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El gobierno prepara la rescisión del contrato con el Astillero Cardama, después de notificarlo sobre lo que entiende son diversos incumplimientos del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). Salvo que haya un cambio de último momento, la decisión será activada por el presidente Yamandú Orsi, una vez que regrese de su misión oficial a China, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
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El Ministerio de Defensa dio vista a Cardama la semana pasada de la auditoría que solicitó a Bureau Veritas, una empresa certificadora, cuyas conclusiones cuestionan aspectos del proceso de construcción de las patrullas. Apuntan, entre otras cosas, a retrasos en la construcción e incumplimiento de procedimientos que debía desarrollar en Uruguay.
En el gobierno entienden que esos problemas, más los identificados en las garantías que presentó Mario Cardama para lograr la puesta en marcha del acuerdo, por un total de 82 millones de euros, le dan al Estado las herramientas suficientes para gatillar la rescisión del contrato, según los informantes. A Cardama todavía le quedan unos días de plazo para responder a la notificación, pero en el Poder Ejecutivo consideran difícil que pueda levantar las observaciones, cosa que no intentó en otras instancias del diferendo.
El correo del Cardama recibió malas noticias desde Uruguay en los últimos días. El Ministerio de Defensa le comunicó al titular del astillero dos cosas: el resultado del trabajo de Bureau Veritas y problemas detectados con la documentación que presentó de la garantía de reembolso, por el 10% del contrato, emitida por Redbridge Insurance Company.
El informe de Bureau Veritas advierte que el astillero no cumplió todavía con el proceso de obtención de los certificados de bandera uruguaya, algo previsto en el contrato firmado el 15 de diciembre de 2023, según fuentes del Poder Ejecutivo.
Esa crítica es consistente con un informe de Defensa, al que accedió Búsqueda y cuyo contenido también fue notificado a Cardama. De acuerdo con un documento de la Armada elevado a la ministra Sandra Lazo, como las OPV no son “buques militares”, entran dentro de la normativa de la Armada que establece que una comisión técnica debe examinar “las solicitudes de construcción y armado de embarcaciones” destinadas a tener la bandera uruguaya.
La auditoria de Bureau Veritas contratada por el gobierno también marca retrasos en la construcción y la incertidumbre sobre los cumplimientos a futuro, según los informantes. Entre otras cosas, recordó una de las fuentes, el proveedor de los motores para las patrullas canceló el contrato y el astillero no tiene un reemplazo.
El informe sostiene que Cardama no cumplió con la instalación de la quilla de la segunda OPV, un hito que el astillero consideraba cumplido y motivo suficiente para que Uruguay le pagara una cuota del contrato. Búsqueda no pudo confirmar si el informe incluye otras críticas a la construcción de las patrullas.
Notificación previa
Además de la auditoría de Bureau Veritas, Cardama recibió la notificación por supuestos incumplimientos en la entrega de la garantía de reembolso, que debía presentar para que el contrato quedara efectivo, informó Búsqueda la semana pasada.
Si bien tenía 45 días, el titular del astillero demoró 11 meses en conseguir que las autoridades de turno aceptaran las dos garantías que establecía el acuerdo: una de “fiel cumplimiento”, por 4.113.500 euros, y otra de “reembolso”, por 8.224.000 euros. Ambas son cuestionadas por el actual gobierno.
En octubre del año pasado, el presidente Yamandú Orsi anunció que preparaban una denuncia por presunto fraude al Estado tras constatar que ese aval podía ser falso. Los datos recabados por el gobierno y otros divulgados por Búsquedasugieren que la compañía, domiciliada en Londres, es una empresa “de papel”. EuroCommerce fue dada de baja del registro comercial británico en noviembre por diversos incumplimientos.
Un informe elevado a la ministra a fines de diciembre, también notificado a Cardama, sostiene que “al día de la fecha el Estado uruguayo no cuenta con una garantía válida vigente, que pueda ejecutar en caso de incumplimiento de la empresa y ello constituye un incumplimiento grave al contrato”.
Defensa notificó a la empresa la semana pasada sobre un “grave incumplimiento adicional” de sus “obligaciones esenciales” establecidas en el contrato. Esta falla y las anteriores agravan “de manera significativa” la posición del astillero. Los representantes legales de Redbridge confirmaron a las actuales autoridades, según el escrito del ministerio, que el documento que entregó Cardama y está en poder del gobierno “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”.
En su notificación, Defensa recordó que no se trata de un “hecho aislado”, sino que se suma a un “incumplimiento repetido y sistemático” por parte del astillero. Sostuvo, además, que la decisión de remitir un documento que no muestra los términos de la garantía que dijo haber obtenido es una “grave negligencia” y, quizás, “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad”.
