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Las autoridades del Ministerio de Trabajo adelantaron que impulsarán varias iniciativas en 2026 modificando reglas de juego; los primeros indicios sugieren que este puede ser un factor más de inquietud para el sector productivo
Durante los últimos meses, varias empresas bajaron sus cortinas haciendo ruido en el mercado, ya sea por su propio tamaño, por la cantidad de trabajadores que quedaron cesantes o por lo intempestivo de estos cierres. Es difícil descifrar si detrás de estas decisiones existen motivos coincidentes, aunque lo que se escucha del sector empresarial en general es la persistente preocupación por un escenario internacional que mantiene alta incertidumbre y por los elevados costos internos, a lo que se agrega, si están volcados a la exportación, un dólar débil que complica la ecuación de los negocios.
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Con este panorama instalado, de cara al 2026 despunta una agenda en materia laboral que, a la luz de los primeros indicios, podría traer más preocupaciones al sector productivo.
La discusión sobre algunas reglas de juego en el ámbito laboral estará al tope de la agenda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), según lo anunciado por su titular, Juan Castillo, el martes 9, durante una reunión del Consejo Superior Tripartito. Esa secretaría de Estado tiene previsto presentar propuestas sobre temas diversos, cuyo alcance todavía es desconocido.
Las declaraciones públicas de los jerarcas ofrecen información parcial sobre sus objetivos. Para empezar, el proyecto de ley ratificatorio del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que apunta a regular la obligación de las empresas con relación al preaviso y la justificación de la causa del despido de personal, ya estaría pronto, pero todavía no lo conocen ni siquiera los demás integrantes del Poder Ejecutivo. Esa fue la razón por la cual el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se excusó de ser categórico cuando se le preguntó sobre esa iniciativa del MTSS, aunque llamó a ser cuidadosos para no desalentar las inversiones.
Por otro lado, las autoridades de la cartera de Trabajo plantearon como “meta” para el año próximo discutir sobre “productividad y reducción de la jornada laboral”, informó Búsqueda el jueves 11. Debatir sobre la eficiencia en el uso de los recursos productivos, en particular el trabajo, parece algo urgente para un país que cada vez tiene menos población económicamente activa, pero el tema debe ser analizado sin sesgos ideológicos ni dogmatismos.
La agenda del MTSS también incluye otros convenios de la OIT a incorporar: el 153, sobre la regulación del tiempo de descanso en el transporte por carretera de cargas y pasajeros; el 190, referido a la violencia y el acoso en el trabajo; el 188, relativo al trabajo en la pesca; y el 137, relacionado con el trabajo portuario.
Las reglas del mercado laboral no están talladas en piedra y los cambios tecnológicos demandan su constante revisión, aunque por ahora no está claro cuál es el espíritu de las modificaciones planteadas. Es clave pensar cómo esos eventuales cambios en la legislación laboral pueden estimular la llegada de nuevas inversiones, lo que aparece poco en el discurso de la cartera liderada por Castillo.
Es importante que su ministerio difunda los proyectos cuanto antes, para conocer al detalle su alcance. Será fundamental, luego de eso, ver cómo esas propuestas se conjugan con otros esfuerzos que se plantean desde otros ámbitos del Poder Ejecutivo para estimular la actividad económica.
Hay que evitar que las nuevas normativas terminen por agregar cargas innecesarias a las empresas que están en Uruguay o que evalúan llegar al país. Los números de las Cuentas Nacionales divulgados en los últimos días, que muestran un enfriamiento en el tercer trimestre, lo hacen todavía más necesario.
No en vano, el ministro de Economía de este gobierno ha sostenido una y otra vez lo que debería ser obvio para todo el Poder Ejecutivo: la inversión en Uruguay es insuficiente, y lograr tasas más altas es fundamental para el crecimiento económico del país; sin eso, las políticas sociales y redistributivas son utopías. Es fundamental que la cúpula del Ministerio de Trabajo lo tenga presente.
