por la Policía de la Ciudad de Londres y la Policía Metropolitana de Londres, en conjunto con el sector empresarial.
Este programa, denominado Project Griffin, nació con el objetivo de disuadir, detectar y contrarrestar la actividad terrorista, estableciendo un canal oficial a través del cual la Policía comparte información. La idea central es que los trabajadores de la seguridad privada y del sector empresarial actúen como “ojos y oídos” de la Policía al colaborar en la detección temprana de riesgos.
El esquema reúne a distintos departamentos policiales y de bomberos, servicios de ambulancia, la industria de la seguridad privada y otros organismos gubernamentales. “Hoy cuenta con la participación activa de las fuerzas policiales de todo el Reino Unido y se ha extendido a una amplia gama de empresas y servicios de seguridad privada, consolidándose como un modelo de cooperación público-privada en materia de prevención y respuesta ante el terrorismo”, de acuerdo con la Oficina Nacional de Contraterrorismo del Reino Unido.
