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La desaparición de mujeres en Uruguay es una problemática que ha adquirido algo de visibilidad gracias al trabajo incansable de las familias y de algunas organizaciones feministas
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Hace años que las desaparecieron, seis, cinco, cuatro años. Las buscan sus madres y algún otro familiar, las sostienen las compañeras de la colectiva Dónde Están Nuestras Gurisas (DENG), las apoya el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y nadie más. No hay gente indignada, no hay marchas multitudinarias, no hay respuesta del Estado. Nada.
No todas las familias de las mujeres que desaparecen tienen la fuerza que hace falta para sostener la búsqueda; para exponerse, como en muchos casos, a recibir amenazas; o para enfrentarse a organismos públicos que las invisibilizan una y otra vez. Pero las familias de Florencia Barrales Techera, Daniela Virginia Bera Fernández, Yamila Isamar Estévez Techeira, Jennifer Gómez, Micaela Ramírez y Gina Cristal Rodríguez Sánchez sí lo hicieron. En setiembre de 2021, las madres de estas seis mujeres presentaron una denuncia colectiva para exigir a la Justicia que sus casos sean investigados. Todas habían desaparecido entre 2019 y 2020. En 2022 se hizo una ampliación de la denuncia para incluir la desaparición de Tatiana Pintos Sastre ocurrida en enero de ese año.
Como señalan desde DENG, las siete presentan características similares: son jóvenes, de contexto socioeconómico vulnerable, en situación de consumo problemático y, en particular, todas son mujeres, algo que entienden directamente relacionado con su desaparición. Otro aspecto en común es que solían frecuentar el barrio 19 de Abril (el mismo barrio donde, en febrero de 2021, se habían encontrado los cuerpos de dos mujeres asesinadas después de haber estado meses desaparecidas). La denuncia se hizo colectiva para hacer hincapié en que estos factores en común deberían ser tenidos en cuenta en la investigación. Pero también como forma de hacer frente a las constantes irregularidades y las dificultades para acceder a la Justicia.
En la conferencia de prensa que hicieron en 2022 por la ampliación de la denuncia, integrantes de DENG contaron que en algunos casos les dijeron que la denuncia realizada “se perdió” y en otros directamente no se les tomó porque las mujeres “son mayores de edad”. Muchas veces se culpabiliza a las víctimas de su propia desaparición. En los hechos, la responsabilidad de la búsqueda termina cayendo sobre las familias, quienes cada tanto reciben algún llamado para preguntar “si hay novedades”, pero nunca para recibir información sobre los avances de la investigación, si es que hay algún avance.
El caso fue derivado casi desde el inicio a la Fiscalía de Delitos Sexuales porque la abogada resaltó en el escrito que las desapariciones pueden estar relacionadas a casos de trata y que algunas de las mujeres tal vez estén siendo explotadas sexualmente. La desaparición de mujeres en Uruguay es una problemática que ha adquirido algo de visibilidad gracias al trabajo incansable de las familias y de algunas organizaciones feministas. En particular, la colectiva DENG, que surgió en 2017 ante la falta de respuestas por parte del Estado.
El 7 de diciembre de este año, DENG publicó un comunicado titulado “Son vidas que importan, no una carpeta archivada en un cajón”. Allí cuentan que, en un intento de mover el caso, el consultorio jurídico (que se unió a la causa en 2023) solicitó una reunión colectiva con el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior. Otra vez, nada: solo les dijeron que las iban a citar por separado “para resguardar información sensible”. Dos meses después, llegaron las citaciones para reunirse con el equipo de fiscalía y el de Personas Ausentes. En el comunicado, se señala que Isabel Iturralde, la nueva fiscal que entró en sustitución de Alicia Ghione, llegó “en todos los casos media hora tarde, sin dirigir saludo y mucho menos ofrecer una disculpa”. Además, en nombre del carácter “reservado” del caso, prohibió a las integrantes de DENG entrar con las madres a la reunión, desconociendo el profundo trabajo de acompañamiento emocional que estas vienen haciendo, así como su participación en la investigación y el aporte de información que han hecho en todo este proceso.
Sin embargo, otra vez, nada. Una vez más, las madres se enfrentaron a la siniestra situación de tener que contar todo de nuevo, como tantas veces. “La información que se les brindó fue nula. La respuesta es nuevamente mandar a investigar a las madres y sus familias. Las ampliaciones de denuncia, presentadas de forma organizada y escrita, no figuran en las carpetas fiscales”, indica el comunicado.
La duda que queda es si nadie hace nada porque no les importa en lo absoluto la vida de estas mujeres, o porque hay intereses turbios que juegan para que esto no se investigue. En cualquiera de los dos casos, la situación es la misma: una Justicia que no actúa, un Estado que no responde, familias solas y sin recursos gritándole al vacío. Y mientras tanto, todo el mundo contento, organizando las vacaciones y los regalos del arbolito. Esto somos.
