La amenaza de los “gordos”

Robar para la corona. Algo repetido hasta el cansancio en Argentina. Una acción de la que fueron acusados varios gobiernos, de distintas orientaciones ideológicas. Casi ninguno se salvó. Pero también uno de los tantos puntos que diferencia lo que ocurre en ese país con Uruguay. Aquí fueron pocas las veces en las que hubo sospechas al respecto, aunque también existieron. En todo caso, eran episodios menores.

En sus declaraciones en la fiscalía, involucraron al senador comunista Óscar Andrade y al diputado de esa colectividad política Daniel Diverio, a quienes el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, evalúa citar. A su vez, en al menos cinco testimonios tomados por la Policía hubo menciones al Partido Comunista relacionadas al destino de parte del dinero de ese fondo. La más directa, según informó Búsqueda la semana pasada, fue la de Bernaola, quien se refirió al uso de dinero para financiamiento de la campaña del Sí a la reforma de la seguridad social, y de la campaña de las elecciones nacionales y de las internas del Frente Amplio.

En la causa hay más indagados. Entre ellos una funcionaria del Fosvoc, Stella Rey, que tenía un cargo de jefa de departamento y autorización para el manejo de las cuentas bancarias. Rey fue despedida en enero y fue la principal señalada en la denuncia que presentó la directiva del fondo —integrada por representantes del Sunca y de las cámaras de la construcción—, luego de que una auditoría detectara transferencias irregulares de dinero de al menos US$ 840.000 solo entre febrero y diciembre de 2024. La investigación en fiscalía se amplió al año 2023 y las maniobras involucradas superan el millón de dólares.

El Fosvoc tiene el cometido de brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador.

Andrade salió fuerte públicamente a deslindar su responsabilidad y la del Partido Comunista. Catalogó a los involucrados como unos “lumpen” y aseguró que las maniobras las hacían en beneficio propio y no por motivos políticos. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lo respaldó a él y a su colectividad política mediante un mensaje difundido en su cuenta personal de la red social X.

Pero las dudas persisten porque eso que dicen Andrade y Cosse no es lo que está surgiendo desde la investigación judicial. Por el contrario, los indicios van para otro lado, al menos para el equipo de la fiscalía. Y no se trata solo de uno de los involucrados, que puede estar tratando de salvarse al mencionar supuestas causas superiores. Son cinco o más los que se refirieron a los vínculos políticos.

Y hay más indicios en ese sentido. “En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”, dijo Rodríguez tras acordar la condena. También la fiscal Gabriela Gómez, que integra su equipo, en la audiencia de condena describió a Bertolio, Bernaola y Rivero como “eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia”.

Este caso explotó en los últimos días, pero no es nuevo. Los periodistas Martín Mocoroa y Santiago Sánchez de Búsqueda lo comenzaron a trabajar a fines del año pasado. Luego se sumaron muchos otros colegas. Además, son varios dentro del Frente Amplio que tenían la sospecha de que algo de esto podía estar ocurriendo. Y estaban indignados, como lo siguen estando.

Algunos dirigentes frenteamplistas atribuyen la difusión pública de estos hechos a una disputa interna. Aseguran que hay fuego cruzado entre algunos de los grupos históricos de la izquierda uruguaya y que eso explica que este caso haya adquirido protagonismo.

Por más que la disputa exista, atribuir a ella lo que está ocurriendo es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. Porque los hechos no se inventan, existen o no existen. Y el Poder Judicial se mueve en función de hechos, no de peleas políticas. Lo mismo ocurre con la prensa.

Otro asunto muy preocupante, antes de terminar. El riesgo es que lo ocurrido en este caso del fondo de la construcción quede como una anécdota, como un desvío corregido a tiempo. Por más que lo sea. Lo primordial sería que sirva como antídoto para combatir en todos los ámbitos el concepto de robar para la corona. Se le va la vida a Uruguay en mantenerse lo más alejado posible de esa peste.

Para ejemplos negativos, basta con mirar lo que ocurre con el sindicalismo y la política en Argentina. Hace muchos años que en ese país desembarcaron los “gordos”, como se les conoce a los dirigentes sindicales más corruptos, y que, en alianza con parte del sistema político, arrasaron con la confianza de un porcentaje alto de la población en la política tradicional.

Habría que trabajar intensamente para que nunca se seque ese mar dulce y ancho que, también en ese aspecto, nos separa de nuestros vecinos.