No hay ley que valga

Esa ausencia, ese “dale que va”, emerge en todas las zonas de nuestra vida en común. Emerge en la pésima forma de conducir vehículos que tenemos los uruguayos, que no respeta mínimamente las señales de tránsito. Emerge en unas señales que la mitad de las veces no cumplen con los mínimos necesarios para ser efectivas. Emerge en la ausencia de cuidado por los espacios públicos y en que tiene costo cero faltarles el respeto. Emerge en la displicencia con que las autoridades municipales y nacionales cumplen (cuando cumplen) con su cometido. Emergen en la laxitud con que nos aplicamos a nosotros mismos las normas que consideramos exigibles para todos los demás.

Lo que nos trae de nuevo al sistema político uruguayo y su ristra de omisos, evasores y cosas aún peores. ¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos sean fiscalizados de manera que resulte justa y eficiente para el colectivo cuando los eventuales responsables de esa fiscalización son los primeros en evadir y no cumplir con las normas?

Extendiendo esa lógica un poco más, ella explica algo que decía hace un tiempo el expresidente de la llamada “junta anticorrupción” Ricardo Gil Iribarne: a pesar de su ampulosa gestualidad al respecto, el sistema político uruguayo es refractario a la fiscalización. Hace “como si”, pero finalmente no. Crea organismos de contralor que se suponen independientes y luego los acogota económicamente y los subordina al mismo poder político que deberían fiscalizar.

En ese sentido, Uruguay tiene un “buen lejos” y un “mal cerca”. Vistos de lejos, parecemos ese país casi ideal que tiene hermosas leyes democráticas y ajustadas para todo. De cerca, esas leyes se cumplen a veces sí y a veces no y nadie se preocupa demasiado por controlar su cumplimiento. Y esa discrecionalidad incluye, de manera muy evidente en estos días de sistemático escrache electoral, al sistema político y a varios de sus representantes de más alto nivel.

En ese “mal cerca” es notorio que, además de no fiscalizar nada y por tanto depender de la buena o mala voluntad individual, muchas veces esas bellas leyes llegan tarde y mal instrumentadas. Un ejemplo: en una intervención de hace justo un año, ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración del Parlamento, el entonces ministro interino de Ambiente, Gerardo Amarilla, recordaba que respecto a la protección penal del medio ambiente “lo que está pasando en el Uruguay y en el mundo es que muchas veces las normas administrativas que establecen sanciones, multas o suspensión de actividades no llegan a ser lo suficientemente fuertes como para impedir, evitar o prevenir las conductas que afectan el ambiente. Obviamente, esto empezó en Europa (…), en países como Alemania o España. Luego continuó en América Latina con el avance de normas vinculadas con el ambiente que se incluían en el derecho penal. Sin embargo, en Uruguay no hemos avanzado en el tema. Nos hemos quedado un poco rezagados, al punto tal que hoy Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, es decir, toda la región, tienen normas penales ambientales —ni que hablar de Europa u otras regiones del planeta— y Uruguay es casi una excepción en el continente”.

Hay algo cíclico en toda esta política de la indignación: estalla el quilombo en A y los militantes de B hacen lo posible por explotarlo al máximo. Por su parte, los militantes de A hacen lo posible por defender y justificar el quilombo. Para eso se ponen a buscar un eventual quilombo de B, el próximo en la lista de quilombos por venir. Una lista que llegará justo hasta el día de las elecciones. Y que recomenzará cuando se avecine la siguiente elección. Mientras tanto, el ciudadano C, que no es un hooligan de A ni de B, asiste atónito a los malabares retóricos de ambas militancias, mientras va perdiendo la confianza en el conjunto del sistema político. Al mismo tiempo que todo eso ocurre, el político outsider D espera sentado a que las frutas de tanta omisión y ausencia de fiscalización caigan del árbol del sistema en su conjunto.

En resumen, un país que suele tener leyes de buen ver pero una clase política de dudosa calidad para volverlas carne, lentamente, le va abriendo las puertas al demagogo de turno, ese outsider al que le basta con esperar sentado. Sin fiscalización no hay desarrollo ni consolidación democrática posible. Sin fiscalización nos alejamos de ser ese país serio que decimos querer ser. Sin fiscalización no hay ley que valga.