Algunos ajustes tarifarios y decisiones impositivas del Poder Ejecutivo instalaron, en este comienzo de año, debates en torno a cuestiones tributarias, con el trasfondo de la realidad fiscal.
El criterio del Poder Ejecutivo de adecuar el valor de la BPC según la evolución de la inflación es “un nuevo ajuste tributario para recaudar más”, señalan desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, sumándose a cuestionamientos desde la oposición política
Algunos ajustes tarifarios y decisiones impositivas del Poder Ejecutivo instalaron, en este comienzo de año, debates en torno a cuestiones tributarias, con el trasfondo de la realidad fiscal.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáYa en diciembre se habían suscitado cuestionamientos al gobierno por las modificaciones en los topes de devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en el Costo Promedio Equivalente, con la acusación desde la oposición de ser un “zarpazo fiscal”.
Los ajustes de algunas tarifas públicas —en particular la de OSE, por encima de las del resto— y, esta semana, la decisión de retomar el criterio de actualizar en 2026 el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice de Precios al Consumo —más un 20% de su variación anual, facultado por la ley— produjeron nuevos cruces políticos.
El Ministerio de Economía alegó que el ajuste de la BPC siguiendo la evolución de la inflación “permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones” asociadas a esa unidad de cuenta, a la vez que “mantiene el valor de mínimos y franjas del IRPF e IASS alineados con la evolución del costo de vida”.
Sin embargo, algunos políticos del Partido Nacional y economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) le atribuyeron a esa decisión la intención de pretender mejorar las cuentas públicas por la vía impositiva. “Un nuevo ajuste tributario para recaudar más. (...) Todo indica que la situación fiscal es compleja”, escribió en la red social X Ramiro Correa, economista jefe de ese think tank, antes asesor de la ministra de Economía Azucena Arbeleche en el gobierno de la coalición republicana.
Ante cálculos del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) según los cuales los consumidores entre marzo y diciembre del año pasado pagaron US$ 88 millones de “sobreprecios” por la nafta y el gasoil, tomando como unidad de medida el Precio de Paridad de Importación, el Poder Ejecutivo hizo sus descargos.
En un comunicado conjunto difundido ayer, miércoles 21, los ministerios de Industria y de Economía defendieron las “mejoras en la fijación de precios de los combustibles” resueltas el año pasado y objetaron esa estimación del CEPP por “incurrir en un error de sobreestimación”. La declaración de las carteras agregó que “la metodología no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”.
Sumando temas a esta nutrida discusión impositiva, en los últimos días Cabildo Abierto insistió en su propuesta de gravar con IVA la venta de cannabis legal y la gremial de estacioneros reclamó quitar beneficios fiscales a la comercialización de vehículos eléctricos, al tiempo que el senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó los valores de la patente de rodados que cobra el Sucive y, ante la exigencia de pagar conjuntamente las multas atrasadas, convocó a una “rebelión del contribuyente”.