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El gobierno busca “reactivar” el consejo que regula la actuación de los fiscales y priorizar otros delitos
El gobierno pretende poner foco en los delitos de armas, el narcotráfico y las estafas, además de establecer metodologías de trabajo nuevas en la Fiscalía
El gobierno tiene previsto “reactivar” el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, un ámbito donde se elaboran las directrices sobre cómo deben actuar los fiscales en la persecución penal de los delitos. El objetivo del Poder Ejecutivo es utilizar ese instrumento para definir la política criminal y reordenar las prioridades de la estrategia de seguridad, dijeron a Búsqueda fuentes de la nueva administración.
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El consejo quedó establecido en el Código del Proceso Penal que entró en vigencia en 2017. Si bien en los primeros años, entre 2017 y 2019, se definieron por lo menos tres instrucciones generales anuales, en los años siguientes el consejo redujo su producción.
La última vez que se emitió una instrucción general fue en junio de 2021, cuando el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, era todavía fiscal de Corte. En los años siguientes, primero con Juan Gómez como fiscal de Corte subrogante y luego con Mónica Ferrero, no se registraron actuaciones.
La intención de “reactivar” el Consejo de Instrucciones Generales como un instrumento para definir la política criminal, ocurre en un momento en el que el Ministerio Público volvió a estar en el centro de la polémica, con cuestionamientos a la Fiscalía por parte de la oposición tras la imputación del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, que se suman a las críticas que ha realizado la coalición por las diferentes velocidades de las investigaciones, según sugieren, por motivos políticos.
Nuevos enfoques metodológicos en la Fiscalía
Las autoridades actuales consideran necesario hacer una revisión de las instrucciones vigentes, establecer metodologías de trabajo nuevas en la Fiscalía y actualizar los criterios de priorización de las investigaciones y judicialización de los delitos, como en 2020 hizo el gobierno de coalición luego de asumir. En ese momento, el Ejecutivo propuso incluir a los abigeatos, el microtráfico de drogas y la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes entre los delitos de interés público, algo que se concretó en marzo de 2021 en dos resoluciones.
El problema de la seguridad es una de las prioridades del gobierno de Yamandú Orsi, quien designó a dos exfiscales en áreas claves para combatir el tema: Carlos Negro como ministro del Interior y Díaz como prosecretario de la Presidencia.
El gobierno analiza proponer que los delitos de armas, el tráfico de grandes cargamentos de drogas y las estafas sean incluidos entre los delitos prioritarios de la Fiscalía. Las denuncias de estafa se triplicaron entre 2018 y 2022, porque pasaron de ser 6.500 a 19.500 en ese período, según datos del Ministerio del Interior, y continuaron en aumento los años siguientes. En el caso de las armas, los fiscales de Homicidios han advertido que la cantidad de armas que circulan es “descomunal” —porque son “infinitamente más accesibles que antes”— y que son “de potencia”, ya que con una “pequeña modificación” pueden transformarse en automáticas y efectuar 30, 40 o 50 disparos al apretar una sola vez el gatillo.
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Los fiscales de Homicidios han advertido que la cantidad de armas que circulan es “descomunal”
Mauricio Zina/adhocFOTOS
El Poder Ejecutivo también evalúa proponer un rediseño del consejo, que emite las directivas con el objetivo de “crear y mantener la unidad de acción” en el trabajo de los fiscales, que tiene cinco miembros: el fiscal de Corte (que lo preside), dos representantes del Poder Ejecutivo, uno de los dos fiscales letrados de Montevideo con mayor antigüedad y un representante del gremio de fiscales.
Para alcanzar una decisión en el consejo es necesaria una mayoría simple, que debe integrarse con al menos un voto de los representantes del Poder Ejecutivo, por lo que, para aprobar sus propuestas, el gobierno necesita el apoyo de al menos un miembro más del órgano.
En 2024, las autoridades del Ministerio del Interior del gobierno de Luis Lacalle Pou habían reclamado al Ministerio Público que convocara al consejo, en particular a Ferrero, pero finalmente nunca se concretó, según confirmó el exsubsecretario del Interior Pablo Abdala. Buscaban limitar la negociación de los fiscales para alcanzar acuerdos abreviados con los imputados y hacer cambios al respecto de los emplazamientos sin fecha de las personas que son detenidas, pero “no se avanzó” porque “el consejo nunca llegó a convocarse”, dijo Abdala, aunque mantuvieron reuniones por separado con el gremio de fiscales y con la fiscal de Corte.
Cambios a la normativa penal
El gobierno también pretende realizar una reforma general del Código del Proceso Penal (CPP) vigente y del Código Penal, lo que requerirá de una amplia discusión en la que participe la academia, los fiscales, el Poder Judicial y el sistema político. Sobre este punto habían estado de acuerdo el Partido Nacional y el Partido Colorado, en el marco de la campaña política por las elecciones de 2024.
Entre los cambios al CPP, el Frente Amplio propondrá volver a incorporar la suspensión condicional del proceso, realizar cambios a los plazos de investigación y de acusación, y regular las potestades autónomas de investigación de la defensa, dijeron a Búsqueda desde el Poder Ejecutivo.
También planteará que los acuerdos abreviados puedan ser “revisados” por un tribunal que deberá crearse para casos en que hechos posteriores lo ameriten. Entre los fundamentos del planteo, sostienen que uno de los aspectos más cuestionados de los acuerdos abreviados —mecanismo por el que se resolvieron nueve de cada 10 procesos penales en los últimos años y que implican un acuerdo entre los fiscales y los imputados— es que solo pueden interponerse recursos de revisión con causales “restrictivas” y que, en la mayoría de los casos, se negociaron en 24 o 48 horas.
Código del Proceso Penal
Código del Proceso Penal.
Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Sobre modificar el Código Penal, también hay coincidencia de su necesidad entre la academia y los diferentes partidos políticos, porque el que está vigente es de 1934. El último intento de una reforma global se inició en 2022, cuando el abogado y docente universitario Gastón Chaves Hountou fue contratado por la Presidencia de la Cámara de Diputados para elaborar un informe que sirvió como insumo principal para un proyecto de ley de reforma del Código Penal que fue ingresado a la Cámara Baja a fines de 2023.
Más allá de los cambios en la realidad criminal, con la aparición y luego el aumento del narcotráfico y del crimen organizado, desde hace décadas expertos en derecho advierten que las sucesivas modificaciones aprobadas en el Parlamento volvieron incoherente al Código Penal. El problema principal es la falta de proporcionalidad en la aplicación de las condenas y sanciones en función del delito cometido, lo que se conoce como “dosimetría penal”. Por ejemplo, se ha cuestionado que la pena máxima de las estafas sea de cuatro años o que la del homicidio sea 30.
