Con su hoja de ruta definida, el Ejecutivo le da un protagonismo primordial a una agencia creada por la LUC

Esta agencia fue creada por el artículo 305 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que sustituyó a la Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas, surgida en la ley presupuestal del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Durante la pasada gestión, la agencia fue dirigida por Hugo Odizzio y tuvo un perfil bajo. Pero ahora el gobierno designó al frente al exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior Gustavo Leal y aspira a darle un protagonismo bastante mayor.

En enero ya había una primera propuesta y en febrero los ministros fueron informados del nuevo esquema de trabajo: el primer planteo sobre cómo sería el plan se hizo en un gabinete informal antes de asumir, el 17 de febrero en la torre Alemania. Ya con el gobierno instalado, una serie de reuniones en la segunda semana de gestión terminaron de afinar los detalles. El documento fue presentado en el gabinete el 25 de marzo. A la hora de armar las prioridades y los compromisos, la agencia tenía claro que no podía trabajar con más de cinco prioridades. “Si todo es prioridad, nada es prioridad”, decía el texto de presentación incluido en las carpetas repartidas a los ministros en el gabinete.

El “ciclo” de la presentación del plan se cerró este lunes 31 de marzo, cuando Orsi se refirió ante la bancada bicameral del oficialismo a los cinco ejes y los 63 compromisos. Según pudo saber Búsqueda, en el encuentro se especificó que para algunos se precisará un marco legislativo, y que la agencia “estará arriba de eso, controlando su cumplimiento”, con un “seguimiento semanal y mensual”.

En el gobierno explicaron que definir las 63 medidas como “compromisos” no es casual. “Tiene mucho que ver” con uno de los eslóganes usados por la campaña de Orsi de cara al balotaje: “Sabremos cumplir”. Ahora los ministros ya designaron a sus contrapartes ante la agencia y se espera que para el viernes 25 cada una de las carteras traduzca los compromisos que deben liderar en una hoja de ruta de cumplimiento, con una calendarización de cómo se van a cumplir.

El documento incluye entre sus compromisos un plan de alfabetización en las cárceles, una cartera de viviendas del Estado con alquileres accesibles, más cámaras de videovigilancia y tobilleras, ampliación de la cobertura de escuelas de tiempo completo, tierras para mujeres y jóvenes rurales, un hospital en Ciudad de la Costa, un plan piloto para asegurar a todos los recién nacidos viviendas dignas y vías rápidas para el transporte público en la zona metropolitana de Montevideo. Cada uno de estos compromisos será asignado a un ministerio, que tendrá la responsabilidad de liderarlo y de asegurarse de su cumplimiento.

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Puerta del Ministerio del Interior en Montevideo

Javier Calvelo / adhocFOTOS

Protagonismo de Vivienda y “sorpresa” en el Mides

Según detalla el documento, el Ministerio del Interior será el organismo del Poder Ejecutivo con más “compromisos” a su cargo, seguido en segundo lugar por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y luego por las carteras de Economía, Ganadería y Transporte y Obras Públicas.

A algunos jerarcas consultados por Búsqueda les llamó la atención la baja cantidad de compromisos que quedaron bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una secretaría de Estado que desde su creación en el primer gobierno del Frente Amplio ha tenido un rol preponderante en todas las administraciones. El tema, de hecho, provocó “sorpresa” en las autoridades de dicha cartera, no solo por la escueta asignación, sino porque los jerarcas entienden que los dos compromisos a su cargo tampoco responden directamente a temas de su competencia: la implementación de un programa para “garantizar que ningún niño recién nacido vaya a residir en un hogar sin baño, piso de tierra, paredes de chapa o con techos que filtran agua”, y de otro programa de “empleo protegido para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años”.

En cambio, el Ministerio de Vivienda tiene un protagonismo importante, y lidera siete compromisos de su rubro. Esta cartera es comandada por Cecilia Cairo, una de las figuras más ascendentes y populares en la interna del Movimiento de Participación Popular. En los documentos incluidos en la última Rendición de Cuentas, este ministerio ejecutó en 2023 programas por US$ 327 millones y tuvo 455 vínculos laborales. Las cifras son bastante más chicas que las del Mides, que gastó US$ 683 millones en programas, mientras tuvo 2.016 vínculos laborales.

Si bien es notorio que Cairo es una figura política más cercana a Orsi que el titular del Mides, el socialista Gonzalo Civila, en la Torre Ejecutiva descartan que la designación de tareas haya tenido un componente político. “Es un tema de metodologías, y no de distribución de poder”, sostuvo una fuente de Presidencia. Así, argumentó que en cada uno de los compromisos participan varios ministerios en su ejecución. A la vez, sostuvo que algunos compromisos vinculados a políticas sociales —como el que establece un aumento del 50% del monto de la Tarjeta Uruguay Social en los 10.000 hogares de mayor vulnerabilidad económica— fueron asignados al Ministerio de Economía y Finanzas: “El origen de que ese compromiso se cumpla no es el Mides, porque primero que nada tiene que estar el dinero disponible, y allí está el Ministerio de Economía”.