Daniela Godoy, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para América Latina y el Caribe, destacó que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en Uruguay sea “más baja en comparación al promedio regional”. Sin embargo, explicó que en el país existen “desafíos importantes en materia de sobrepeso”, ya que los índices, tanto en niños como en adultos, superan los resultados de la región.
En entrevista con Búsqueda, la experta chilena, que se encuentra en misión de servicio por estos días, opinó que Uruguay tuvo avances importantes en materia legislativa que permiten ir hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios, pero señaló que tiene entre sus principales desafíos optimizar el financiamiento para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como avanzar hacia una mayor cooperación internacional “en lo que respecta a la producción y al comercio agroalimentario”.
—¿Cómo describe el estado actual de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe? ¿Qué tendencias identifica?
—De acuerdo a los últimos datos, estamos a nivel global muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que tiene por fin erradicar el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero en América Latina y el Caribe vemos ya por segundo año consecutivo una disminución en la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Cuando hablamos de hambre, hablamos de las calorías suficientes que necesita una persona para vivir, pero el concepto de inseguridad alimentaria está relacionado con el acceso a los alimentos, no solo en la cantidad de calorías requeridas sino también en la calidad nutricional que aportan los micronutrientes y los macronutrientes que se necesitan para que una persona tenga una buena nutrición y una mejor salud. En ese sentido, los datos muestran que estas reducciones se dan principalmente en Sudamérica, pero existe una diferencia importante por subregiones.
—¿Qué factores afectan más gravemente a la seguridad alimentaria en la región?
—Obviamente, hay conflictos en el mundo que afectan la disponibilidad y el acceso a los alimentos y también el consumo. Por otra parte, la crisis climática también tiene efectos en los sistemas agroalimentarios y estos a su vez tienen efectos ambientales que podemos modificar a través de distintas políticas públicas para su transformación. También identificamos algunos determinantes vinculados con las desaceleraciones económicas, como vimos por ejemplo durante la pandemia del Covid-19, en la que hubo problemas económicos que afectaron a las poblaciones y el acceso a los alimentos. Pero, también, temas como la desigualdad (en el acceso a alimentos nutritivos), sobre todo en América Latina y el Caribe.
—¿Qué políticas alimentarias considera esenciales para enfrentar los problemas de inseguridad alimentaria en la región? ¿Qué rol juegan las políticas públicas en la mejora de la nutrición de las poblaciones más vulnerables?
—Cuando hablamos de alimentos tenemos que pensar en el derecho a la alimentación adecuada, que es un derecho fundamental básico y que debe garantizarse para todas las personas sin excepción y sin dejar a nadie atrás. Y lo que se requiere para garantizar este derecho es la transformación de los sistemas agroalimentarios, para que sean eficientes, pero también inclusivos con todas las poblaciones, resilientes y sostenibles. Esto (se necesita) para poder alcanzar una producción sostenible y resiliente de alimentos nutritivos que permitan una mayor seguridad alimentaria y una mejor nutrición, pero abordando también la crisis climática. Hay una serie de políticas que pueden contribuir a esta transformación: son muy importantes las políticas para la resiliencia climática, pero también para la resiliencia de las poblaciones más vulnerables, porque hay desigualdades importantes no solo en el acceso a los alimentos, sino también en el consumo. Y esto se ve fundamentalmente en nuestra región, que produce muchos alimentos e incluso contribuye a la seguridad alimentaria mundial, pero donde el acceso y el consumo de los alimentos son diferentes dependiendo de los países, de los territorios y de las poblaciones. Ahí hay desigualdades importantes que se necesitan abordar. Es por eso que junto con la resiliencia del clima también se promueve la resiliencia de los medios de vida y el apoyo a la agricultura familiar, que es parte fundamental en la entrega de alimentos locales, frescos y nutritivos. También es importante abordar aspectos como el costo de las dietas saludables y los entornos que permiten crear comportamientos alimentarios más saludables. Para eso se requieren políticas públicas como los programas de alimentación escolar, que permiten sostener esta transformación al incluir, por ejemplo, la agricultura familiar a través de las compras públicas, mejorando la resiliencia de los medios de vida. Y también porque los alimentos que llegan a los menús escolares son más nutritivos y contribuyen a las dietas saludables de los escolares.
—¿Qué programas o proyectos de la FAO han tenido mayor éxito en mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria en la región?
—Son muy importantes los programas de protección social, sobre todo cuando esos programas son sensibles a la nutrición, es decir, no solo están enfocados en mejorar los medios de vida o los ingresos de las personas, sino también en contribuir a su seguridad alimentaria y a su nutrición. Hay algunas experiencias que incluyen la educación alimentaria nutricional junto con la entrega de ciertos beneficios sociales que contribuyen a la seguridad alimentaria. Son importantes también las medidas para una producción sostenible y resiliente, específicamente en alimentos que son nutritivos y que forman parte de la dieta saludable, como las frutas y las verduras. Y también los programas de alimentación escolar junto con otros programas alimentarios que contribuyen al acceso y la asequibilidad a los alimentos nutritivos de las poblaciones más vulnerables. Hay también otras políticas basadas en evidencia y que contribuyen a mejorar los entornos alimentarios, como las leyes de etiquetado frontal de alimentos que permitan entregar más información a las personas acerca de los los alimentos que están consumiendo.
—¿Cuáles son las principales innovaciones o tecnologías que podrían transformar la seguridad alimentaria en la región de cara al futuro?
—Hay un tema muy importante que tiene que ver con la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es fundamental poder disminuir las pérdidas y los desperdicios porque efectivamente hay ahí un efecto económico, social y ambiental. Muchos de los alimentos que se pierden principalmente están asociados a alimentos perecibles y nutritivos, que servirían para alimentar a las personas que no pueden acceder a ellos por su alto costo. Hay innovaciones ahí que se pueden implementar, que pueden ser más institucionales de tener gobernanza, comités nacionales o incluso incluir los productos locales y la cocina tradicional en la alimentación escolar para reducir los desperdicios de los alimentos. También hay tecnologías que se pueden practicar para disminuir las pérdidas poscosecha o facilitar los envasados y la distribución de los alimentos, y otras tecnologías que se pueden utilizar a través de la digitalización para cumplir este cometido.
—Según el último informe SOFI, ¿cómo se compara Uruguay con el resto de América Latina en términos de seguridad alimentaria y nutricional? Según los últimos datos, el país tiene las cifras más bajas de desnutrición e inseguridad alimentaria de la región.
—Vemos algunas oportunidades en el país, como, por ejemplo, el hecho de que la prevalencia del hambre sea menor a 2,5% o que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave sea también más baja en comparación al promedio regional. Sin embargo, se ven desafíos importantes en materia de sobrepeso, ya que, cuando hablamos de la prevalencia del sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años, esta prevalencia es mayor que la prevalencia de la región, y lo mismo ocurre con la obesidad en adultos. Este año publicamos los datos de 2022 y vemos que hay un incremento, por lo tanto ahí hay un camino importante que seguir recorriendo y poder abordar la malnutrición por exceso, que es un desafío que tiene el país. En materia legislativa, Uruguay ha tenido algunos avances importantes, ha avanzado en leyes de compras públicas, de pesca artesanal, también en el Programa de Alimentación Escolar o el plan de Agricultura Familiar. Son buenas prácticas que permiten avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios.
—¿Cómo se puede mejorar la educación nutricional en Uruguay para prevenir el aumento de enfermedades relacionadas con la dieta, como la obesidad y la diabetes, que son mencionadas en el informe?
—La educación alimentaria y nutricional es muy relevante y se puede dar en los distintos entornos alimentarios, ya sea el escolar, el comunitario o en los familiares. Entonces es muy importante junto con implementar medidas para crear entornos alimentarios más saludables y facilitar el acceso y la accesibilidad a las dietas saludables, el poder crear comportamientos alimentarios más saludables, crear conciencia desde niños en relación con cómo se producen los alimentos, el valor de la agricultura familiar, la importancia de las preparaciones tradicionales de los productos locales y frescos. Y otro tema importante es la estacionalidad, porque consumir los alimentos en el momento adecuado tiene una serie de beneficios. En esa línea, las guías alimentarias permiten entregar recomendaciones para comprender cuáles son los alimentos que se recomiendan consumir para su nutrición y salud pero también cuáles son aquellos alimentos en los que hay que reducir el consumo para evitar problemas.
—¿Cómo imagina la evolución de la seguridad alimentaria en América Latina en los próximos cinco a 10 años?
—De aquí a cinco años vamos a estar cerca del objetivo 2030 de la agenda. El sueño sería poder cumplir con la erradicación del hambre, que es el fin que tenemos. Sin embargo, sabemos que hay dificultades en el camino y estas crisis sucesivas que se van presentando en el mundo ponen en peligro la disminución de la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria. Hace dos años estamos viendo una reducción, entonces esperamos que los países puedan implementar medidas para poder seguir disminuyendo los índices de hambre y de seguridad alimentaria. Por ejemplo, sabemos que, a través de la Alianza contra la Pobreza y el Hambre del G20 que lidera Brasil o el plan de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para la seguridad alimentaria y la nutrición, los Estados miembros pueden tener más instancias de cooperación para poder juntos ir poco a poco alcanzando la meta al 2030.