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La OMC evaluó que el rol de los entes continúa siendo significativo y que la competencia resulta limitada en sectores clave de la economía, lo cual debería plantear una discusión profunda
A mediados de este mes, Uruguay se sometió en Ginebra al sexto examen de sus políticas comerciales, como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es una evaluación que los 166 países integrantes de la OMC pasan cada ciertos años para analizar los cambios normativos, regulatorios y en el entorno relacionados con el comercio internacional y las inversiones.
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Este último examen a Uruguay dio lugar a comentarios favorables y a recomendaciones que, en algunos casos, como el papel económico de las empresas públicas, ya habían sido señaladas en anteriores evaluaciones.
El informe redactado por la Secretaría de la OMC como insumo para este análisis remarca que las empresas estatales locales “mantienen monopolios en ciertos sectores (energía y servicios) o una importante participación en otros (combustible y servicios financieros y telefonía móvil)”. Su participación en la economía “continúa siendo significativa”.
Entra en detalle en cada sector. Por ejemplo, advierte sobre la “limitada competencia” en las telecomunicaciones, y agrega que el sector “ha mantenido las tarifas relativamente elevadas” que conviven, al menos, con una infraestructura digital de “amplia cobertura”.
Señala que UTE tiene el 99% del mercado de la generación eléctrica, y que el Banco de Seguros del Estado ostenta un 33% de participación en el sector asegurador total; esta es “particularmente alta” en el segmento de cobertura rural, además de que “aún mantiene el monopolio” de las pólizas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, que representan más del 10% de las primas.
En el sector bancario, la “alta participación” de las instituciones públicas indica que “existe una posible concentración”.
La OMC entiende que un marco regulatorio que “incentive la competencia en sectores clave también ayudaría a contener los costos internos y a dinamizar la productividad” en Uruguay. En esa línea, como presidente de esta instancia de examen, Erwin Bollinger, representante permanente de Suiza en la organización, indicó que los miembros observaron que las empresas estatales siguen siendo actores importantes en la economía y que la competencia continúa siendo limitada.
Esta evaluación, si bien no hace más que reafirmar hechos que los uruguayos conocemos de primera mano, debería estimular un debate profundo sobre el rol de las empresas estatales en la economía, el gobierno corporativo de los entes, el uso muchas veces con fines fiscales de las tarifas y su carga en los costos de producción. Es una discusión que, en distintas administraciones, algunos jerarcas parecieron dispuestos a dar pero que otros, desde dentro y fuera del gobierno de turno, le pusieron freno.
Quizás esa sea la misma razón por la cual el actual Poder Ejecutivo, al negociar nuevos convenios colectivos, convalidó el pago de “partidas especiales por única vez” para una decena de entes autónomos y servicios descentralizados, además de cuatro bancos públicos, alegando que con ello se buscó favorecer el “clima de diálogo”. ¿Una paz sindical vale varios millones de dólares? Cualquier contribuyente diría que no.
Como en el negocio del cemento pórtland de Ancap, que viene dando una pérdida año tras año que pagamos todos, sin coraje político para ejercer la gestión, volveremos a recibir los mismos señalamientos en los futuros exámenes de la OMC. Lo más preocupante es que los directos perjudicados por mantener el statu quo somos nosotros, todos los uruguayos. Es hora de que nos empiecen a tener un poco más en cuenta.
