La regulación de la inteligencia artificial será “una prioridad” en Diputados en 2026

Según dijo a Búsqueda, “la IA será una prioridad legislativa el próximo año”, con el objetivo de avanzar hacia una regulación “basada en la innovación responsable y el respeto a los derechos humanos”. Para el legislador, el rápido avance de estas tecnologías obliga al sistema político a actuar con decisión, pero también con cautela, “de modo de establecer reglas claras que protejan a las personas sin frenar ni desalentar el desarrollo tecnológico”.

Esa necesidad de comprensión y formación se da, además, en un contexto en el que el propio Parlamento carece hoy de lineamientos claros sobre el uso de IA generativa.

Un relevamiento realizado por Búsqueda a comienzos de octubre mostró que no existen protocolos internos, instancias de capacitación ni mecanismos de control sobre el uso de herramientas como ChatGPT o Gemini, lo que abre un vacío operativo y deja a funcionarios y legisladores sin pautas claras para el manejo de información sensible y datos personales.

El artículo 74 como punto de partida

La base legal sobre la que busca apoyarse la futura regulación de la IA ya existe en el ordenamiento jurídico uruguayo. Fue incorporado en 2023 a través del artículo 74 de la Ley 20.212 (Rendición de Cuentas de ese año), que establece que la innovación debe ser responsable y proteger los derechos humanos.

Ese artículo, impulsado por el propio Goñi, asigna a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la tarea de “diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, basada en estándares internacionales” y aplicable tanto al sector público como al privado. La norma fija, además, una serie de principios rectores, como la equidad, la no discriminación, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la transparencia, la auditoría y la innovación segura, en sintonía con la legislación vigente de protección de datos personales.

Como parte de esa estrategia, Agesic debe presentar al Parlamento un informe con recomendaciones para una regulación legal de la IA, “orientada al desarrollo ético” de estas tecnologías, “la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el fomento de la innovación tecnológica”.

Una regulación sin “prohibicionismo”

Goñi insiste en despejar un temor recurrente en el sector tecnológico, el de que la regulación se traduzca en trabas burocráticas o prohibiciones generales. “Quiero ser enfático y dejar claro que esta agenda legislativa no implicará prohibicionismo, ni barreras a la innovación. Regular no es restringir, es habilitar”, afirmó.

En su planteo, la regulación debería buscar “un equilibrio entre previsibilidad para la innovación y protección de las personas”. Goñi sostiene que el foco no debe estar en frenar el desarrollo tecnológico, sino en evitar que su avance deje desprotegidos a los sectores más vulnerables. En ese marco, plantea la necesidad de “promover ecosistemas innovadores, seguros y confiables”, de “asegurar que la tecnología respete la dignidad humana, la privacidad, la transparencia y los derechos fundamentales” y de “construir políticas públicas de anticipación”, en diálogo con la academia, la industria, la sociedad civil y organismos internacionales.

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Un método legislativo inédito

Además del contenido, Goñi propone innovar en la forma de legislar. La regulación de la IA, sostiene, “debería abordarse mediante una comisión especial bicameral y multiactor, inspirada en la experiencia de la Comisión de Futuros del Parlamento”.

“Multiactor significa que no puede ser solo una discusión política. Tienen que estar las empresas privadas, la academia y otros actores relevantes”, explicó.

La idea, según el diputado, es “alcanzar un consenso entre todos los involucrados, tal como establece el artículo 74, para que la ley no responda solo a intereses puntuales”.

El rol central de Agesic

En esa arquitectura institucional, Agesic tendrá un rol central. Para Goñi, el anteproyecto de regulación debe surgir de ese organismo técnico, que ya viene trabajando en el tema.

Quien se desempeñaba como director ejecutivo de Agesic, Daniel Mordecki, renunció a su cargo este miércoles 17. El director general de Presidencia, Diego Pastorín, le había transmitido la semana pasada que "había perdido su confianza". En una carta pública, Mordecki confirmó que renunciaba por eso y que no le habían dado más explicaciones.

En una comparecencia reciente al Parlamento, el ahora exdirector ejecutivo de Agesic había informado que la agencia estaba trabajando en un proyecto de ley con un “fuerte componente de protección de derechos”, y otro orientado a definir “qué se puede hacer y qué no con inteligencia artificial”, además de un enfoque en el desarrollo de la economía y el trabajo vinculado a estas tecnologías.

“No es trivial, pero nos vamos a tirar al agua y vamos a intentarlo”, dijo Mordecki ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, y subrayó la necesidad de construir una ley de consenso entre los distintos actores involucrados.

Peligro sin regulación

Una encuesta reciente de Factum revela que ocho de cada 10 personas en Uruguay creen que la IA puede ser peligrosa si no se regula. Lejos de una visión apocalíptica, el estudio muestra un consenso social sobre la existencia de riesgos, errores y sesgos en estas tecnologías.

Al mismo tiempo, muchos uruguayos usan IA sin saberlo: asistentes de voz, sistemas de recomendación, filtros de spam o chatbots de atención al cliente forman parte de la vida cotidiana, incluso entre quienes dicen tener un conocimiento medio o bajo sobre el tema. Más de la mitad cree, además, que la IA reemplazará trabajos humanos en los próximos años.

Consultado por Búsqueda sobre si sería un fracaso no lograr una regulación de la IA el próximo año, Goñi respondió que no lo consideraría así y que incluso “podría llegarse a la conclusión en el Parlamento de que es mejor no regular”.

“Todo depende del consenso”, añadió.

Ciberseguridad, la otra pata de la agenda

La IA no será el único foco tecnológico del Parlamento en 2026. Goñi considera prioritaria la aprobación de una ley de ciberseguridad, inspirada en el modelo chileno recientemente aprobado, que incluya la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad.

“Tenemos problemas de ciberseguridad todos los días. Es un tema que está haciendo estragos en todo el mundo y también en Uruguay”, advirtió.

En esa línea, en las últimas semanas el Poder Ejecutivo dispuso por decreto que todos los organismos del Estado refuercen sus mecanismos de acceso digital, incorporando sistemas de autenticación más robustos, como la autenticación multifactor, como respuesta inmediata a los riesgos crecientes en materia de seguridad informática.

La disposición alcanza a funcionarios, contratados y proveedores, y apunta a fortalecer la seguridad informática del Estado luego de una serie de incidentes que afectaron a distintos organismos públicos, entre ellos, la Administración Nacional de Educación Pública, la Dirección Nacional de Identificación Civil, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.

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Mirar al mundo para regular en Uruguay

El debate uruguayo se inscribe en un contexto internacional complejo. La Unión Europea aprobó en 2024 la primera ley integral de IA que abarca los aspectos del desarrollo, despliegue y uso de esta tecnología, aunque en los últimos meses comenzó a flexibilizar y postergar algunos de sus aspectos ante las críticas por su impacto en la innovación.

En Estados Unidos, en cambio, el presidente Donald Trump presentó a fines de julio un plan orientado a reducir obstáculos regulatorios para acelerar el desarrollo de la IA y reforzar el liderazgo tecnológico del país. La iniciativa, vinculada a la competencia con China, incluye medidas para facilitar la construcción de centros de datos y promover la expansión internacional de empresas estadounidenses del sector.

Para Goñi, las experiencias internacionales muestran que no existe un único camino para regular la IA, aunque sí sirven para identificar qué cosas no conviene repetir. “Uruguay tiene la oportunidad histórica de consolidarse como un país líder en regulación inteligente de tecnologías emergentes, capaz de combinar apertura a la innovación con un profundo compromiso ético y democrático”, sostiene.

Si el plan se concreta, en 2026 la IA dejará de ser un tema secundario para convertirse en uno de los grandes debates del Parlamento uruguayo.