Con esa advertencia en mayúsculas, el Banco Central (BCU) encabezó una comunicación el 22 de agosto para poner “en conocimiento del público en general y de los inversores o ahorristas en particular, del uso creciente de tecnologías de inteligencia artificial para la difusión, a través de redes sociales, de anuncios que utilizan la imagen, voces y videos manipulados de figuras públicas —incluyendo al Presidente de la República y otros integrantes del gobierno y de organismos públicos—” con fines fraudulentos.
Esas plataformas, las que operan con engaños y las que no, funcionan en un sector que no está regulado por el BCU, dado que ofrecen contratos por diferencia (CFD). Ese mecanismo permite que una persona especule con los movimientos de precios de acciones, por ejemplo. El beneficio o la pérdida que recibirá se basa en la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del contrato.
Rodolfo Grela, exsecretario de la Cámara de Fintech y socio fundador de Regum, sostuvo que en Uruguay hay unas 50 empresas que ofrecen servicios de trading, con regulación en el exterior, pero que están en una situación de incertidumbre.
“Por un lado, tenés un montón de oferta de productos directamente vinculados a esquemas fraudulentos, que conviven y se meten en la misma bolsa de una oferta de productos que son totalmente legítimos y que son productos de inversión establecidos hace muchos años, que por carencia de regulación parecen ser todos parte de un mismo sector y no lo son”, dijo a Búsqueda el socio fundador de Regum, Rodolfo Grela.
Es que así como hay empresas que ofrecen servicios de cara al público, en Uruguay operan decenas de brokers que captan clientes en el exterior y que funcionan como call centers sin identificación de marca visible. Muchos, además, obligan a sus empleados a mentirles a los clientes sobre su ubicación geográfica —por lo general dicen estar en España—, su nombre y las características de la inversión.
Grela dice que Uruguay es un “caldo de cultivo” para esos call centers por varios motivos: una ley de promoción de inversiones que hace atractivo para brokers internacionales la instalación de una de sus sucursales en el país, a lo que se suma un régimen de zonas francas que ambienta la provisión de servicios hacia el exterior y mano de obra calificada. “Y Uruguay, para una empresa que tiene sede en Chipre, en Israel, en Inglaterra, su mercado más potencial está en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, no en Uruguay”, explicó.
“Ahora, de ahí al manejo poco ético de la comercialización del producto es otro menester”, sostuvo. En el sector conocen la existencia de esos brokers que engañan a sus clientes, ya sea con cuestiones prácticas, como su ubicación, o con temas de fondo, como la promesa de ganancias fáciles.
El problema, dijo Grela, es sobre todo cuando se convence a gente que no tiene espalda económica de invertir en CFD. “Cuando vos trabajás con gente que tiene capital de riesgo, a nadie le gusta perder plata y se pueden calentar, como se calienta cualquiera que pierde algo, pero termina ahí el problema”, explicó.
De acuerdo con la reconstrucción que hizo Búsqueda, hay decenas de brokers que prometen ganancias difíciles de alcanzar a clientes que no necesariamente pueden afrontar las pérdidas. “Es un problema que genera consecuencias muy pero muy feas, que tienen que ver con gente muy comprometida a nivel financiero que ve en esas inversiones la posibilidad de revertir la situación. Entonces entra en una rosca en la que sigue endeudándose porque lo va a resolver y la siguen llamando para decirle que se va a hacer millonaria”.
Un reclamo de regulación y dos versiones
La oferta de CFD en Uruguay o desde el país al exterior no está regulada. “La regulación de ‘plataformas de inversión’ radicadas en el exterior y reguladas en el exterior (como el caso de Xtrade), que captan inversiones desde el exterior, no se encuentran reguladas en nuestro país. Si las empresas que administran dichas plataformas se radicaran en Uruguay, serían alcanzadas por la regulación del BCU siempre que la inversión recayera sobre valores de oferta pública. Los contratos por diferencia (CFD) y Forex no son considerados valores en nuestra jurisdicción”, respondió en abril la institución a una consulta de Búsqueda que partía de la situación de la plataforma Xtrade.
El banco está en proceso de modificación del alcance de su regulación en diversas áreas, lo que quedó reflejado en artículos del proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal. Búsqueda consultó si los CFD estarían dentro de ese potencial nuevo parámetro, pero hasta el miércoles no recibió respuesta.
Grela es uno de los actores del sistema que reclama una regulación del BCU.
“Si esto estuviera dentro de un marco regulatorio formal, abre la puerta para que vengan los players realmente interesantes a generar ofertas de trabajo de real valor dentro de un mercado que es muy atractivo”, sostuvo. “Lo que quiero es darles la mayor tranquilidad a los usuarios, pero también a mí como empresa, porque si no cualquiera puede venir a ponerme una denuncia de lo que fuere, porque como no tengo alguien que me marque las reglas del juego...”.
El BCU cuando detecta una plataforma “que no está supervisada bajo su perímetro” emite un comunicado en el que dice que esa plataforma, alojada en tal sitio web, “no está registrada” ante el BCU y “recomienda informarse en el listado de empresas supervisadas en tal link”, relató Grela. Y agregó: “Perfecto. Ahora, si la empresa no tiene una licencia para pedir, nunca va a aparecer ahí. Entonces vos podés estar haciendo un negocio legítimo, no regulado, que con ese aviso pareciere que estás por fuera del marco normativo, y no es así. Entonces el Banco Central finalmente no termina advirtiendo sobre una potencial estafa, sino que simplemente dice ‘OK, esto no está bajo mi supervisión’, pero hoy hay un sector uruguayo de trading legítimo”.
A Grela le interesa el tema en especial porque enfrenta una posible sanción del BCU, que pretende castigarlo con una inhabilitación de cinco años para ocupar puestos en entidades supervisadas.
El BCU considera que Grela tramitó una autorización para Regum con el argumento de que se dedicaría al asesoramiento financiero, pero no manejaría fondos de clientes. La institución detectó, a partir de una denuncia, que los clientes de Regum eran dirigidos a una plataforma de trading propiedad de otra sociedad anónima que compartía accionista y director, empleados, asesores y clientes.
“La plataforma era administrada totalmente por representantes de Regum, sin tener ningún tipo de revisión independiente, la cual tampoco se encontraba conectada en tiempo real con otros sistemas, por lo cual podía darse, como sucedió en el caso del denunciante, que se manipularan resultados en caso de que los mismos no fueran positivos para la firma”, explicó el BCU ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se tramitó un recurso de revocación presentado por Grela contra la sanción que le aplicó el banco en 2019.
En ese documento, el BCU sostiene que los CFD “claramente” son “valores”. El banco cita al jefe de Supervisión de Cumplimiento del Departamento de Conducta de Mercado de la Superintendencia de Servicios Financieros, Daniel Torregiani, quien aseguró: “Los CFD o contratos por diferencia son un tipo de derivado financiero en los cuales no se cuenta con propiedad del activo subyacente, desde ese punto de vista se puede equiparar a otro tipo de derivado incluido en la definición de valores”.
Para Grela, esa afirmación es contradictoria con lo que declaró el BCU a Búsqueda en abril a través de su Dirección de Comunicación. “Hemos colocado un recurso ante el Banco Central llamado petición calificada, donde le estamos pidiendo por favor que se expida de una vez sobre si los CFD son o no son valores, porque lo que no te puede pasar es que el CFD sea un valor si sos Juan y no sea un valor si sos Pedro”, relató. Todavía no tuvo suerte con su consulta, dado que el BCU consideró que no tiene legitimidad para realizar la consulta.
