La lista a favor de crear esa figura penal en Uruguay incluye a las autoridades actuales y a anteriores de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la Fiscalía General de la Nación, al secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, y al Mecanismo Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, durante varios años, legisladores y bancadas de varios partidos políticos han intentado sin éxito incluir esa conducta en el Código Penal, mediante la presentación de varios proyectos de ley. Las posiciones varían según quien ocupe el rol oficialista y de oposición.
En lo formal, el tema tiene estado parlamentario. El 18 de octubre de 2022, el Frente Amplio ingresó, con la firma de toda su bancada de senadores, un proyecto de ley para tipificar el delito que consta de dos artículos: uno que define el alcance de la figura del enriquecimiento ilícito (exclusivamente para funcionarios públicos) y otro que establece un aumento de la pena a personas que ocupan cargos para los que fueron electos, de particular confianza o hubieran sido designados con venia parlamentaria.
La iniciativa determina una sanción de entre 18 meses y seis años de prisión, una multa de 50 UR a 15.000 UR y la inhabilitación especial por entre dos y cinco años para las personas obligadas a presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos que tengan un “incremento patrimonial significativo e injustificado” en relación con sus ingresos, incluso hasta cinco años después de haber dejado el cargo. Para los casos considerados más graves antes mencionados, se incrementa la pena a entre dos y 10 años de penitenciaría, una multa de entre 300 UR y 15.000 UR, junto con una inhabilitación especial de cinco años a una década para ocupar cargos públicos.
Pero en la Cámara Baja no tuvo mayor éxito. En plena campaña electoral, el 4 de setiembre de 2019 el entonces diputado frenteamplista José Carlos Mahía anunció en una sesión de la Comisión de Constitución que el proyecto se votaría en la siguiente sesión, con un acuerdo de todos los partidos. Pero cuando el cuerpo se volvió a reunir el 11 de setiembre, el propio Mahía dijo que si bien se buscaba incluir algunas modificaciones, la bancada entonces oficialista no había podido hacer las consultas para llevar adelante los cambios. “Nuestras dudas refieren a la inversión de la carga de la prueba y a la calificación de ‘significativo’ del enriquecimiento. Estos puntos están en debate en nuestra fuerza política, y por esa razón solicitamos la postergación del tratamiento de este punto”, adelantaba el diputado.
En la actual legislatura, la última vez que el tema fue mencionado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado este año fue el 21 de marzo de 2023. Allí, Mahía, ahora senador, explicó por qué se había trancado cuatro años atrás en Diputados. “En la Cámara de Representantes tenía observaciones con respecto a algunos aspectos del articulado, que creo que los hemos levantado, porque en mi opinión es más garantista en el sentido de tipificar esta figura con mayor precisión, para que no nos pase como en otras oportunidades”, dijo el senador, poniendo el ejemplo del delito del abuso innominado de funciones.
En esa misma sesión, el senador frenteamplista Charles Carrera puso al proyecto de ley como tercera prioridad de la bancada del Frente Amplio para aprobar en la comisión, en una lista de cinco iniciativas. En tanto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que se trataba de un tema que “siempre” fue interesante para el oficialismo, dado que la falta de la figura delictiva “es una de las observaciones —casi grave— del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, aunque recordó que durante los 15 años de gobierno frenteamplista no había podido ser aprobada. No obstante, dijo que era necesario fijar “prioridades que la coalición de gobierno esté dispuesta a llevar adelante, siempre buscando el consenso, pero usando las mayorías”, y que si bien no se “cerraba” al tratamiento del proyecto ni a otras iniciativas del Frente Amplio”, el oficialismo tenía “otras prioridades y algunas ideas respecto al enriquecimiento ilícito, como la de crear un verdadero sistema del control de la corrupción, más integral”. Eso, agregó, estaba en “proceso de estudio a nivel del Poder Ejecutivo y de la coalición”.
Consultada por Búsqueda, Bianchi dijo que está interesada en tratar el tema, dado que es parte de las observaciones que en su momento hizo el GAFI. La senadora subrayó que en la legislatura pasada el Frente Amplio pudo haber avanzado en su aprobación y que actualmente está “en la cola” de temas de la comisión y “en algún momento se va a tratar”. Según aseguró, incluso ella propuso crear una “subcomisión” para agilizar el tratamiento de otros proyectos de ley, pero su propuesta no fue tenida en cuenta.
Otros legisladores oficialistas de la comisión como Carmen Asiaín (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) prefirieron no adelantar una opinión sobre el proyecto.
Cabildo Abierto también había presentado una propuesta para legislar sobre el “enriquecimiento ilegal en perjuicio del Estado” en junio de 2021, que tampoco fue tratado en la comisión. Establecía penas de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría y multas de entre 500 y 10.000 UR e inhabilitaciones de cinco a 10 años para ejercer la función pública. Este proyecto define el enriquecimiento ilícito a aquel que supere en un 30% del declarado bajo juramento al asumir la función pública.
Narcotráfico y corrupción
Además de GAFI que busca combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos también ha recomendado la creación del delito de enriquecimiento ilícito.
En la última ronda de evaluación, que terminó el 16 de marzo, el Mesicic aprobó un nuevo informe sobre Uruguay donde planteó que el país debe “reexaminar la posible incorporación como delito” del enriquecimiento ilícito, como establece la convención anticorrupción a la que adhirió en 1998.
Consultado por Búsqueda, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, opinó que “se debe concretar” la aprobación de un proyecto de ley que establezca la creación del delito de enriquecimiento ilícito. Es cada vez más necesario “si queremos luchar contra el narcotráfico y la corrupción”, afirmó, y agregó que “es tan culpable, o más, quien pueda usufructuar de bienes de origen ilícito o crear una solvencia patrimonial basada en el delito”.
Tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior han identificado estos delitos como prioritarios. Esta realidad impulsó a Gómez a dividir el trabajo en las sedes de estupefacientes entre microtráfico de drogas y macrotráfico (para los grandes cargamentos relacionados al tráfico internacional) y, a su vez, por el incremento de los delitos vinculados con funcionarios públicos, a proponer la creación de una fiscalía especializada en corrupción.
En lo que va del año, 72 personas han sido condenadas por delitos vinculados al lavado de activos y la corrupción, según datos publicados en la página web de la Fiscalía General de la Nación. Sobre delitos vinculados a estupefacientes, fueron 852 en todo el país.
En 2012, Gómez —entonces fiscal especializado en Crimen Organizado— compareció en una comisión especial de la Cámara de Diputados, junto con los jueces penales especializados en Crimen Organizado de 1er y 2o turno Néstor Valetti y Adriana de los Santos. En esa instancia, Valetti señaló que algunas legislaciones consagraron el enriquecimiento ilícito como delito precedente de lavado y otras como delito específico, lo que permite llegar al “poderoso”, es decir, al que está detrás de las organizaciones criminales. “Si no vamos por el lado del enriquecimiento ilícito, es muy difícil llegar a ellos”, dijo.
En 2017, el entonces presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, declaró a LaRed21 que muchos países crearon el delito porque “es más fácil comprobar que una persona se enriqueció que demostrar que recibió coimas”.
Cuestionamientos
Si bien los proyectos presentados a lo largo de los años han tenido casi nulo tratamiento parlamentario, a pesar del interés declarado, los actores vinculados al proceso penal también han realizado críticas a cuestiones que se han propuesto.
En particular, varios fiscales señalaron a Búsqueda diferencias con que se “invierta la carga de la prueba”. Esto en relación con que las iniciativas, desde la primera que fue presentada en 2001, señalan que sea el imputado quien acredite con evidencia el origen del dinero o los bienes adquiridos, es decir, su inocencia, y no el Ministerio Público, que es quien lleva a las personas a la Justicia con una acusación.
“La prueba del enriquecimiento será de cargo de Fiscalía, debiendo intimar al imputado la justificación y prueba razonable de su procedencia sin perjuicio de los demás medios de prueba disponible”, establece uno de los artículos del proyecto presentado por senadores frenteamplistas.
En la respuesta que dio la Jutep a las consultas del Mesicic, el organismo de contralor uruguayo expuso las miradas críticas que hay en el país sobre el delito. Señaló que parte de la doctrina considera que al invertirse la carga de la prueba en el ámbito penal se afectaría el principio de inocencia. Otro argumento es que, ante la imposibilidad de probar el delito base, se establece como delito lo que no es una conducta, sino en todo caso la consecuencia o el producto de una conducta ilícita, “que no se sabe bien cuál es y tal vez no tenga relación con la probidad en el desempleo del cargo”. Por tanto, sería un “delito de sospecha”.
Tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior han identificado estos delitos como prioritarios
https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Gomez-busca-crear-fiscalias-de-carceles-y-de-corrupcion-mientras-pide-prioridad-presupuestal-para-investigar-los-delitos-sexuales-uc56739
