La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos a nivel regional, tiene a estudio una solicitud presentada por funcionarios de la Unidad 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el principal establecimiento de reclusión femenino del país. El reclamo busca impedir que haya nuevos ingresos a la cárcel, hasta que se alcance un hacinamiento “mínimo” de 120%, según establece la solicitud de medida cautelar a la que accedió Búsqueda.
En la cárcel se encuentran recluidas 847 mujeres, según cifras actualizadas a este martes 8 de octubre proporcionadas por fuentes penitenciarias. La estructura edilicia está preparada para alojar a 424 personas, por lo que el hacinamiento general es de 200%, lo que se considera una “superpoblación crítica”.
La Unidad 5 es catalogada por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, como una de las cárceles con las peores condiciones de reclusión, junto con la de Canelones y algunos módulos de Santiago Vázquez (ex-Comcar), como el módulo 4, donde a mediados de setiembre ocurrió un incendio intencional y murieron seis personas.
La prisión femenina “ya no puede soportar más ingresos de mujeres privadas de libertad, es una de las cárceles más hacinadas del país (...), las condiciones de reclusión son infrahumanas”, dice la solicitud que fue presentada ante la CIDH por el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), que fue firmada por su presidente, Germán Gutiérrez. El escrito ante el organismo internacional plantea que “se debe impedir” el ingreso de más reclusas hasta que el hacinamiento se reduzca “a por lo menos un 120% y mantenerlo en esos niveles hasta tanto no se creen nuevas plazas y/o otras cárceles”. Plantean que se ven afectados los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la dignidad humana.
Un habeas corpus en proceso
Este reclamo había sido incluido en el recurso de habeas corpus que presentaron a fines de agosto de 2023 cuatro funcionarios del Ministerio del Interior —entre los que se encontraba Gutiérrez—, con foco en solucionar las problemáticas de la Unidad 5. Planteaban la necesidad de bajar la sobrepoblación carcelaria, reclamar al Estado que dejen de ingresar reclusas a ese centro hasta bajar el hacinamiento al 120%, que se contraten 150 funcionarios y se mejore la infraestructura eléctrica y sanitaria.
El habeas corpus es una herramienta judicial de amparo regulada en el artículo 351 del Código del Proceso Penal. El recurso debe presentarse ante un juez, con el propósito de “la protección de la persona contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana”.
En primera instancia, la Justicia aceptó el reclamo pero de forma parcial y, en vez de impedir el ingreso de nuevas mujeres al centro, ordenó realojos dentro de la misma cárcel para lograr una disminución del hacinamiento en el tercer piso, donde se encontraba la situación más crítica. El Tribunal de Apelaciones de 2° turno también mandató al Ministerio del Interior a incorporar más personal —sin especificar la cifra— y a mejorar la infraestructura tanto eléctrica como sanitaria, y dio un plazo de 210 días para cumplir con los cambios.
En la instancia judicial los denunciantes destacaron la “buena predisposición” del comando encabezado por la directora de la cárcel, Marcela Urán, por los cambios realizados en el establecimiento “con los escasos recursos existentes, para dar cumplimiento con la sentencia”.
El representante del Sitrapen —gremio que también impulsó un habeas corpus, junto con el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, para mejorar las condiciones del Comcar— reconoció que “hubo una respuesta y una preocupación” de las autoridades tras el fallo. Gutiérrez indicó a Búsqueda que “se mejoró el edificio”, se crearon nuevos sectores y se incorporaron cerca de 30 funcionarios, pero “no es suficiente”.
La solicitud para que se tomen medidas cautelares en la Unidad 5 se elevó ante el organismo de la OEA porque “se agotaron las vías internas en el país”, aseguró Gutiérrez, en relación con la resolución judicial que no incluyó el punto sobre el ingreso de nuevas reclusas, y porque el INR “había prometido una cárcel de mujeres y sigue sin firmar los contratos”.
Nueva cárcel de mujeres espera por la firma de Lacalle
La construcción de un nuevo centro penitenciario para mujeres es un compromiso del actual gobierno, que anunció que lo realizará a través de una ampliación del contrato de participación público-privada (PPP) de la cárcel de Punta de Rieles. Estará ubicada en el predio lindero a la cárcel masculina y tendrá capacidad de 846 plazas. Pero el inicio de las obras, que estaba prevista para el 1 de junio de 2024, aún no comenzó. Según indicaron a Búsqueda fuentes de la cartera, se debió a “atrasos varios” y “demoras administrativas”, primero para la aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y luego en el Tribunal de Cuentas.
En el proceso judicial del habeas corpus, la Justicia pidió al Ministerio del Interior y luego la intimó en agosto a presentar un informe ampliatorio con información, que entre otros puntos incluía el pedido de los denunciantes de conocer detalles sobre la nueva cárcel que se pretende construir. Consultaron “si se aprobó finalmente” el proyecto y, en caso de ser afirmativa la respuesta, que se indiquen características del mismo. Si bien desde el ministerio respondieron las consultas sobre los recursos humanos y la superpoblación, omitieron responder la consulta sobre el nuevo establecimiento. La información tampoco fue aportada en la interpelación a las autoridades de la cartera, este lunes 7 de octubre, que se realizó en la Comisión Permanente.
No obstante, en una rueda de prensa al día siguiente de la instancia parlamentaria, en el marco de la colocación de la piedra fundamental de tres módulos nuevos en el penal de Libertad, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, informó que están a la espera de la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para empezar “con la implantación de la obra y la construcción”.
El año pasado en la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario, el subdirector administrativo del INR, el comisario general Gustavo de los Santos, que trabajó en la planificación del proyecto, informó que, una vez que comience la construcción, se extenderá por 21 meses.
El 8,3% de las personas presas son mujeres
En los últimos años, la población carcelaria siguió una tendencia de aumento. En términos de género, este incremento tuvo un comportamiento diferente: mientras el crecimiento de la población masculina fue, en promedio, de 3,7%, la femenina fue de 6,9%, según señala el último informe anual del comisionado parlamentario penitenciario.
Si bien las mujeres siguen siendo una minoría en relación con el total de las personas privadas de libertad, el peso relativo se ha incrementado, principalmente por delitos vinculados a estupefacientes. El informe detalla que en 2018 las mujeres representaban el 4,6% de la cantidad de reclusos, en 2019 el 5,2%, en 2020 el 5,7%, luego en el 2021 aumentó hasta el 6,6%, en 2022 al 7,1%, en 2023 al 7,3%. En la actualidad, las mujeres representan el 8,3% de la población privada de libertad en establecimientos penitenciarios del INR, porque son 1.335 en un total de 16.100 reclusos, según datos a los que accedió Búsqueda.
Específicamente en la Unidad 5, cuando el gobierno asumió el 2 de marzo de 2020, había 365 mujeres, menos de la mitad de la cantidad actual.
Hay un “hacinamiento cruel” y “este mismo sistema reproduce la violencia de género a nivel institucional, porque la condición de reclusión de las mujeres en el país es muchísimo peor que los varones”, dijo Díaz en la interpelación, quien forma parte de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento.
En el informe anual de 2023, Petit incluyó entre las recomendaciones que es necesario crear una política penitenciaria para mujeres “fuertemente diferenciada” de la masculina, tanto para las medidas privativas de libertad como para el régimen de medidas alternativas, para que existan pautas con perspectiva de género. En el caso de las mujeres con hijos, plantea su “desinstitucionalización” y que pasen a estar en prisión domiciliaria con programas de rehabilitación, debido a que el análisis de los expedientes señala que están presas por delitos con penas cortas y por ende de poca gravedad.
