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Solo dos de cada 10 uruguayos dicen tener conocimiento sobre ciberseguridad y protección de datos personales
Más allá del bajo dominio general sobre el tema, hay una demanda social “nítida” para que las empresas y los organismos expliquen mejor lo que hacen con los datos personales, concluye un estudio de Factum
La mayoría de las personas confía en que sus datos personales están protegidos por bancos, pero no así por las redes sociales.
Aunque la mayoría de los uruguayos se muestra cauto al momento de compartir información en línea, el conocimiento general de la población sobre ciberseguridad es aún bajo, en un marco de desconfianza hacia las redes sociales y de un pedido de mayor transparencia a las compañías y los organismos públicos que gestionan datos personales.
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Las conclusiones son parte de un informe de la consultora Factum, al que accedió Búsqueda, que durante el mes de agosto consultó a 900 personas sobre indicadores de comportamiento, percepciones, opiniones y emociones respecto a la ciberseguridad en el país.
Según el informe, hay una “baja alfabetización” respecto a la ciberseguridad en Uruguay, con un conocimiento “acotado” entre los uruguayos sobre protección de datos, ya que apenas dos de cada 10 declaran tener mucho o bastante conocimiento sobre la materia. “Entre los uruguayos, la autopercepción de conocimiento para proteger información personal en internet se distribuye en tres bloques: 22% declara un conocimiento alto, 39% medio y 39% bajo. En síntesis, la mayoría no se considera en niveles altos y se reparte entre familiaridad intermedia y baja”, señala el análisis de Factum.
La visibilidad de medidas de seguridad eleva la confianza del usuario en la seguridad del sector bancario.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
El bajo conocimiento de la ciberseguridad está alineado con un “escepticismo” sobre la protección de los datos personales que realizan distintas entidades. Por un lado, hay un “gradiente nítido” de confianza hacia los ámbitos altamente regulados y transaccionales —como la banca y el sector público—, mientras que, como contracara, los espacios como las aplicaciones y las redes sociales tienen una confianza acotada.
Consultados acerca de en qué medida confían en que sus datos personales están protegidos, 55% de los encuestados afirmaron que en el sector bancario sienten que están muy o bastante protegidos; la cifra se reduce al 38% entre las instituciones públicas y solo al 14% en las redes sociales. “La visibilidad de medidas de seguridad, la experiencia transaccional frecuente y la percepción de regulación podrían elevar la confianza en banca/sector público; mientras que en apps/redes la impresión de opacidad sobre el uso de datos podría sostener niveles bajos”, señala el informe.
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Según dijeron a Búsqueda especialistas en protección de datos en el sector bancario, la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico en Uruguay para convertirse en un riesgo estratégico agravado por el auge de la inteligencia artificial generativa, que ha elevado la sofisticación de los fraudes. Las instituciones financieras en el país destinan millones de dólares a tecnologías de defensa, análisis de comportamiento y campañas de concientización de sus clientes frente a los delitos informáticos.
Más allá de las medidas en el ámbito privado, la semana pasada autoridades del gobierno advirtieron sobre la necesidad de focalizar políticas hacia daños en la población y no solo en el Estado. “En lo que tiene que ver con el área de ciberseguridad, en general, se atiende únicamente la ciberseguridad corporativa —todo el problema de la protección de los equipos, de la intrusión, de los ciberataques, etcétera, etcétera— y desde el gobierno tenemos una preocupación equivalente al problema de la seguridad que tienen los ciudadanos todos los días”, dijo Daniel Mordecki, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Mordecki formó parte de una delegación de Presidencia de la República que concurrió el 6 de noviembre a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Explicó que las personas están sujetas a delitos en línea vinculados al robo de su identidad, de sus cuentas de WhatsApp, a fraudes, estafas y extorsiones, al uso de inteligencia artificial para distorsionar imágenes y a la publicación de imágenes con contenido sexual sin autorización, entre otros. “El Estado, si bien no va a resolver ni eliminar radicalmente los problemas relacionados a la seguridad, tiene la responsabilidad y la posibilidad de brindar soluciones, reducir, contrarrestar y perseguir a los delincuentes que cometan estos fraudes”, planteó al repasar algunos de los artículos sobre ciberseguridad incluidos en la Ley de Presupuesto.
La amenaza sobre los datos personales en poder del Estado
Al asumir su cargo al inicio del período, Mordecki ya había afirmado que el gobierno tuvo que elevar sus niveles de alerta debido a una serie de ataques cibernéticos. Los atribuyó a fines políticos “claros y deliberados”, con hackers que se “declaran abiertamente, incluso con ideologías extremas, nazis, sin ambigüedades”.
En los últimos meses, la administración pública ha sido blanco de ataques informáticos desde el exterior que obtuvieron datos personales de usuarios de Ceibal, del Ministerio de Desarrollo Social y del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), entre otros organismos.
El ministro del Interior, Carlos Negro, ha insistido sobre el peligro en la seguridad pública que supone el crecimiento de las estafas, un delito que el gobierno se propuso estudiar con mayor detalle y sobre el cual el ministerio lanzó un servicio. Denominado Verificá, es gestionado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional y busca convertirse en un canal oficial para que la población verifique información que circula en redes sociales y medios de comunicación con el propósito de prevenir y detectar posibles estafas.
Información-Daniel Mordecki-Conferencia-Presidencia de la República
Daniel Mordecki, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Presidencia de la República.
La transparencia en el manejo de sus datos personales es una preocupación para casi todos los uruguayos, de acuerdo con Factum: nueve de cada 10 personas (86%) demandan que las empresas y los organismos expliquen mejor qué hacen con su información. “Más allá del bajo conocimiento específico y técnico sobre la temática, hay una demanda social nítida de claridad y rendición de cuentas sobre el tratamiento de datos. La exigencia de transparencia atraviesa a la población y se intensifica en contextos con mayor capital digital e institucional”, indica la consultora.
Este reclamo se da a pesar del leve conocimiento sobre las leyes de protección de datos personales que existen en el país. Solo uno de cada cuatro (26%) identifica alguna ley que regule datos personales. Este conocimiento mejora a mayor nivel socioeconómico y entre habitantes de Montevideo.
