La peligrosa tentación de la sobreactuación

Pero no todas son rosas para el gobierno argentino: el equipo económico parece haber perdido la confianza de los mercados. La ausencia de un plan integral, las imprecisiones en los anuncios y la inestabilidad cambiaria producen temblores. Se sabe que para controlar la economía argentina hay que poder controlar el precio del dólar, que en los últimos días viene teniendo una tendencia alcista en contra del deseo gubernamental.

En efecto, el presidente Milei logró hacer firmar lo que originalmente se llamaba el “Pacto de Mayo” en el mes de julio, aprovechando que en julio, como en mayo, hay también una fecha patria. Sirviéndose de ello, intentó dar a la firma del acuerdo un tono épico, de trascendencia histórica. De hecho, organizó el acto en la casa histórica de la provincia de Tucumán en la que se declaró la independencia del país en 1816 y usó la misma mesa en la que se firmó aquella declaración originaria.

Pero más allá del folklore hay varias razones para poner en observación las ambiciones del pacto de Milei. Es cierto que la historia argentina es pródiga en pactos: entre 1820 y 1852, las provincias firmaron decenas de tratados interprovinciales y varios “pactos preexistentes”, que buscaban acuerdos políticos amplios a concretarse en una futura Constitución, lo que ocurrió en 1853. De allí que Milei también buscaba este pacto para “reconstruir la nación”. Pero aquellos pactos del siglo XIX eran políticos, es decir, sobre reglas de juego acordadas por todos los actores, mientras que el pacto impulsado por Milei es sobre políticas específicas, muy parecido al pacto fiscal que con menos pomposidad firmaron el presidente Mauricio Macri y 22 gobernadores en 2017.

A diferencia de este último, en 2024 se buscó la grandilocuencia de las grandes convocatorias, lo cual sin embargo no se concretó. El gobierno había citado a instituciones y figuras que podrían haber dado un perfil no meramente provincial y fiscal a este nuevo pacto: se invitó a expresidentes, líderes de los partidos políticos, líderes sindicales y empresariales y a la Corte Suprema de Justicia. No fue casi ninguno. El único expresidente electo que asistió fue Macri, a quien invitaron con insistencia y luego trataron con desdén. El kirchnerismo no estuvo presente ni con sus expresidentes ni con casi ninguno de sus gobernadores.

Los puntos que se firmaron son razonables, pero algunos son superfluos porque ya están legislados, y otros algo vagos y cargados de intenciones: 1) inviolabilidad de la propiedad privada, 2) equilibrio fiscal, 3) reducción del gasto público hasta llegar al 25% del PBI, 4) educación útil y moderna, 5) reducción de la presión impositiva, 6) rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, 7) explotación de los recursos naturales del país, 8) reforma laboral que promueva el trabajo formal, 9) reforma previsional y 10) apertura al comercio internacional.

Así las cosas, el punto nodal es la reducción del gasto público. El otro tema sensible para los gobernadores firmantes es la forma en que la nación transfiere recursos a las provincias, pero es un tema aún más difícil: hace exactamente 30 años, cuando se reformó la Constitución, se incluyó esta misma rediscusión como una cláusula transitoria, pero nunca se pudo avanzar por la cantidad de intereses cruzados y actores de veto intervinientes. Por lo tanto, no es descabellado dudar de la voluntad de los gobernadores de respetar el punto central del acta. De hecho, las provincias argentinas tienen en proporción siete veces más empleo público que el Estado nacional. Es un rubro que no fue tocado ni siquiera en el fenomenal ajuste de los años 90 como prenda de cambio del apoyo parlamentario de esas mismas provincias para poder hacer ajustes en otros sectores.

En suma, más que una refundación histórica basada en el consenso, como pretende presentarla el gobierno, la firma del Acta de Mayo en julio es una declaración de buena voluntad de sentarse a una mesa de negociación sobre temas fiscales (que son los que dominan la relación entre la nación y las provincias desde hace 150 años y que algunas provincias incluso ya han judicializado) y no mucho más. Es que, al tratarse de políticas concretas, el respeto del pacto dependerá del resultado de las elecciones legislativas de 2025 o incluso de las buenas noticias que siga recibiendo Milei de las encuestas de imagen. Aquel pacto de 2017 no fracasó por los contenidos fiscales, sino por la debilidad política del gobierno de Macri.

Otra razón por la que este pacto está destinado a la dilución es la ausencia no solo de objetivos comunes, sino incluso de interpretaciones comunes. Para Milei es un hecho histórico de gran relevancia y la refundación de la Argentina, o al menos el lanzamiento de la segunda etapa de su gobierno, que imagina hegemónico a futuro. De hecho, dijo allí mismo que les estaba dando a los firmantes una posibilidad de redimirse y abandonar los privilegios de la casta política; algo así como una sumisión a su persona y a su visión de las cosas.

Pero para los gobernadores se trató más bien de un gesto, una concesión de su parte hacia Milei para que el gobierno comience a mostrar resultados de gestión. En otras palabras, un refuerzo al apoyo que ya le habían dado con la aprobación de la “ley bases”, que a pesar de haber sido una victoria (pírrica) para el gobierno no logró ahuyentar, más bien todo lo contrario, la confianza de los mercados en la capacidad política del presidente y la solidez de su plan económico.

La búsqueda de consensos es siempre una buena noticia en política, pero puede ser contraproducente si se la invoca ampulosamente para tratar de imponer una voluntad momentánea. El recurso de la exageración se desgasta tarde o temprano. En algún punto, toda esta puesta en escena del 9 de julio, con su ceremonia poco profesional y de tono escolar, fue un pseudoacontecimiento, es decir, una puesta en escena para atraer la atención, pero con peso político muy relativo.

Las pretensiones fundacionales de todos los presidentes es un problema endémico de la Argentina y, para mayor escepticismo, la palabra presidencial en la era Milei no ha recuperado su respetabilidad. Los aliados de hoy pueden ser, como ya ha sucedido más de una vez, los insultados de mañana.