Las enfermedades y accidentes laborales le cuestan a la economía nacional más de US$ 1.000 millones al año

Sin embargo, un trabajo realizado por el Observatorio del Sistema de Salud (OSS) del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) promedia ese impacto en el 1,38% del PIB nacional, aproximadamente US$ 1.062 millones. Este análisis fue publicado en el segundo número de la revista Os, a principios de agosto. Para tener una idea, ese porcentaje de gasto para el país es aproximadamente el mismo aporte a la economía nacional que realizó anualmente la forestal Montes del Plata en promedio durante el último trienio. Se trata de la misma empresa responsable del 6,9% de las exportaciones de Uruguay en ese mismo período.

Dificultades

Las prestaciones económicas, fáciles de registrar, son solo una parte de las consecuencias económicas de los accidentes laborales. Ni siquiera es la más grande. Según parámetros internacionales a los que los investigadores debieron acudir, los costos indirectos de estos incidentes —entendidos como las pérdidas sin transferencias monetarias directas, como la productividad— duplican y aun cuadriplican a los directos. Estos últimos comprenden los subsidios del BSE por incapacidad laboral temporal o permanente o fallecimiento, así como los gastos médicos asistenciales.

En 2024, el último año analizado con datos completos, se registró un total de 49.571 accidentes laborales; 39.525 de estos fueron amparados por el BSE y 10.046 no. Desde 2020 este número ha venido en aumento. Para encontrar cifras superiores hay que retrotraerse hasta 2014.

En ese año, la tasa de incidencia fue de 2.634 accidentes por cada 100.000 ocupados formales. Expresado de otra forma, el 2,63% de los trabajadores en regla sufrió uno.

No fue objetivo del estudio analizar a qué se debe el aumento, aunque la llegada de la pandemia es un evidente punto de inflexión. Si bien en algunas de las variables requeridas había datos correspondientes a 2025, “la construcción de un modelo implica la utilización de diversas variables que requieren estar todas cuantificadas”, explicaron a Búsqueda sobre el porqué del corte ese año.

El número de fatalidades es uno de los que sí estaba disponible de 2025: 35 muertes; ocho se dedicaban a la construcción, otros ocho al transporte y el almacenamiento, y unos seis a la ganadería y la agricultura. El resto se distribuyeron mayormente en el comercio. Es algo superior al número de fallecidos en accidentes amparados por el BSE en 2024, 32, misma cifra que en el promedio 2022-2024.

El informe establece que este número no incluye las muertes por enfermedades laborales, que suelen ser entre seis y 10 veces mayores que aquellos en países con ingresos altos, categoría en la que desde 2012 se encuentra Uruguay según el Banco Mundial. Esto generaría entre 192 y 320 fallecimientos adicionales.

La siniestralidad laboral es un fenómeno predominantemente masculino. Si bien los hombres representan el 54,4% de los trabajadores formales, un porcentaje mucho mayor de los accidentados, el 71,5%, es varón. Los riesgos mayores desglosados por edad se ven en los menores de 25 años. Analizar esta concentración es, a criterio de los expertos del Cinve, “un complemento analítico” futuro del “caso uruguayo”.

Uno de los problemas para evaluar a ciencia cierta el costo económico de las enfermedades y accidentes laborales es que, como consigna el informe, el BSE solo registra al empleo formal. La que queda afuera es una porción grande, ya que aproximadamente la quinta parte de la población ocupada trabaja “en negro”.

Variables

Para llegar al promedio y a los escenarios de máxima y de mínima sobre el impacto de los accidentes y enfermedades laborales en la economía uruguaya, Cinve consideró cuatro variables. A los costos directos les sumó los costos sociales externalizados, como subsidios del Banco de Previsión Social (BPS), la atención del sistema de salud a trabajadores sin cobertura específica y la pérdida de recaudación fiscal tras la merma en los ingresos laborales.

A su vez, también consideró dos tipos de costos indirectos: uno para los empleadores, con base en la pérdida de producción por los días de trabajo perdidos; otro para trabajadores y hogares, como los gastos de bolsillo para la atención sanitaria y el lucro cesante por pérdidas temporales o permanentes.

De esta manera se llega a un escenario mínimo de US$ 551,3 millones, correspondiente a un 0,72% del PIB y uno máximo de US$ 1.820,4 millones (2,36%). El primero de ellos aplica “supuestos conservadores”: se limita al sector formal, presume una recuperación de la producción mínima y prescinde de las enfermedades profesionales. El segundo de ellos, por el contrario, “maximiza todos los componentes”.

El escenario central es el que se ubica en el entorno del 1,4% del PIB.

El informe indica que este último escenario en Uruguay se encuentra en el rango inferior de las previsiones de la OIT para tales casos. Si bien en los países de desarrollo similar o superior estos indicadores son mayores, la cifra “es consistente” con una “cobertura de seguridad social relativamente amplia para la región”. El escenario de máxima contempla más situaciones de informalidad, “aunque sigue siendo conservador respecto al promedio global”.

Para el equipo del OSS, “es relevante seguir avanzando” en la obtención de datos para calcular más acertadamente el costo de las enfermedades y accidentes laborales en la economía del país, “lo que permita adoptar políticas públicas más efectivas”. En ese sentido, el Cinve avala como buena la propuesta del Observatorio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, surgido de un convenio entre el BSE y el MTSS. Este se va a encargar de monitorear las condiciones laborales en el país así como fomentar la investigación.