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En el gobierno buscan juntar las piezas para entender los viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en misiones oficiales. Quieren saber el detalle de cada una de las resoluciones que habilitaron sus misiones oficiales y las rendiciones de cuentas posteriores. Si hubo faltas jurídicas, si hay información que se omitió, si existió una justificación para llevar a la delegación con la que fue en sus viajes a Washington y Roma. Todo esto porque hay una firme intención en la Torre Ejecutiva: remover de su cargo público a Toma, que es uno de los dos fiscales de gobierno.
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El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, actuó rápido. Los primeros movimientos se dieron el viernes 18, a pocas horas de que el programa radial Así nos va y Búsqueda divulgaran que el exsecretario presidencial viajó a Estados Unidos e Italia acompañado por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) recién recibida, reclutada por Toma, y con tareas asignadas que desconocía su propio jefe en el organismo antilavado. Ese viernes se ordenó una investigación administrativa desde la Torre Ejecutiva. “Estamos buscando el mecanismo legal para remover a Toma”, dijo a Búsqueda una fuente de Presidencia. El miércoles 23, en rueda de prensa, Lacalle Pou avanzó sobre sus intenciones. “Si fuera un funcionario de confianza, no estaba más en el cargo”, enfatizó. “Pero como es un funcionario público requiere no solo la voluntad del presidente”, señaló, y agregó que “por eso hay una investigación administrativa, además de otros procesos”.
La pesquisa tiene un eje fundamental y es saber si existen argumentos válidos para que la contadora de la Senaclaft, Giuliana Pérez Muñiz, haya participado de esos viajes junto con Toma. En los pocos meses que la funcionaria trabajó en Presidencia compartieron cinco misiones oficiales: tres veces a Washington, en el marco del litigio de la minera Aratirí contra el Estado uruguayo, y dos a Roma, durante audiencias relacionadas al Plan Cóndor y la participación de exmilitares en la desaparición, tortura y secuestro de personas durante la dictadura. Unas imágenes de Toma y Pérez Muñiz en las tribunas del estadio de Roma durante un partido de fútbol por la Europa League en la última misión oficial a Italia “disparan varias preguntas y abren nuevos frentes” en la investigación, dijo a Búsqueda una fuente de la Torre Ejecutiva.
Búsqueda informó el jueves 17 que en una investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) realizada en 2019 Toma declaró, sin que se lo preguntaran, que la funcionaria fue clave en las misiones a Roma. Dijo que ella fue quien advirtió que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó entre los damnificados a Uruguay. Y que gracias a eso el Estado presentaría un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico. Sin embargo, en Presidencia nada saben sobre ese recurso. No hay registros de que haya sido presentado. “Yo no tengo conocimiento alguno sobre ese tema. Desconozco. No hay nada de eso“, señaló una fuente de la Torre Ejecutiva. El informante puntualizó que si se hubiera actuado en el sentido que anunció Toma esa información tendría que estar en poder del Estado.
La Jutep vuelve a investigar
En un segundo plano, detrás del ruido que generó Toma y su asesora contable, aparece la Jutep y un tratamiento algo vidrioso sobre el asunto.
La denominada Junta Anticorrupción archivó la investigación cuando su entonces presidente Ricardo Gil estaba de licencia, después de recibir una respuesta de Presidencia y sin pedir más información ni consultar a su Asesoría Jurídica. Gil dejó constancia de su desacuerdo cuando volvió de la licencia.
El expediente de la Jutep muestra que Borrelli tuvo dos criterios distintos sobre la denuncia. En la sesión del 18 de diciembre, cuando el directorio decidió pedir información a la Presidencia de la República, reclamó que la solicitud contara con la firma de todos sus integrantes porque era un tema muy importante. Sin embargo, cuando llegó la respuesta a ese pedido, decidió archivarla mientras Gil estaba de licencia.
Las nuevas autoridades de la Jutep resolvieron el miércoles 23 por unanimidad desarchivar el caso y pedir más información a la Presidencia, dijo a Búsqueda su titular, Susana Signorino.
