Ferraris integra el directorio de la denominada “junta anticorrupción” desde febrero del 2022, después de que el Frente Amplio le retiró la confianza a Jorge Castro, quien había votado a favor de un dictamen crítico sobre la construcción del Antel Arena. Ferraris defiende el cambio porque considera que la actuación del organismo en ese caso, que implicó un duro golpe para Carolina Cosse, fue irregular.
A continuación, un resumen de la entrevista que Ferraris mantuvo con Búsqueda.
—¿Cuál es la situación de la Jutep hoy?
—Entiendo que la Jutep está atravesando una terrible crisis institucional.
—¿En qué se ve reflejado?
—Eso se ve reflejado en la ausencia de una presidenta, lo que genera dificultades de funcionamiento, genera dificultades a la hora de tomar resoluciones, porque algunas requieren aprobación del directorio. No es normal esta forma de funcionar. Por eso entiendo que es una situación bastante crítica desde el punto de vista institucional. La venia de la futura presidenta fue votada hace un mes y la verdad no se entienden las razones por las cuales no la han designado. No es culpa de ella, pero no se entienden las razones por las cuales no ha sido designada. Tendría que haber tomado posesión y estar al frente del organismo. Ese es un problema grave.
—Susana Signorino renunció a la presidencia de la Jutep semanas atrás y, como usted dice, todavía no asumió su reemplazante, Gabriela di Longo. Sin embargo, la situación de crisis institucional, a juzgar por lo que publicó Búsqueda en los últimos meses, parece ser anterior a la ausencia de la presidenta.
—Porque es un organismo que está notoriamente debilitado. Y ya no hablo de debilidades desde el punto de vista material, porque uno en un contexto de limitaciones en materia de capital humano y material, aun en ese tipo de escenarios, puede elegir funcionar de la mejor forma posible. Entonces, cuando uno habla de crisis, también refiere a eso, a situaciones complejas que tienen que ver con cuestiones técnicas.
—¿Qué quiere decir “cuestiones técnicas”?
—Que han generado dificultades de funcionamiento algunas diferencias de criterio, por ejemplo, que tienen que ver con el modelo de gestión. En febrero voy a cumplir un año en el organismo y, la verdad, lo que estoy viviendo desde que asumí es un modelo de gestión bastante caótico y por momentos no ajustado a derecho. Caótico desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la gestión documental, de cómo se manejan desde el punto de vista burocrático algunos asuntos; eso es un problema cotidiano que dificulta la gestión. Y, por otro lado, una práctica recurrente de adoptar determinado tipo de resoluciones por fuera del directorio. El jerarca de la Jutep no es el presidente o la presidenta de turno, es el directorio; entonces, la voluntad de la Jutep se tiene que manifestar sí o sí a través de lo que resuelva el directorio. Últimamente, ha habido múltiples situaciones resueltas por el presidente (interino, Guillermo Ortiz) en forma unilateral. Cuestiones que yo no avalo, no avalé ni avalaré. Ha sido público y notorio el tema de la decisión que tomó en materia de publicidad de las declaraciones juradas, el ocultamiento de determinados datos de las declaraciones juradas que se publican. Fue una decisión que tomó por sí y ante sí, y por supuesto que yo discrepo en forma total y absoluta. Primero, es contrario a derecho. Y segundo, es un acto ilegítimo porque no lo tomó el directorio sino él. Pero además, es una decisión que va en contra del espíritu de todo el sistema normativo que tenemos en materia de transparencia y ética pública, porque es un grave obstáculo al control social, algo que espero que se corrija pronto.
—Si no se ajusta a derecho, como usted dice, ¿no puede hacer nada al respecto? ¿Presentar un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo?
—Es un tema que hay que evaluarlo, existe esa posibilidad. Cuando se llega a ese tipo de discrepancias, uno puede plantearse ese recurso y, de hecho, en algún momento he pensado concurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con estas cuestiones. Es un tema que está ahí, que no tengo resuelto, pero es una posibilidad cierta.
—El 18 de setiembre tuiteó una foto de la portada del libro El arte de la guerra y recomendaba su lectura. ¿Por qué?
—Es un libro para leer y releer muchas veces. Aplica para el relacionamiento humano.
—¿Tiene relación con lo que estaba viviendo en la Jutep?
—Tiene relación con diversas vivencias que uno tiene. Sí, tiene relación con mucha cosa, es una buena lectura. Cada tanto lo vuelvo a leer.
—La cantidad de denuncias que recibe la Jutep aumentó a partir de la gestión de Ricardo Gil en el período pasado. De acuerdo con los datos publicados por Búsqueda, todavía hay muchas sin resolver. ¿Qué está pasando?
—Entiendo que ha sido bastante acotado el tratamiento de las denuncias. Como el funcionamiento del directorio no ha sido sostenido —hubo períodos en que pasaba un mes sin reunirse— hay un retraso. Y, por otro lado, a mí no termina de quedarme del todo claro cuál es el criterio para el tratamiento de las denuncias, porque me consta que tenemos denuncias que tienen más de un año y que no se tratan, pero hay denuncias del 2022 que entran al directorio. Hay expedientes que uno no termina de saber bien por qué no se tratan, que tienen informes y que el directorio estaría en perfectas condiciones de tratarlos. No digo ahora, que somos dos en el directorio, pero cuando estábamos todos llamaba la atención ese retraso. Los criterios de selección de las denuncias uno no termina de entenderlos. Como no tengo certezas, prefiero no manejar hipótesis, que las tengo, pero esa es la realidad.
—¿Son más rápidos para tramitar denuncias donde los acusados son integrantes de la oposición?
—No te sé decir. Los expedientes de la intendenta de Montevideo salieron rápidamente, que son los más notorios. Otros, no tanto. Pero por dos casos no puedo hacer esa afirmación.
—¿El de Óscar Andrade salió rápidamente?
—Cuando llegué a la Jutep, en la primera sesión, estaba la denuncia de algunos legisladores del Partido Colorado porque omitió incluir algunos datos en su declaración jurada. Recuerdo que cuando llego y me encuentro con eso, digo que no puedo y que lo que correspondía era que me abstuviera porque yo trabajaba en el Parlamento y colaboré en la confección de la declaración jurada complementaria que presentó después de que saltara el tema. Yo me abstuve. Lo convocaron, supe que lo convocaron, él se presentó cuando ya había entregado toda la información, lo hicieron ir a la Jutep y el vicepresidente no quiso recibirlo porque la presidenta había renunciado y no quería recibirlo solo. Me abstuve de intervenir en el caso, pero lo que sí podría hacer es controlar. Y controlar no puedo, porque no tengo acceso al expediente, es uno de los tantos expedientes a los cuales no se me permite el acceso, lo cual también es grave, claramente también es una irregularidad.
—Dice que hay expedientes que no se han tratado, pero que tienen informe y el directorio podría haber fallado. ¿El oficialismo está cuidando a sus correligionarios?
—(Piensa varios segundos) ¡Qué pregunta! No puedo atribuir intenciones, pero llama la atención la demora en el tratamiento y, en algún caso, la resolución. Ejemplos hay varios. La situación de Carolina Ache, quien presentó dos declaraciones juradas sin incluir la parte que corresponde a la información relativa a su cónyuge. Ella condiciona la presentación de esa información a que la información luego no se publique. A mi entender, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, porque uno no puede poner condiciones para cumplir con la norma. No ha habido ningún tipo de abordaje por parte de la Jutep de este problema desde que apareció en 2020. Ahora tiene que presentar la declaración jurada de cierre, tras su renuncia, pero como no hay información de las anteriores, la evolución de ese patrimonio no va a poder ser comparado.
—El Frente Amplio hizo que su representante anterior en la Jutep, Jorge Castro, renunciara al cargo por votar a favor de un informe crítico con los gastos en el Antel Arena. ¿No se puede acusar al Frente Amplio de proteger a los suyos con esa decisión?
—Más que un acto de protección de un frenteamplista que le tocó estar en esa responsabilidad, lo que hubo fue discrepancia con su proceder. En este caso se discrepó con esa resolución.
—La legislación establece que la Jutep es el máximo órgano de combate a la corrupción. Todo lo que usted denuncia que está sucediendo, ¿cuánto habla de la mirada de Uruguay sobre el combate a la corrupción?
—A mí me da la sensación de que es un organismo que, por lo pronto, ha perdido credibilidad y eso es lo peor que le puede pasar a un organismo que tiene un rol tan significativo en el combate a la corrupción. Entiendo que está totalmente debilitada su imagen, lo cual es grave, porque cuando se empieza a perder credibilidad en este tipo de instituciones, el sistema se debilita. Si bien el país tiene estándares a nivel internacional altos en materia de combate a la corrupción y de baja percepción de corrupción, eso es como una plantita que hay que regarla todos los días y cuidarla. Por lo menos, a nivel interno tengo una sensación —y lo digo con tristeza— de que el organismo ha perdido credibilidad. Y eso básicamente tiene que ver con las resoluciones que se han adoptado, con las situaciones que se han dado. Está totalmente devaluado por todo esto que estamos viviendo. Eso hace un daño importante, compromete las acciones que el país pudiera adoptar en esta materia.
Hasta el día de hoy, además, no encuentro cuál es la agenda de combate a la corrupción. Entré en febrero de este año y hasta el día de hoy no conozco cuál es la estrategia, la hoja de ruta del país en el combate a la corrupción. ¿Cuáles son las acciones? Si hay, a mí nadie me las transmitió. ¡Y mirá que hay cosas para hacer! Hay que pensar con cabeza de políticas de Estado, levantar la mirada, pero la verdad es que no lo veo a eso. Por eso digo que este es un organismo que se debilita y no hay estrategia, ni siquiera en circunstancias tan complicadas como las actuales, cuando sobrevuela el narcotráfico. Todos sabemos cómo penetra el narco en instituciones, en la sociedad. En la Jutep no hemos discutido nunca qué podemos hacer, qué puede plantear el organismo. Todo eso la va debilitando y contribuye a la pérdida de credibilidad.
—Uno de los temas que ha estado en los medios es la presunta omisión de Juan Sartori de brindar información sobre su cónyuge y sobre sus empresas. El senador presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la “ley cristal” que exige entregar información patrimonial sobre su cónyuge. ¿La Jutep está peleando para defender la constitucionalidad de ese artículo?
—Hagamos un racconto. La situación del senador Sartori empieza en 2020, en su primera declaración jurada, donde omite una serie de datos: no solo la parte de la declaración jurada que corresponde al patrimonio de su cónyuge, omite hasta sus ingresos como legislador. Pasaron tres declaraciones juradas. Incorporó parte de los ingresos como legislador, pero sigue omitiendo información sobre su cónyuge —hecho público y notorio—, pero además omite información sobre su propio patrimonio. Él declara que es titular o tiene parte del paquete accionario de sociedades comerciales, pero no declara renta. Y entonces presenta la declaración de inconstitucionalidad por el tema de la cónyuge; ahí defendimos la ley, porque es lo que corresponde. Se contestó la demanda, ahora estamos a la espera de lo que diga la Corte. Es importante el pronunciamiento de la Corte porque acá lo que está en juego es, ni más ni menos, la vigencia de todo el régimen de declaraciones juradas, que es parte de una ley que fue votada por unanimidad por el Parlamento. La “ley cristal”, pasando por su modificación en 2019, fue una verdadera política de Estado, que se mantuvo en el tiempo, que cambiaron gobiernos, pero sobre esa política se fue tratando de ir mejorando. Sartori está en todo su derecho de presentar el recurso, pero con eso se puso en tensión todo el sistema de transparencia.
—El tema Sartori se arrastra desde el 2020…
—Es un proceso demasiado lento para mi gusto. Del cúmulo de omisiones de sus declaraciones, por algún motivo el foco estuvo puesto en la parte que involucra a la cónyuge. A mí me preocupan todas las omisiones, porque tiene que presentar la declaración jurada completa, pero sobre todo me preocupa la información que oculta respecto a su propio patrimonio. Búsqueda sabe bien de esto porque ha investigado también. Hay dos o tres empresas —esto es información pública de organismos oficiales en el exterior— que dan cuenta del rol que él juega como director o accionista. Son informaciones que hasta el día de hoy no hemos podido lograr obtener por parte de él, porque todas las veces que la Jutep lo citó, encontró una razón para no comparecer. Estamos a la espera, pero, insisto, el accionar ha sido por lo menos lento.
—Ahora que sabe cómo funciona, ¿le parece bien que el Directorio de la Jutep sea integrado con criterios político-partidarios?
—Que los representantes en los directorios de los organismos públicos sean propuestos por partidos políticos, primero no es una novedad y, segundo, a priori, no lo considero como algo negativo. Me parece que la independencia de criterio y de actuar con autonomía no pasa porque a uno lo haya propuesto una fuerza política. Este es un organismo fundamentalmente técnico, acá hay que ponderar la formación, la experiencia, si el perfil se adecua para la actividad; después, la independencia mayor o menor, depende de cómo uno se maneje y de cómo se maneje la fuerza política que lo promueve. Yo puedo hablar por mí, lo he dicho siempre: me he manejado con total autonomía. A mí nunca, pero nunca, el presidente del Frente Amplio me llamó para decirme: “Mirá que en tal asunto a nosotros nos interesa que resuelvas de tal o cual manera”. Nunca. Ni él ni ningún otro dirigente frenteamplista. De hecho, en el caso de Andrade yo me excusé, a pesar de ser un compañero de mi partido, alguien con quien trabajé a nivel parlamentario.
—Pero a su antecesor Jorge Castro no le fue muy bien. El Frente Amplio, partido que lo propuso para el cargo, no estuvo de acuerdo con algo que votó y perdió el cargo.
—El pronunciamiento sobre el Antel Arena creo que está viciado de irregularidades importantes, que tienen que ver con el abordaje de una denuncia de acuerdo a las reglas del procedimiento administrativo. Cuando tú tenés una denuncia o tenés un asunto cualquiera, una consulta, donde te piden que dictamines, que analices, y te aportan toda una serie de elementos, si tú analizás y resolvés sobre la base de lo que te envían, y hay alguien que está denunciado, necesariamente tenés que darle vista y tenés que darle la oportunidad de ser escuchado, que produzca prueba, que dé información. Violar eso le quita legitimidad a un fallo de ese tipo y yo entiendo que eso es complicado. Después, si se le remueve o no por eso, es un tipo de cuestión en la que preferiría no entrar porque son consideraciones más políticas. Pero ni en el fallo del Antel Arena ni en el de Gas Sayago se dio la oportunidad de que se presenten pruebas, de que se aporte información, y eso hay que hacerlo durante la investigación, no después. Uno tiene que nutrirse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles para tomar la mejor decisión.
—Si la situación es tan complicada en la Jutep, ¿por qué no renuncia?
—No. Yo tengo un papel para jugar.
—Si tuviera capacidad de incidir más en las decisiones, ¿qué haría?
—Con todo lo que está pasando, hay tres o cuatro temas fundamentales sobre los que la Jutep podría colaborar. ¿Qué podemos hacer para que en este país se avance sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Eso es un tema que Uruguay es el único país del continente que no lo tiene establecido. El enriquecimiento ilícito: hay varios proyectos, pero ninguno se aprobó. Se ha trabajado últimamente, me parece muy importante seguir profundizando en esa línea. Tercero, el tema del lobbysmo. Con esta situación que se ha planteado en relación con el “caso Astesiano” y a que no había control de quién entraba o salía de la Torre Ejecutiva, eso tiene que ver con una actividad que, en principio, puede ser lícita. El cabildeo es legal, el problema es que cuando la actividad que se esconde detrás del lobbysmo es el tráfico de influencias... Hay que poner sobre la mesa la necesidad de empezar a pensar en la regulación de esas temáticas.
- Recuadros de la entrevista
La Jutep debe tratar el caso Astesiano después de que resuelva la Fiscalía
Cristina Fernández es víctima de persecución y “lawfare”
Información Nacional
2022-12-29T00:07:00
2022-12-29T00:07:00
