La corrupción, que incluye delitos como tráfico de influencias, soborno, peculado, abuso de autoridad, cohecho o la conjunción del interés personal y del público, es entendida como un “flagelo” por la Fiscalía General de la Nación, porque tiene “graves consecuencias” como una disminución de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y, por tanto, una “desvalorización de la democracia”.
Uruguay adhirió en 2006 a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, redactada tres años antes en Mérida, México. Ese documento describe al fenómeno como una “plaga insidiosa” que tiene un amplio espectro de consecuencias “corrosivas” para las sociedades, porque “socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
El artículo 36 de la convención establece la necesidad de que todos los países se “cercioren” de tener “uno o más órganos o personas especializadas” en la lucha contra la corrupción “mediante la aplicación coercitiva de la ley”, quienes deben tener la “independencia necesaria” para que “puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas”. Agrega que las personas deben tener la “formación adecuada” y los “recursos suficientes” para trabajar.
Para cumplir con esos objetivos, Gómez planteó la creación de una Fiscalía especializada, a partir del 1° de octubre de 2023, formada por un fiscal letrado de Montevideo, dos adscriptos y otros dos funcionarios administrativos. El costo total para este año serían $ 3.065.092 y $ 12.860.367 en 2024, que además de las partidas salariales incluye una de perfeccionamiento académico y otra de capacitación técnica.
Vínculo con el narcotráfico
En la comisión parlamentaria que analiza la Rendición de Cuentas, Gómez fue consultado por varios legisladores acerca de las afirmaciones vertidas en el documento sobre el aumento de las denuncias vinculadas a hechos de corrupción.
El diputado frenteamplista Mariano Tucci hizo referencia a la guerra declarada al narcotráfico, donde Uruguay pasó de ser un “país de tránsito” a uno de “tránsito y acopio”, y le preguntó al director general de la Fiscalía si consideraba —al igual que él— que la creación de la oficina especializada contribuiría directamente con el combate del tráfico de estupefacientes, sobre todo por casos donde funcionarios públicos sacan provecho propio o en beneficio de un tercero. “Yo lo estoy vinculando directamente con la lucha contra el narcotráfico. Quiero saber si ustedes tienen una visión similar en ese sentido”, afirmó.
El fiscal de Corte subrogante aseguró que “pronósticos razonables” indican que “puede estar íntimamente relacionado el tema de corrupción con la lucha contra el tráfico de estupefacientes” y que se trata de “una proyección con el sentido de que eso pueda ocurrir”.
Consultado al respecto, el profesor grado 3 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Gabriel Tenenbaum dijo a Búsqueda que el tráfico de drogas de “mediana y gran envergadura, para funcionar necesita sí o sí de corrupción, tanto privada como pública”. Los delincuentes recurren a complicidad en el puerto, en la Aduana, en Migraciones, de grandes camiones de transporte para el traslado de la mercadería y de las fuerzas de seguridad pública para tener protección en el negocio. “No hay dudas. A nivel internacional está muy aceitado. Hay personas que ocupan cargos públicos y privados que asisten a la ilegalidad”, afirmó.
En tanto, en el caso de pequeños grupos vinculados al narcotráfico, como son la mayoría de los casos en Uruguay, consideró que hay una “suerte de connivencia entre la Policía y algún grupo en el territorio”, pero de forma “coyuntural”. Puso como ejemplo los relevamientos que fueron realizados en mayo de 2019 en la Zona Operacional IV de Montevideo, luego de que varios policías fueran formalizados por diferentes delitos, entre ellos extorsionar a un hombre que era investigado por estafa, al exigirle dinero para que evitara la prisión y pudiera seguir con su negocio.
También hubo casos de funcionarios policiales formalizados por entregar armas a organizaciones criminales. Por tanto, el sociólogo señaló que la corrupción es “hermana” de delitos vinculados al tráfico de drogas, y ambos son delitos precedentes del lavado de activos.
Según datos de Fiscalía publicados en la página web, entre 2019 y 2022 hubo 720 personas que fueron imputadas en todo el país por delitos de blanqueo de dinero y corrupción, 328 de ellas el año pasado.
En el caso específico de las Fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Complejos de Montevideo, que dirigen las investigaciones que involucran a funcionarios públicos, en el mismo período hubo cuatro imputaciones por cohecho, dos por concusión, 17 por peculado, cuatro por revelación de secreto y ocho por abuso de funciones en casos no previstos por la ley, entre otros. Esos datos surgen de la respuesta de un pedido de acceso a la información pública que realizó Búsqueda.
Falta actualización
En el documento sobre la Rendición de Cuentas, el Ministerio Público se refiere a las instituciones estatales que están vinculadas a la lucha contra la corrupción, que “datan de largo tiempo”, como el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que “no todas” han tenido una “significativa actualización” sobre los “requerimientos que la temática conlleva”, como es el caso de la Fiscalía.
Al respecto, la Fiscalía advirtió que de continuar vigente la normativa actual “permanecerán los inconvenientes vinculados a la compleja y sobreabundante cantidad de investigaciones en curso”, porque “es bien conocida” la carga de las Fiscalías que se ocupan de las indagatorias, como Delitos Económicos y Complejos, Lavado de Activos, Estupefacientes y Flagrancia. En cambio, la creación de la sede especializada en corrupción, aseguran desde Fiscalía, permitirá realizar investigaciones que alcancen “buenos resultados”.
Según informó el Ministerio Público a través de un pedido de acceso a la información pública, en delitos vinculados al blanqueo de dinero y la corrupción el porcentaje de denuncias analizadas del total de las recibidas desciende desde 2018, cuando fueron el 47%, mientras que en 2022 representaron el 31%. Esta situación es explicada por la complejidad de las investigaciones, además de un aumento de los casos.
Cuestión de percepción
El año pasado Uruguay ocupó la posición número 14 en el Índice de Percepción de la Corrupción, que es publicado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Berlín.
Este índice clasifica a 180 países y territorios según la apreciación que tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público. El puntaje obtenido fue de 74 sobre 100, cuando el cero se refiere a un país muy corrupto y el máximo a uno con muy baja corrupción.
La imagen de Uruguay en esa área, sin embargo, sufrió algunos golpes en los últimos años, según analistas internacionales.
Sin embargo, la Fiscalía considera que es necesario crear un “indicador útil de medición” —más allá del índice de percepción— que pudiera ser “beneficioso para los gobernantes” para evaluar futuras acciones en torno a la temática, además de transformarse en una “fuente de información confiable y oportuna”.
La dificultad del acceso a cifras fue planteada por Gómez en el Parlamento, quien señaló que con el “aumento de casos” de corrupción se refieren a situaciones que aparecen en el sistema de Fiscalía que “se tornan en circunstancias que se plantean” y “no como un hecho que no existe”. A su vez, indicó que “con gusto” van a “analizar con números el tema” para darles a los legisladores una “respuesta seria, y correcta, de cuál es el avance” de los delitos vinculados a la corrupción.
“Si bien felizmente Uruguay tiene índices muy halagüeños, en el sentido de que no es un tema que esté en la consideración diaria, en una sociedad que tiene elementos para ser modelo en Latinoamérica, pretendemos recuperar sus estándares de Estado de derecho completo”, aseguró el director general de la Fiscalía.
La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Poder Ejecutivo la semana pasada, advierte que la Junta de Transparencia y Ética Pública debería “desempen~ar un papel clave en el combate a la corrupcio´n en el pai´s”, una tarea que “ha realizado parcialmente, ya que no cuenta con los recursos ni las facultades legales necesarias para ello”. El documento también menciona como una “vulnerabilidad importante el hecho de que no se hayan tipificado los delitos de corrupción privada”.
