Miguel Brechner. Foto: Nicolás Der Agopián

El presidente del Plan Ceibal consiguió una offshore meses antes de asumir un cargo en el gobierno y no en 2002, como había declarado

Brechner representa al BROU en el Directorio del Latu, pese a que está embargado por una deuda con una subsidiaria del banco

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Nº1975 - al de 2018

A pesar de que el Código de Ética del Banco República (BROU) exige que todos los que tienen un “vínculo laboral” con la institución deben manejar “sus asuntos financieros personales evitando conflictos reales o aparentes”, el representante del banco en el Directorio del Laboratorio Tecnológico (Latu), Miguel Brechner, está embargado por la Justicia civil desde hace 12 años por una deuda. Para complicar las cosas, quien reclama el pago es República Afisa, la sociedad anónima del BROU que gestiona su cartera de deudores.

Cuando el gobierno de José Mujica llegó al poder en 2010, Brechner pasó de ser el presidente del Latu a integrar su directorio en representación del BROU, un cargo que mantiene hasta hoy. Al momento de asumir como representante de la institución estatal, el presidente del Plan Ceibal estaba embargado por una deuda generada en 2001 con el Banco Montevideo.

El primero en solicitar el embargo de Brechner y de su empresa Coasin S.A. fue el Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del Banco Central, que se había hecho cargo de la cartera de deudores tras la disolución del Banco Montevideo. El jerarca era considerado deudor por su calidad de “fiador solidario” de la compañía.

En 2005, con Brechner ya en el gobierno nacional, el Fondo de Recuperación pidió el embargo a la Justicia civil. La deuda total, contando intereses, era de US$ 90.365. El juez Ruben Eguiluz hizo lugar a la solicitud en marzo del 2006.

La cartera de deudas que gestionaba el Fondo de Recuperación pasó en 2012 a manos de República Afisa, una sociedad anónima que es parte del Grupo Banco República. En esa época, Brechner ocupaba el cargo de presidente del Plan Ceibal y representaba desde hacía dos años al BROU en el Directorio del Latu.

República Afisa pidió reinscribir el embargo en 2012 y repitió la solicitud cuatro años más tarde. La Justicia mantuvo el embargo “de las cuentas y depósitos en los cuales sea titular el ejecutado en entidades del sistema financiero”, excepto las cuentas exclusivas en concepto de remuneración salarial (Búsqueda Nº 1.974). El embargo estaba vigente hasta la semana pasada, según registros públicos.

Búsqueda consultó esta semana al banco estatal sobre la situación de Brechner, pero no recibió respuesta.

De acuerdo con el Código de Ética del banco, que alcanza a todos los funcionarios sin importar escalafón ni tipo de “vínculo laboral”, sus integrantes deben “evitar actuaciones que puedan caracterizar un conflicto entre sus intereses y los del banco y/o conducta no aceptable desde el punto de vista ético—aunque no causen pérdidas concretas a la institución”.

Otro punto del código, disponible en el sitio de Internet del BROU, establece que los funcionarios deben “administrar sus asuntos financieros personales evitando conflictos reales o aparentes entre sus intereses personales y los intereses del banco, no comprometiendo la independencia de criterio y actuación requeridos para el desempeño de sus funciones”.

2002 y no 2004.

Además de ese posible conflicto ético con el BROU, a Brechner se le abrió un flanco en el Parlamento después de que Búsqueda informara que el jerarca estaba embargado desde hace 12 años y que manejaba una offshore con cientos de miles de dólares. Parte de ese dinero eran US$ 450.000 generados por la venta de acciones de Sonda Uruguay.

La diputada blanca Graciela Bianchi pidió la convocatoria del titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Daniel Espinosa, a la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado para discutir el tema.

La nueva ley antilavado, aprobada en enero, prohíbe que los jerarcas de gobierno, de empresas públicas, personas públicas no estatales, cargos políticos y de particular confianza sean “accionistas”, “beneficiarios finales” o tengan “ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público”.

Brechner está vinculado a la offshore de Islas Vírgenes Británicas HighTech Pacific Corp. desde poco antes de la llegada del Frente Amplio al poder.

El presidente del Plan Ceibal había dicho a Búsqueda que creó la sociedad a mediados del 2002 como un Trust Fund “pensando en el futuro” de sus hijos. Agregó que fue utilizada para invertir en dos compañías tecnológicas en Israel y que no tuvo actividad en Uruguay ni en la región.

Sin embargo, nuevos documentos de los Panama Papers analizados por Búsqueda indican que el jerarca consiguió la offshore a fines del 2004 y no en 2002.

El dueño de HighTech Pacific Corp., al menos hasta mayo de 2004, era Pablo Brenner. Tiempo después, ese empresario del software se la dio vacía a Brechner.

El 21 de octubre del 2004, a 10 días de las elecciones en Uruguay, el estudio panameño Mossack & Fonscea (MF) recibió un correo de un contador que pedía reactivar la offshore y hacer cambios en sus estatutos y directorio.

Recién después de que estuvieron asegurados los cambios en el estatuto para que el directorio tuviera que resolver por unanimidad, los nuevos dueños cambiaron a las autoridades de la offshore. A partir del 28 de diciembre del 2004, el directorio quedó integrado por Zoides Monge, esposa de Brechner, y Alan Brechner.

El presidente del Plan Ceibal tuvo vínculo estrecho con la empresa al menos hasta mitad del 2017. Tenía un poder de representación de la offshore y era quien coordinaba los cambios de directorio y la apertura de cuentas bancarias de la sociedad anónima con MF, según los Panama Papers. De hecho, fue Brechner quien pidió que se iniciaran los trámites el año pasado para que los panameños dejaran de ser agentes residentes de su sociedad anónima.

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