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Colonización recibe informe externo que respalda la compra de la estancia María Dolores y pretende continuar el proceso
El presidente del INC confirmó que es una “decisión tomada” continuar con la adquisición y que avanzaron en gestiones con UTE y Antel para la electrificación y la conectividad
Alejandro Henry en su asunción como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización
El Instituto Nacional de Colonización (INC) recibió en las últimas horas dos informes sobre los mecanismos para la adquisición de tierras y en específico sobre la polémica compra de la estancia María Dolores, en el departamento de Florida, que fueron solicitados luego de que el Tribunal de Cuentas (TCR) observara el gasto. Uno de los documentos es un informe jurídico externo que fue encargado a la Universidad Claeh y el otro fue elaborado por abogados que trabajaron en el instituto.
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“Por ahora todo nos va reforzando la misma información jurídica” de que era suficiente tener tres votos de los cinco del directorio para aprobar la compra y “lo reafirman los dos informes”, dijo a Búsqueda el presidente de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez. “Es una compra regida por el artículo 35” de la Ley 11.029, que le da preferencia al instituto en la adquisición de campos que son de su interés, pero “no es una compra directa”, agregó.
Ese es uno de los puntos que el directorio del organismo decidió consultar en dos informes jurídicos externos que solicitó, uno a la Universidad Claeh y otro a la Universidad de la República (Udelar), que todavía no fue remitido.
Según surge del acta de la resolución, a la que accedió Búsqueda, fue para disponer de “mayores insumos” que “analicen e interpreten con precisión” el marco legal para ese tipo de operaciones y así otorgar “seguridad jurídica a los actos del organismo”. El documento también aclara que los servicios jurídicos de Colonización no comparten las observaciones del TCR.
En concreto, Colonización pidió que se pronuncien sobre los mecanismos para comprar inmuebles, “los quorums necesarios para adoptar resoluciones”, si la adquisición amparada en el artículo 35 de la ley que dio origen al Instituto Nacional de Colonización se considera una compra directa y “cuál es el quorum necesario para adoptar una resolución válida al respecto”. El informe jurídico del Claeh tuvo un costo de $ 150.000.
Por otro lado, el documento de los abogados que trabajaron en Colonización, enviado este miércoles 16 de julio, incluye también información de “legislación comparada de otras operaciones” que se realizaron amparándose en la norma en cuestión, dijo Henry. Un ejemplo es el predio de la extinta Rausa, en el departamento de Maldonado, que se había adquirido con el “derecho de preferencia” cuando José Mujica era ministro de Ganadería y, luego de un litigio judicial que ganó el Estado, fueron devueltos a Colonización en 2013.
Las solicitudes de informes a especialistas se concretaron luego de que el pasado miércoles 25 de junio el TCR, por mayoría, hiciera cuatro observaciones a la compra de María Dolores. El Observador señaló que se incumplía con el artículo 15 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) porque Colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal, que superaba la asignación anual del organismo, que se requerían cuatro de los cinco votos del directorio porque era una compra directa —y se hizo con tres— y que hay una prenda sobre el sistema de riego y tampoco se incluye si su valor de US$ 3 millones está incluido.
En relación con los recursos, el presidente de Colonización señaló que los fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas “no estaban” en su cuenta, pero los tenían, y que si se atrasaba el depósito había otros fondos que se podían utilizar temporalmente para realizar la compra del campo y estaban “asignados para otro tipo de inversiones”.
La compra del campo en Florida, a un valor de US$ 32 millones, causó polémica desde su anuncio, que fue realizado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en un discurso cuando el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica pasó por la sede del Movimiento de Participación Popular. La oposición cuestionó la adquisición.
Semanas atrás, el nacionalista Sebastián da Silva indicó que si el INC continuaba con el proceso de compra, propondría a la bancada de la coalición el llamado a sala del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y fue respaldado por el senador colorado Pedro Bordaberry.
“Está entorpeciendo”
El presidente de Colonización indicó que los informes todavía no fueron analizados por el directorio, pero aclaró que “seguir con la compra es una decisión tomada”, aunque todavía no hay una fecha para la firma. “Queremos argumentar mejor para responder al Tribunal de Cuentas, que es la preocupación que surgió del Ejecutivo de tener todas las certezas de que estábamos en el camino cierto”, aseguró.
El viernes 11 de julio, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que “hay que levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas” y que “en caso de irregularidad hay que parar la compra”, pero aclaró que “por ahora” los técnicos no han encontrado visos de ilegalidad.
El presidente de Colonización dijo que la situación de María Dolores “está entorpeciendo el arranque de las inversiones previstas en el emprendimiento” y que hay “tiempos agronómicos que empiezan a apretar”, porque “toda la siembra de cultivos de verano que se piensa realizar no está en marcha, y hasta que no se firme no se puede avanzar”.
Pese a eso, confirmó que están “avanzando” con UTE en la electrificación rural para tener la disponibilidad de energía suficiente y de Antel recibieron el “compromiso” de su vicepresidente, Pablo Álvarez, de tener “buena conectividad”.
“Eso no va exclusivamente para María Dolores, es también para los vecinos de la zona”, destacó. Internet es necesario para los equipos de riego y también en los tambos, para que las máquinas de ordeñe se retiren de las ubres de las vacas.
