Venezuela, del oro negro al oro blanco

Otra potencia extranjera en la que se ha estado apoyando Caracas es Rusia, que envió naves militares y realizó importantes inversiones en Venezuela.

Pero, si la mayoría de los gobiernos, ya no americanos sino del mundo, consideran que el narcotráfico es una de las principales amenazas a las democracias occidentales, una de las mayores consecuencias externas que tendrá el triunfo de Maduro es la creciente participación de Venezuela en la producción y el tráfico de cocaína.

Llama la atención la cauta reacción, ante el denunciado fraude electoral, del presidente colombiano Gustavo Petro, ya que su país será uno de los más afectados por este negocio de la cocaína al que Maduro se ha aferrado cada vez con más fuerza por dos razones: por un lado, es una forma de financiar un país en bancarrota (se estiman en 8,5 puntos del Producto Bruto Interno los ingresos que el narcotráfico significan para Venezuela) y, por otro, es una manera de asegurarse el respaldo de las Fuerzas Armadas, que son el principal motor del tráfico de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos y Europa.

La organización criminal que opera en Venezuela es única en el mundo. Una simbiosis entre un Estado corrupto y el llamado Cartel de los Soles, cuya denominación surge de los soles que tienen estampados los uniformes de los oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas.

A diferencia de otros, este cartel no tiene un líder y funciona en células independientes con el aval y el apoyo del gobierno. El gobierno les permite actuar como nexo de organizaciones guerrilleras colombianas dedicadas al narcotráfico y como actores centrales en dar vía libre al pasaje de cocaína por el país.

Desde Venezuela salieron en un año unas 350 toneladas de cocaína, cerca de un 15% de la producción mundial, y el país va camino a convertirse en el cuarto productor mundial de esta droga detrás de Colombia, Perú y Bolivia, ya que los cultivos de coca en territorio venezolano permiten la producción de cantidades industriales del polvo blanco.

En 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Maduro y a varios miembros de la cúpula chavista por “cargos de narcoterrorismo”.

Mike LaSusa, subdirector de contenidos de InSight Crime, sitio especializado en seguridad, sostiene que el Cartel de los Soles realiza cuatro tareas en torno a este negocio ilegal: la recaudación de impuestos al tráfico, la creación de corredores de paso para la droga, el control de la infraestructura del tráfico y, por último, el transporte directo de la cocaína.

“El Cartel de los Soles enmascara el hecho de que la alianza Estado-narcotráfico en Venezuela ya no es tanto una organización dirigida por el régimen chavista, sino más bien un sistema regulado por este”, señaló el investigador. Y añadió: “Los ingresos de la droga han ayudado al régimen a resistir el golpe económico causado por las sanciones estadounidenses y la caída de la renta petrolera provocada por el colapso de la industria de petróleo bajo manos del régimen de Caracas”.

El principal socio del Cartel de los Soles es la guerrilla colombiana, la que ha supervisado la entrega de ametralladoras, municiones y lanzacohetes como pago por cocaína.

Además de que la economía y el mercado de trabajo en Colombia son los que más sufren la emigración venezolana, este es otro motivo para no entender la tibia posición de Petro ante el fraude. El presidente colombiano diseñó un plan para poner fin al conflicto civil que lleva seis décadas. Petro negocia con dos grupos que tienen estrechos vínculos con la corrupción venezolana: el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las FARC. Ambas organizaciones saben que otro gobierno de Maduro les seguirá reportando importantes ingresos por el tráfico de cocaína. “Es poco probable que estos dos grupos firmen algún acuerdo de paz con el gobierno colombiano a menos que se acuerden unos términos muy generosos y, por tanto, políticamente inaceptables”, sostiene un informe de InSight Crime.

Así las cosas, pensar que la crisis de Venezuela empieza y termina dentro de sus fronteras es una mirada, por lo menos, inocente, cuando no intencionada.

¿Y Uruguay? ¿Está el país dentro del área de influencia de estos fenómenos alentados por el caos institucional de Venezuela?

En estos días, 20 colombianos fueron arrestados por practicar préstamos conocidos como “gota a gota”, un sistema usurero que afecta a los más pobres, que si no pagan se ven sometidos a presiones y extorsiones. Surgido a fines de los años 80 en Colombia como una forma de lavar el dinero del narcotráfico, el “gota a gota” se extendió por toda la región. Tanto el gobierno como los asesores en seguridad de la oposición tienen la firme convicción de que detrás de estos colombianos está el Tren de Aragua, la mafia más poderosa de Venezuela. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, planteó en la última reunión sobre seguridad del Mercosur su inquietud por la presencia de esta mafia en Uruguay. Según me informó Martinelli, volverá a plantear el tema en la reunión de ministros del Interior del Mercosur que se celebrará en noviembre.

Venezuela es el país sudamericano más distante de Uruguay, pero para el crimen organizado la distancia es el menor de sus problemas.