Juan Miguel Petit envió informe al gobierno y a legisladores con medidas carcelarias urgentes y recomendaciones

Para ello, y con la coincidencia de los diversos partidos políticos en que las cárceles son una de las prioridades a atender para mejorar la convivencia y la seguridad, Petit propone que los partidos políticos con representación parlamentaria alcancen un “pacto de Estado” que permita “sostener las reformas en el tiempo”. Señala que el sistema “sigue siendo un problema de salud pública, de seguridad y de integración social” y obtener una mejora “supera el tiempo vital de una administración”. En ese marco sugiere elaborar un “sólido plan estratégico” que tenga una primera concreción en la Ley de Presupuesto de 2025.

“Es para enfrentar las situaciones más frágiles y explosivas, que están en el área metropolitana, porque el presupuesto del INR viene del período pasado y se requieren recursos extraordinarios”, dijo Petit a Búsqueda. Según establece el documento, el grupo ejecutivo debería rendir cuentas en un plazo inferior a un año y medio, cuando estará en ejecución el nuevo Presupuesto Nacional. Como ejemplos se plantean “mejoras inmediatas” en temas como cupos educativos, actividades deportivas, capacitaciones, asistencia médica, asistencia de adicciones y atención familiar.

Redirigir recursos

En paralelo, a raíz de las “carencias estructurales y operativas”, sugiere que es necesario un refuerzo de los recursos, que sean redirigidos de los organismos encargados de las políticas penitenciarias. Por ejemplo, recomienda mejorar el régimen de alimentación y la calidad de los insumos y “si es necesario la privatización” del servicio.

Un trabajo realizado por un equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que analizó en 2020 tres unidades carcelarias (en Canelones, Rivera y Maldonado), concluyó que la disponibilidad de los alimentos era “escasa” y no lograba “cubrir las necesidades esenciales” de las personas privadas de libertad, en particular por el “bajo aporte” de fibra y de hierro. Según el último informe anual de 2024, el gasto diario en alimentación es de $ 88 por cada preso, “cifra que viene cayendo año tras año”.

Otras de las recomendaciones a corto plazo son mejorar las salas de visita, mejorar las coordinaciones de atenciones externas en salud —“que muchas veces se demoran excesivamente”— y dotar las cárceles de actividades deportivas al aire libre, mediante convenios con instituciones, clubes u organizaciones, por el “buen impacto que tienen en la salud mental y la convivencia”.

A través del informe, Petit reiteró la necesidad de que se concrete la descentralización del INR, porque “la dependencia administrativa” del Ministerio del Interior “conspira seriamente” contra la necesidad de que se fortalezca como organismo encargado de la gestión de las cárceles y la rehabilitación de los privados de libertad.

Una de las propuestas innovadoras incluidas en el documento es que se identifiquen “posibles inmuebles estatales sin uso” para que puedan instalarse pequeñas unidades penitenciarias, programas de medio camino para el seguimiento de medidas alternativas a la cárcel.

Reformas legales

El segundo gran capítulo del informe especial está vinculado con medidas de política criminal, que es la que determina la aplicación de la sanción penal para quienes cometen delitos, la forma y el tiempo de aplicación y las políticas sociales que se ofrecen para la privación de libertad con el objetivo de lograr la rehabilitación de los reclusos.

Petit plantea que debería existir una “respuesta institucional” —legal y normativa— frente a la alta prisionización para que “empiece a disminuir” la cantidad de personas privadas de libertad. Como ha reiterado a través de los informes anuales, considera que se debe fortalecer el sistema de medidas alternativas a la cárcel, pero también señala que es necesario realizar reformas de las normas penales. Por ejemplo, propone “restablecer la redención de pena por trabajo y estudio” para los delitos de estupefacientes —una posibilidad que se restringió en la Ley de Urgente Consideración— y volver a establecer la suspensión condicional del proceso para “infracciones mínimas”. Esta última era una herramienta que permitía suspender un proceso penal contra una persona sin que forme parte de los antecedentes a cambio de cumplir con determinadas condiciones.

También recomienda permitir que se pueda postular para una pena alternativa a la prisión a quienes tienen penas menores a tres años o tienen circunstancias que contraindican el uso de la cárcel, como las personas con hijos a cargo.

Salud y menos cárceles

Por otro lado, entre las recomendaciones de fondo, el informe especial plantea como tema central que ASSE comience a cubrir todo el sistema penitenciario, como establece el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque en la actualidad solo está presente en el 75% y el resto está a cargo de Sanidad Policial. Eso tiene consecuencias en la atención que reciben las personas privadas de libertad, por ejemplo, en casos de traslados, porque falta coordinación y porque no existe atención psicológica en Sanidad Policial.

En relación con la salud mental, el comisionado parlamentario penitenciario propone la creación de un módulo especializado, ya que quienes tienen patologías de salud mental deben convivir en las cárceles con el resto de los reclusos y “son víctimas de abuso”. Esto permitiría que las personas con trastornos crónicos de salud mental sean atendidas en lugares con el equipamiento adecuado, en infraestructuras previstas para esos casos, con atención psiquiátrica, de enfermería, psicológica, algo que “en las unidades penitenciarias no existe”.

Otra de las sugerencias es que comience la implementación de un programa de atención al uso problemático de sustancias en las cárceles y sea “de amplia cobertura real” entre las personas privadas de libertad, donde las intervenciones han sido “puntuales”.

Petit también recomienda avanzar hacia centros de “inserción social” o de “medio camino” para que las personas que cometen delitos y reciben penas cortas puedan ingresar a un lugar donde deben permanecer desde la tarde a las primeras horas de la mañana, en un régimen controlado, y el resto del día deban asistir a actividades, de manera supervisada. “Esto evitaría el contraproducente ingreso a prisiones por delitos leves y sería un estímulo para quienes van cumpliendo una condena más larga pero que pueden tener un pasaje por un centro con privación de libertad atenuada pero con una inmersión paulatina en la sociedad”, dice el informe.