Familia de un trabajador fallecido iniciará juicio civil al Sunca por la donación de la “hora solidaria”

En el mismo momento en que firman el formulario de afiliación al sindicato, los trabajadores autorizan a que las empresas para las que trabajan les retengan hasta una hora de trabajo por mes cuando sucede un fallecimiento o más de uno. El texto del formulario de afiliación al Sunca deja claro que ese dinero “será entregado a la familia del trabajador”. Cuando hay más de una muerte en el mes, el dinero de la “hora solidaria” se divide entre las familias afectadas.

Las empresas actúan como agentes de retención del dinero correspondiente a la “hora solidaria”, que luego derivan al sindicato.

En esa línea de investigación, la Policía citó la semana pasada a la empresa Conami. La firma constructora presentó documentos que acreditan que transfirió en marzo al Sunca $ 74.746, que no figuran en la liquidación por el concepto de “hora solidaria” por el fallecimiento. La investigación explora también los casos de al menos otras cuatro empresas que no aparecen en la planilla, algunas de ellas son compañías grandes del sector.

Además de la ausencia de empresas en la liquidación, la familia planteó dudas sobre el monto recibido en relación con la afiliación que el Sunca dice tener.

El presidente del Sunca, Ferreira, dijo a Búsqueda semanas atrás que con la última campaña de afiliación alcanzaron unos 15.000 trabajadores cotizantes. En el Congreso del PIT-CNT, sin embargo, el sindicato declaró tener 25.000 afiliados. La diferencia, según Ferreira, obedece a que no todos los afiliados del sindicato son cotizantes. También indicó que la afiliación suele tener variaciones por la lógica de trabajo del sector.

Fuentes sindicales explicaron a Búsqueda que un salario promedio podría situarse entre los $ 315 y los $ 350 por hora. Con esas referencias, el aporte del Sunca ante este fallecimiento se aproxima a la hora solidaria de entre 9.300 y 8.300 afiliados.

En lo que va del año murieron ocho trabajadores de la construcción en accidentes laborales. En ese marco, el sindicato está desarrollando una campaña de concientización desde julio con la consigna “La vida está primero. ¿Cuántas muertes son necesarias?”.

Fiscalía: el Fosvoc en espera

En paralelo a este reclamo civil, el Sunca espera los avances de la investigación que desarrolla la fiscalía por los manejos irregulares de dinero que se dieron en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Solo entre 2023 y 2024 la investigación confirmó que hubo un desvío de más de US$ 1,1 millones.

Por el caso fueron condenados tres exdirigentes del Sunca: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero. Los tres fueron expulsados del sindicato —antes incluso de la condena judicial—, igual que otros siete militantes que participaron de maniobras irregulares. Algunos de ellos están entre los 12 indagados que tiene la causa que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er turno.

Aunque la Policía y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos siguen avanzando en la investigación, solicitando información a diferentes actores, la fiscalía encabezada por Gilberto Rodríguez todavía no retomó su trabajo en el caso, ya que, tras la feria judicial de julio, se ocupó como prioridad del juicio de Casa de Galicia. A fines de junio, antes del inicio de la feria, el fiscal citó a los 12 indagados para informarles acerca de su situación y en ese encuentro les comunicó que la causa entraría en una especie de pausa. Desde entonces, no volvió a citarlos.

El Fosvoc es uno de los cuatro fondos sociales de la construcción y su cometido es brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador.

La directiva del fondo la componen dos delegados del Sunca y dos de las cámaras empresariales del sector. Fue la dirección del Fosvoc la que presentó la denuncia en fiscalía tras detectar los desvíos en una auditoría.

Una pericia de resultado "no definitivo"

El secretario general del Sunca, Javier Díaz, se sometió semanas atrás a una pericia caligráfica de forma particular por una “partida especial” que según documentos entregados a la fiscalía recibió en 2019 del Fosvoc, pero que dice no haber cobrado ni solicitado.

De acuerdo con la documentación en poder de fiscalía, la “partida especial” en cuestión es de unos $ 160.000, se cobró a través de un cheque y está asociada a una fotocopia de la cédula de Díaz y a una presunta firma suya.

El martes 19 sesionó el Consejo Directivo Nacional del Sunca y allí se informó sobre la pericia a Díaz. Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que el estudio arrojó un resultado “no definitivo” dado que se hizo sobre “un documento copia” y no sobre uno original. El secretario general del sindicato sigue sosteniendo que no cobró ese dinero.

Entre las maniobras irregulares que logró probar la Fiscalía, una está vinculada a “partidas especiales”. En 2023, el Fosvoc había aprobado 43 solicitudes de partidas especiales, de las cuales solo tres correspondían a beneficiarios existentes. Las solicitudes falsas fueron presentadas en la directiva por Bertolio y Bernaola y luego cobradas por ellos.

También el diputado comunista y exsecretario general del Sunca, Daniel Diverio, se sometió a una pericia para despejar dudas sobre unas diez solicitudes de “partidas especiales” al Fosvoc asociadas a su firma desde 2018. En su caso, según publicó El País, el estudio concluyó que no era su firma la que estaba en esos documentos.