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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, criticó a los militares retirados que evitan brindar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. “Hay deberes morales, jurídicos, políticos e históricos. Deberes de distinto carácter y de distinta naturaleza, pero que de manera diversa nos obligan a todos, que nos comprometen a todos. Hay quienes, al día de hoy, siguen incumpliendo algunos de esos deberes; eso los convierte en enemigos de la unidad de la patria, negando el conocimiento de la verdad”, dijo.
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En Uruguay, los registros oficiales contabilizan 197 personas desaparecidas por acciones atribuidas al Estado entre 1968 y 1985, período que incluye la dictadura cívico-militar, iniciada en 1973. Tras el regreso de la democracia, en 2005 se inició la búsqueda sistemática de desaparecidos en predios militares y desde entonces se han producido siete hallazgos con identificación confirmada.
El 15 de diciembre, Lazo participó en la colocación de una placa en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en el predio conocido como 300 Carlos. Durante parte de la dictadura, el lugar albergó un galpón que funcionó como centro de detención y tortura y que hoy forma parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. El acto y la colocación de la placa estaban previstos para realizarse dentro del galpón, pero finalmente se llevaron a cabo sobre la reja de ingreso al predio.
La ministra Lazo, a la izquierda, durante la inauguración de la placa en el 300 Carlos.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“La consolidación de la unidad es un deber que tenemos para con las generaciones futuras, con nuestros hijos y nietos. Una unidad que, entre orientales, será siempre en la diversidad. Así lo marcan nuestras más claras tradiciones políticas; así emerge de los valores que le dieron vida a la patria y que inspiraron la gesta emancipadora. Este ministerio, esta ministra, está comprometido con esa unidad”, manifestó Lazo.
La ministra ya había expuesto su posición sobre los detenidos desaparecidos al asumir el cargo en marzo. En su discurso de asunción, indicó que, a 40 años del retorno a la democracia, era necesario “zurcir cualquier vestigio de fraccionamiento entre la sociedad y sus instituciones militares”. Añadió que coincidía “totalmente” con la postura del presidente Yamandú Orsi y repitió palabras del mandatario, quien había expresado días antes que “la democracia gozará de mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos”.
La discusión pública y política sobre el pasado reciente tuvo para el gobierno un capítulo sensible a inicios de mes, cuando la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que calificó de “llamativa e improcedente” la reunión que mantuvo Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para plantear su preocupación por la salud de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena.
Entre militares, policías y civiles, actualmente hay en el país más de 50 personas detenidas por crímenes relacionados con la dictadura, de los cuales una treintena cumplen su pena en Domingo Arena.
Los desaparecidos en el 300 Carlos
El 300 Carlos fue declarado Sitio de Memoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.641, de 2018, que consagra el reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales: delitos de lesa humanidad tales como tortura, desaparición forzada, homicidio político, prisión indebida, violaciones y otros delitos sexuales contra hombres y mujeres, persecución política, destituciones o exilio.
A partir de la declaración oficial, los sitios son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades.
Ingreso al Servicio de Material y Armamento del Ejército.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
También conocido como Infierno Grande, el 300 Carlos funcionó entre 1975 y 1977 como centro clandestino de detención, represión y tortura. En ese período se cometieron violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas. Por el predio militar pasaron más de 600 personas, de las cuales ocho permanecen desaparecidas. Ubicado entre los barrios Lavalleja y Peñarol, en la intersección de avenida de las Instrucciones y camino Casavalle, durante la dictadura el lugar albergaba al Batallón de Infantería Nº 13 y era utilizado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), dependiente del Ejército Nacional y responsable de coordinar la represión contra la denominada subversión, mediante detenciones ilegales, interrogatorios bajo tortura y operativos en centros clandestinos.
En el 300 Carlos se produjo la desaparición de Eduardo Bleier, Juan Manuel Breva, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermino Montesdeoca, Julio Escudero y Elena Quinteros. En 2005 fueron encontrados e identificados allí los restos de Miranda, secuestrado el 20 de noviembre de 1975. En octubre del año pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) dio por concluidas las últimas excavaciones en el predio, sin que se produjeran nuevos hallazgos. El último sector intervenido fue el ubicado detrás del galpón que durante la dictadura funcionó como centro de tortura, con una superficie de poco más de 8.000 metros cuadrados. En esa zona se excavaron 826 trincheras, con profundidades que oscilaron entre 50 centímetros y 1,50 metros.
