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    Jerarca militar vincula la muerte de Charlie Kirk a un proceso de “subversión ideológica” que también sufre Uruguay

    “La manipulación educativa, la omisión de contenidos cívicos y la aplicación acrítica de agendas han generado una ciudadanía desinformada, pasiva y funcional”, señaló el académico Pablo Caubarrere, coronel que se retiró en mayo del Ejército Nacional

    El 10 de setiembre, el activista estadounidense Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento de debate y preguntas con estudiantes en la Utah Valley University. Con 31 años, Kirk era fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, una de las organizaciones juveniles de derecha más grandes de Estados Unidos, dedicada a movilizar estudiantes a favor de la libertad de expresión, las políticas de libre mercado, el gobierno limitado y los valores cristianos. Voz mediática influyente y cercano aliado del presidente Donald Trump, era ya una figura central en la política del Partido Republicano.

    “El asesinato ha sido interpretado por sectores conservadores como una muestra del clima de intolerancia ideológica que se ha instalado en el debate público”, asegura, tres meses después, Pablo Caubarrere, coronel retirado del Ejército Nacional. “Kirk había denunciado en múltiples ocasiones el adoctrinamiento en universidades y el sesgo de los medios, lo que lo convirtió en blanco de ataques y censura”, agrega.

    El análisis de Caubarrere forma parte de un amplio artículo de su autoría publicado en la última edición de El Soldado, la revista del Centro Militar, una de las principales asociaciones que nuclea a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a su punto de vista, la muerte de Kirk es el resultado de un proceso no exclusivo de Estados Unidos, sino que abarca a varios países, entre ellos, Uruguay. “Aquí, no se manifiesta con violencia explícita, pero sí con una desobediencia institucional que erosiona los mandatos populares. La manipulación educativa, la omisión de contenidos cívicos y la aplicación acrítica de agendas globales han generado una ciudadanía desinformada, pasiva y funcional al modelo de subordinación estratégica. El caso uruguayo no es una excepción: es un síntoma”, concluye.

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    Pablo Caubarrere, a la derecha, durante una actividad de 2019 organizada por el Ejército Nacional en la visita de una delegación de China.

    Pablo Caubarrere, a la derecha, durante una actividad de 2019 organizada por el Ejército Nacional en la visita de una delegación de China.

    A Caubarrere se le autorizó su pase a retiro en mayo, mediante una resolución firmada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Se retiró del Ejército como coronel, uno de los grados más altos de la institución, y tras ocupar en los últimos años los cargos de subdirector de la Escuela Nacional de Operaciones de Paz y de inspector del Arma de Infantería. Es diplomado de Estado Mayor, licenciado en Ciencias Militares y actualmente cursa la Maestría en Estrategia Nacional.

    Su artículo se titula El atropello a la razón. Subversión ideológica, marxismo cultural y educación global: ¿una convergencia silenciosa? El caso uruguayo como manifestación concreta. Se basa en el concepto acuñado por Yuri Bezmenov, un exagente del KGB que desertó a Occidente en 1970; según Bezmenov, la Unión Soviética no necesitaba recurrir a una invasión militar para debilitar a sus adversarios, sino que podía hacerlo mediante un método gradual de influencia y erosión interna de las sociedades occidentales al que denominó “subversión ideológica”, basado en la influencia sobre la educación, los medios de comunicación, la cultura y las instituciones políticas.

    En ese marco, critica planes globales, como la Agenda 2030, por ser “una estrategia político-discursiva de control social, donde el discurso de derechos humanos se convierte en vehículo de hegemonía ideológica”. Se refiere, por ejemplo, al objetivo 4.7 de la Agenda 2030, adoptada por consenso en 2015 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Ese objetivo establece que los países deben asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias necesarios para promover el desarrollo sostenible, incluidas la educación en derechos humanos, igualdad de género, ciudadanía mundial, cultura de paz y no violencia, así como la valoración de la diversidad cultural y del aporte de la cultura al desarrollo.

    Caubarrere cuestiona definiciones como igualdad de género, ciudadanía global y cultura de paz, y señala que son parte de programas —como la Agenda 2030— que requieren operadores, financiamiento y legitimación mediática. “Es allí donde aparecen figuras como George Soros y sus redes de influencia, que actúan como catalizadores de una ética global desvinculada de las tradiciones nacionales. La ingeniería social no es espontánea: se financia, se promueve y se protege desde estructuras supranacionales”, apunta sobre Soros, un inversor, filántropo y activista hungaroestadounidense progresista que financia proyectos en distintos países vinculados a derechos humanos, minorías y migración, entre otras áreas.

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    Un militante defiende la vigencia de la “ley de caducidad”, votada dos veces por la ciudadanía.

    Un militante defiende la vigencia de la “ley de caducidad”, votada dos veces por la ciudadanía.

    En su argumentación, Caubarrere cita a Bezmenov y a otras referencias, como el escritor conservador estadounidense Matt Palumbo, el politólogo y escritor conservador argentino Agustín Laje, el sacerdote católico tradicionalista argentino Javier Olivera Ravasi y los uruguayos Eduardo Lust —abogado y exsenador—, Cristian Don —militar retirado y en ocasiones vocero del Centro Militar—, Muñoz Iturrieta —militar retirado uruguayo vinculado a debates sobre seguridad y soberanía— y la escritora Mercedes Vigil.

    Sobre Laje, afirma que en Argentina ha denunciado públicamente que los conceptos género, diversidad e igualdad “son usados como armas ideológicas para desmantelar la identidad occidental y erosionar la libertad individual”. De Vigil menciona sus reparos al Estado uruguayo por convertirse “en un agente de adoctrinamiento, especialmente en el sistema educativo, donde se promueve una visión ideológica que reemplaza el pensamiento crítico por la obediencia emocional”.

    Caubarrere también señala a Vigil y a Lust como dos de las principales críticos de los sucesivos intentos de derogar la “ley de caducidad”, la norma aprobada en 1986 que limitó el juzgamiento de crímenes cometidos durante la última dictadura y que fue posteriormente sometida a consulta popular y ratificada por la ciudadanía en los plebiscitos de 1989 y 2009.

    “Uruguay ofrece un ejemplo singular en el contexto latinoamericano: es posiblemente el único país en el mundo donde una ley fue ratificada dos veces por votación popular y, sin embargo, desobedecida por el sistema político y judicial”, señala. “La ingeniería cultural, la neutralización de disidentes y la erosión institucional convergen en un mismo objetivo: desactivar la soberanía desde adentro, sin disparar un solo tiro. Frente a este panorama, es urgente recuperar el pensamiento crítico, la memoria completa y el respeto por el Estado de derecho”, concluye.

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