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“Mamá, ¿nos vamos a quedar en la calle?”. Llorando, la joven llamó desesperada a su madre, funcionaria administrativa delCasmu, saliendo del liceo. En una charla con compañeros, estos habían comentado un tema atípico en un cónclave deadolescentes: que esa mutualista está “fundida”, que “cierra”, que “desaparece”.
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Esa funcionaria le contó, también llorando, ese diálogo a la vicepresidenta del Casmu, Andrea Zumar. “Yo he tratado de transmitirles que hay un buen clima con los interventores, que hay diálogo constante, que tienen una postura coherente y sensata. Eso es lo que pasa y eso es lo que les digo”, dijo la directiva a Búsqueda.
Sin embargo, esas palabras no alcanzan, admitió. “Nadie está tranquilo, hay nerviosismo. Todo el mundo está angustiado y preocupado. Eso lo hablo en lo general, porque alguna gente de los gremios parece que quiere que explote todo y están felices. Y el nerviosismo y la angustia existen porque no saben qué va a pasar. No está bueno el clima, más allá que yo siga hablando sector por sector”, agregó sobre la sensación que sobrevuela en el tercer operador de salud privado del país en número de afiliados (unos 180.000). Aun así, subrayó, “la atención a los usuarios no está en riesgo”.
Interventores
El gobierno decretó el 29 de julio la intervención sin desplazamiento de autoridades del Casmu y envió un proyecto al Parlamento para otorgarle asistencia financiera, el que fue aprobado la semana pasada. El 1º de agosto los tres interventores designados, el contador Juan Carlos Simonelli, la doctora Sandra Lorenzo Pousa y el abogado Gerardo Lorente comenzaron su tarea.
Según el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, las autoridades de la mutualista están trabajando en “conjunto con los interventores” y dijo que están “muy satisfechos” por la sinergia. El titular del sindicato de funcionarios de la mutualista (Afcasmu), Ariel Irigoytía, también valoró positivamente el diálogo con estos: “Nos recibieron, nos escucharon y tomaron apuntes de nuestros planteos, como la preocupación por los seguros de paro rotativos (300 cada cuatro meses) y el señalamiento que los sectores afectados son los de servicio y no el administrativo”, indicó a Búsqueda.
La intervención sin desplazamiento de autoridades está establecida en el decreto 139/004. Según este texto, si bien los interventores “no sustituirán la voluntad de las autoridades de la Institución”, sí tendrán entre “sus más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación”, la posibilidad de: “inspeccionar y comprobar los aspectos externos de las operaciones de la Institución”, “inspeccionar y comprobar documentación”, “auditar la contabilidad”, “inspeccionar comprobantes”, “participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la Institución que consideren irregulares, dando cuenta al Ministerio de Salud Pública” (MSP), y “sugerir los correctivos que estimen pertinentes”, sin que esto sea taxativo.
Las autoridades del Casmu, cuya mayoría está liderada por la agrupación Médicos Unidos, a la que pertenecen Rodríguez, Zumar y el secretario general Juan José Areosa, no están enterados de eventuales “nuevas potestades” que el gobierno les daría a los interventores. Esta posibilidad, que ha sido cuestionada por el Frente Amplio, fue señalada por la ministra de Salud, Karina Rando, durante su comparecencia al Parlamento el 6 de agosto.
“De esa posibilidad me enteré por la prensa”, dijo Zumar, y apuntó que “ya ser interventor da amplias potestades”. Antes de la intervención, desencadenada por un nuevo pedido del Casmu de acceder al Fondo de Garantía de mutualistas, ya estaban trabajando ahí cuatro veedores del MSP. En estos días, los interventores pidieron y accedieron a información contable, de contratos con proveedores y empresas tercerizadas, direcciones técnicas, procesos asistenciales, además de asistir a los consejos directivos. Si bien el decreto menciona que las autoridades naturales siguen ejerciendo, en los hechos, estas tomaron decisiones sin consultarlos, según Zumar.
De acuerdo con la normativa, a los 60 días los interventores deben elevar un diagnóstico de situación, el cual puede sugerir el desplazamiento de las autoridades naturales o incluso disponer la “liquidación” de la mutualista, extremo que ninguna de las partes ha postulado.
Médicos
Irigoytía, de Afcasmu, considera que hay “cierta tranquilidad” entre los funcionarios no médicos (unos 4.000) por la aprobación de la asistencia financiera a la mutualista. “Si eso no hubiera pasado, no sabríamos qué viabilidad institucional habría. Pero, si la gestión y la administración no varían, esa ayuda es lo mismo que la nada”, expresó.
Entre los médicos (unos 3.000), en cambio, hay un clima “difícil”, según coincidieron distintas fuentes consultadas por Búsqueda. Ningún integrante de la comisión interna del Casmu, actualmente en proceso de rearmado, quiso hablar. “Eso ya señala algo”, sugirió un facultativo. Esta incertidumbre es alimentada por la “singularidad” que caracteriza a esta institución, resaltan las fuentes: “En un sector donde manda el multiempleo, muchos médicos y no médicos le han dedicado toda su vida al Casmu, al punto que es su única fuente de ingresos”.
Este proceso motivó un nuevo quiebre entre las agrupaciones mayoritaria y minoritaria de la directiva del Casmu, que ya habían tenido un enfrentamiento a principios de año con el despido del principal consejero por la minoría, Álvaro Niggemeyer.
Hace 15 días, la consejera Cristina Rey, también de la agrupación El Casmu que Queremos (la misma que integraba Niggemeyer), renunció a su cargo en la comisión directiva. Eso fue poco después de decretada la intervención. “Yo tenía la expectativa de que la actitud de los consejeros de Médicos Unidos cambiara y no vi ningún cambio significativo. No existe autocrítica por parte de ellos, continúan sosteniendo que tienen una buena gestión y poniendo obstáculos para que los representantes de El Casmu que Queremos podamos ejercer nuestra función. Por parte de la conducción se sigue pensando que está todo bien y que se hizo todo bien, pero existe una crisis importante de gobernabilidad en el consejo directivo. A mi me pareció terrible seguir como si no pasara nada”, dijo a Búsqueda.
En su lugar entró Julia Galzerano, una profesional de larga trayectoria médica y gremial en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).