A través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte comunicó su posición sobre la carrera judicial a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. La intervención del organismo internacional se dio tras una denuncia que presentó la asociación de jueces por cuestionamientos al sistema de ascensos, un asunto que, tras varios años de reclamos, desató un conflicto que se mantiene desde noviembre de 2022.
Según la respuesta de la Corte ante un pedido de información de la relatora, la Comisión Asesora que se creó en 1993 para ser la encargada de la regulación en materia de calificaciones y ascensos de magistrados tuvo “una marcada evolución” y hoy garantiza un “proceso de debate completamente abierto y claro, alejándose de cualquier forma de opacidad o secretismo”.
El documento, al que tuvo acceso Búsqueda, está firmado por la presidenta de la SCJ Elena Martínez y el prosecretario Juan Pablo Novella y fue recibido ayer miércoles por la Cancillería, que a su vez lo presentará ante el organismo internacional. En la nota enviada al gobierno uruguayo por la relatora se solicitó información sobre el “amplio margen de discrecionalidad” del máximo órgano del Poder Judicial en la “designación, traslado y ascenso” de los jueces, como informó El Observador.
“Se alega que la Asociación de Magistrados del Uruguay ha intentado, mediante el diálogo, incorporar modificaciones a la reglamentación en materia de carrera judicial, pero que ello no ha sido posible, atento a que la Suprema Corte de Justicia ha negado, sistemáticamente, un ámbito de negociación”, planteó el organismo internacional.
Al respecto, la Corte negó “enfáticamente, que haya falta de diálogo u oportunidades de negociación”. Y señaló como fundamento que mantuvieron 16 reuniones con representantes de AMU y que intercambiaron varias notas entre diciembre de 2019 y mayo de 2024.
“Claramente existen algunos aspectos en los que se concuerda con las propuestas formuladas y otros en que no, lo que no impide continuar discutiendo, escuchando e intercambiando ideas a fin de obtener el sistema más justo posible”, agrega.
“Manto de suspicacia”
En los últimos años, el gremio de jueces le ha pedido a la Suprema Corte que realice modificaciones que considera “imprescindibles” para que “se levante el manto de suspicacia” que, asegura, existe sobre la carrera judicial. En el régimen actual, la Asociación de Magistrados entiende que existe falta de transparencia, entre otros motivos, porque desconocen los “argumentos” de las calificaciones, según ha transmitido su presidente, Leonardo Méndez.
Sobre este punto, la Suprema Corte asegura que el sistema está “lejos de opacidad o secretismo y clima de enfrentamiento donde no existen posibilidades de control” como “pretende deslizar” el gremio. Las reuniones de la Comisión Asesora en materia de ascensos “son lugares donde se debate” y se busca que las decisiones se tomen por “unanimidad”, afirma.
La Comisión Asesora está integrada por el presidente de la SCJ, dos integrantes de los Tribunales de Apelaciones —uno designado por la Corte y otro por AMU—, un profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un profesor titular designado por las facultades de Derecho privadas y un abogado en ejercicio de la profesión, propuesto por el Colegio de Abogados. Esta comisión es la encargada de elaborar la lista de jueces con mérito para ascender.
“El integrante de la Comisión y su alterno designado en representación de la Asociación de Magistrados del Uruguay participan desde el inicio al igual que los demás, con acceso a la totalidad de los insumos con los que se trabaja en el proceso de formación del listado”, asegura la Corte. Y agrega que “en varias oportunidades” el peso de cada ítem a ser considerado por la comisión surgió de iniciativas de los integrantes del gremio de jueces.
Sin embargo, este ha sido uno de los principales reclamos de los jueces, que aseguran que no conocen el valor de cada ítem en la valoración final, como la calificación de las sentencias, la prueba y los cursos realizados en el marco de los programas de capacitación obligatoria. Para la AMU, transparentar esta información permitiría saber a quienes no integran la lista de ascensos cuáles fueron los argumentos de los evaluadores.
En su reclamo ante la ONU, el gremio planteó que solo el 15% de los jueces están calificados y, por lo tanto, pueden competir para el ascenso. Pero la Corte respondió que “la matemática no comparte tal afirmación, en absoluto”. Por el contrario, señala que hay un “alto porcentaje” de jueces calificados y cita las cifras de 2023: de los “jueces calificables” fueron evaluados 258, es decir, un 59,44%.
“Como contracara”, en el escrito remitido a la ONU, el máximo órgano del Poder Judicial incluye información que deja “en evidencia el bajo porcentaje de magistrados que participan de los concursos de oposición, al que voluntariamente pueden presentarse y así obtener mejor puntaje para acceder al listado de los mejores calificados”.
En 2024, el porcentaje que se inscribieron a los concursos entre los ministros de Tribunales de Apelaciones habilitados fue del 15,4%, entre los jueces letrados de Montevideo fue el 42,7% y entre los del interior 5,4%. Fueron el 26,6% del total.
Escaso interés por formarse
La Corte plantea que un desinterés similar ocurre con la capacitación permanente que proporciona el Centro de Estudios Judiciales. Los jueces tienen la obligación de cumplir con un mínimo de 20 horas de capacitación por año, con la rendición de una prueba final. El incumplimiento de la capacitación implica que el magistrado no puede ser considerado por la comisión para la lista de ascensos.
“Pese a la mínima exigencia, una vez más, viene, desde hace unos años, quedando en evidencia el escaso interés de algunos magistrados, no solo en capacitarse, sino en poder integrar una lista de ascensos a efectos de su designación”. Según los datos aportados por la Corte, en 2022 había 423 magistrados obligados a capacitarse e incumplieron esta exigencia 146 (34,52%). En 2023, de un total de 446 no cumplieron 149 (33,41%). Es decir que uno de cada 10 magistrados no cumplieron con la formación mínima obligatoria.
“Esto preocupa seriamente a la Corte”, porque “es una garantía del justiciable contar con magistrados capacitados”, indica el texto. Y agrega: “De lo que viene de decirse se desprende que la inmensa mayoría de los ítems que se consideran para elaborar las listas de ascensos dependen —en exclusividad— de las acciones individuales de cada magistrado”.
Para la Corte también está “claro”, qué es lo que “deben ponderar” los superiores que califican a los jueces. Por un lado, la calidad técnica, la dirección del proceso y de las audiencias, así como el nivel de conocimiento sobre el “mérito del asunto” y la “fundamentación” del pronunciamiento. También los plazos para la fijación de audiencias y sus prórrogas, así como para el dictado de las sentencias y la duración de los procesos.
Por tanto, consideran que “no es admisible que algún magistrado que haya sido calificado desconozca los fundamentos de sus calificaciones, en tanto están detalladas a texto expreso” por la propia Acordada N° 8.140, de marzo de 2022, dice la SCJ en el texto.
Desde el gremio piden que se elabore una reglamentación que defina, de manera previa, el “peso” de los diferentes ítems en la calificación de los jueces. Eso, con el objetivo de lograr una “uniformización de los criterios de corrección”.
