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    Una transición fiscal que requiere cuidado

    Habrá que ver si tanto Yamandú Orsi como su ministro de Economía, conscientes de las restricciones fiscales, lograrán encauzar las demandas y expectativas de aquellos votantes que esperan un Estado más presente

    Entre fines de enero y la semana pasada se terminaron de conocer las cifras de las finanzas públicas en sus distintas mediciones, incluida la del déficit estructural, es decir, dejando de lado factores extraordinarios y el ciclo económico que se tiene en cuenta para la regla fiscal. Los números muestran un panorama que no mejoró sustancialmente, o al menos no en la magnitud que, cinco años atrás, se prometía.

    Es cierto que el gobierno multicolor o republicano debió enfrentar varios “shocks” adversos para el frente fiscal, empezando por la pandemia, que contrajo la economía, siguiendo por una dura sequía y terminando con un desvío de gasto hacia Argentina, con efectos en la recaudación y en la propia actividad económica local, en especial en las zonas de frontera. Además, varios de esos factores obligaron a destinar gastos en apoyos a sectores afectados.

    La valoración de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas es que “se cumplió con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales, pese a los shocks recibidos”. Destacan, además, que pudieron bajar algunos impuestos que en la campaña electoral habían prometido abatir.

    Pero la magnitud de la mejora no parece significativa ni la que el país requiere; considerando solamente al gobierno central y al Banco de Previsión Social (BPS), fueron US$ 400 millones menos de déficit que en 2024 en comparación con el cierre del 2019, o medio punto del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado en rojo terminó en el equivalente a 3,4% del PIB. Si se engloba también a las empresas estatales, al sector público no monetario y al Banco Central, el déficit continuó siendo superior a un 4% del Producto, un guarismo abultado, casi como lo era cinco años atrás.

    Asimismo, el gasto en el perímetro del gobierno central y el BPS pasó de 29,9% del Producto en 2019 a 30,9% ahora, terminando la administración de Luis Lacalle Pou. Por detrás de ese número hay un Estado que sigue presentando ineficiencias y excesos en distintas áreas, y finalizando otro período la plantilla pública continúa inamovible en torno a los 300.000 vínculos laborales y la flota oficial registrada en el Sistema de Control Vehicular aumentó a más de 18.000 unidades, como informó Búsquedala semana pasada. Es posible que ese número haya crecido porque se compraron más patrulleros para combatir la inseguridad o que algunos organismos se incorporaron a este esquema de control —lo cual es positivo desde el punto de vista de la búsqueda de eficiencia—, pero no deja de ser cierto que el propio Lacalle Pou, al asumir la presidencia, consideraba que tener 15.000 unidades en el Estado era demasiado.

    Como un legado positivo para la futura administración queda una regla fiscal con mayor robustez institucional y técnica que la que había antes, aunque no deja de ser un marco que, en ausencia de una verdadera voluntad política de constricción del gasto y de mejora de la eficiencia, puede ser un saludo a la bandera.

    Hasta el momento, los mensajes del presidente electo y de las autoridades económicas designadas han sido sensatos tanto en el diagnóstico como en la orientación: el nuevo gobierno parece tener claro que asumirá en un contexto en el que no podrá tirar manteca al techo porque, si lo hace, los números fiscales y la deuda pública podrían deslizarse hacia una peligrosa zona de insostenibilidad. En ese sentido, habrá que ver si tanto Yamandú Orsi como su ministro de Economía, Gabriel Oddone, lograrán encauzar las demandas y expectativas de aquellos votantes del Frente Amplio que pretenden un Estado más presente, así como de una dirigencia sindical que presionará tanto como pueda para aumentar los salarios y ensanchar un sistema de seguridad social que sigue frágil desde el punto de vista financiero. Que no puedan esquivar esas pretensiones sobredimensionadas nos puede salir demasiado caro a todos los uruguayos. Ojalá lo tengan claro.