Remando en dulce de leche

Un desarrollo de esa hipótesis diría que lo que fue volviendo a Uruguay un país relativamente confiable y estable fue desarrollar instituciones vigorosas, un Estado que, más bien que mal, se hace o hacía cargo del bienestar ciudadano. Y que ese mismo Estado fue habilitando espacios en donde los conflictos por lo general se resolvían en los ámbitos previstos para eso. Eso hasta los años 60, en los que el modelo, en crisis económica primero y política después, fue desmoronándose hasta llegar a la dictadura. Después de la dictadura de alguna forma logramos restaurar la confianza política y acá estamos, siendo un país relativamente normal y confiable, sin demasiados desbordes en ningún sentido. Tanto es así que por momentos parecemos más una foto fija que una película o la vida real.

El pantano que se produce en el debate entre esas posturas, tanto entre sí como con el Estado, es lo que llamo mar de dulce de leche. Porque el tironeo que se genera y la agonística que se establece entre los actores involucrados suelen paralizar o enlentecer hasta el paroxismo cualquier posibilidad de cambio. Un cambio que la mayor parte de las veces ni siquiera es decidido localmente, sino que es resultado de tendencias globales que nos fuerzan a seguir su pisada como condición para no salirnos del camino.

Es por eso que las apelaciones a los diálogos y las consultas con “la gente” no pueden ser la respuesta ejecutiva. “La gente” no existe, es apenas un significante vacío, en el sentido que señalaba Ernesto Laclau: una palabra o frase que carece de un significado fijo y estable, pero que es crucial para la construcción de identidades colectivas y la movilización política. Temprano en su trayectoria Laclau vio esto como un problema, aunque después, tras abrazar el populismo, lo vio como una herramienta para obtener el poder. Es decir, la categoría crítica se convirtió en categoría operativa.

Apelar a “la gente”, como se viene haciendo en estos días desde ámbitos políticos, es jugar a la mosqueta con las urgencias de la ciudadanía. Por cierto, qué concepto con límites precisos que es ciudadanía y sin embargo se sigue prefiriendo la gente. Seguramente, por su cualidad líquida, de recipiente que cada uno rellena de acuerdo con las necesidades de su agenda corporativa. Así, “la gente” es señalada como protagonista de los procesos, mientras quienes dicen hablar en su nombre defienden por lo general intereses sectoriales. La ciudadanía en cambio tiene unos derechos y unas obligaciones bastante más concretos y por tanto se presta menos al juego.

Al mismo tiempo, las personas que no logran ser bien representadas por los ventrílocuos que hablan por ellas suelen ser justamente aquellas que viven en el margen, aquellas que no pueden articular su demanda y que no son de interés para las corporaciones de la representación. Niños, borrachos y ciudacoches pastabaseros, para empezar. Pacientes psiquiátricos y marginales en general, para seguir. Lo que la ciudadanía necesita de un Poder Ejecutivo es que dé respuesta ejecutiva a los problemas que fueron detectados en un diagnóstico previo que, seguramente, fue vendido en campaña electoral como el non plus ultra de las soluciones. Suena bien el llamado al diálogo, pero es probable que no sea más que patear la pelota hacia adelante y confiar en que de ese cruce de intereses (todos ellos corporativos) surja de manera más o menos mágica algo que no sea más dulce de leche en el que seguir remando.

Esas apelaciones son también la medida exacta del peso que esas corporaciones tienen en la posibilidad de resolver nuestros problemas colectivos. “La gente” es una abstracción que tomará la forma que se necesite para seguir más o menos en la misma. Que no está tan mal, claro. Por algo encabezamos los rankings democráticos con América Latina y estamos arriba en cuanto a calidad de vida. Pero una cosa es no hundirse y otra, muy distinta, lograr proyectarse colectivamente. Eso no se logra apelando a la sumatoria de intereses sectoriales ni a diálogos mágicos ni usando categorías que de tan amplias y vagas son la nada misma. Quizá la intención sea loable, pero la jugada no parece tener ni la velocidad necesaria para cambiar en el momento que se necesita (ahora, ya, ayer) ni la precisión como para instrumentar políticas públicas. De hecho, los gobernantes cobran un sueldo para hacer precisamente eso que se dispersa en el diálogo.

El mundo que se nos viene encima es rápido, cambiante y disruptivo. Si no somos capaces de dar respuestas inteligentes y a tiempo, es más que probable que los cambios nos pasen por encima. El dulce de leche no se lleva bien con el remo y los corporativismos de todo tipo son los encargados de producirlo denso y marrón. Hace poco más de un siglo nos convertimos en un país de leyes de avanzada y muy rápidamente los poderes en torno a esos avances comenzaron a forcejear en el sentido de sus intereses. Sin una idea potente de “bien común” a defender, quedamos inermes ante el poderío corporativo y su uso discrecional de las herramientas que proporciona nuestra estabilidad. Eso es casi la definición del inmovilismo o, dicho de otra forma, de la suavemente ondulada desaparición del espacio común.